Condenan a un cubano de 24 años en Miami por tráfico de migrantes y otros cargos graves: Estos son los detalles del caso

Juicio (Imagen de referencia) © Pixabay
Juicio (Imagen de referencia) Foto © Pixabay

Un cubano de 24 años e identificado como Erik Ventura-Castro fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión federal por integrar una red criminal que introdujo ilegalmente a miles de cubanos en EE.UU. mediante documentos falsos, fraude de asilo y lavado de dinero, según anunció el Departamento de Justicia.

Ventura-Castro, residente en Hialeah, se convierte en el primer sentenciado de un grupo de 12 acusados que integraban una organización criminal activa entre enero de 2021 y junio de 2025.

El pasado 7 de mayo el joven cubano se había declarado culpable de conspiración para traficar extranjeros con fines de lucro y conspiración para lavar instrumentos monetarios.

El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tysen Duva, describió el alcance del esquema:

«Ventura-Castro formó parte de una conspiración compleja responsable de introducir extranjeros en Estados Unidos a una escala masiva. El acusado y otros reclutaron migrantes mediante redes sociales, cobraron miles de dólares para traerlos ilegalmente al país y los ayudaron a obtener beneficios migratorios a los que no tenían derecho».

¿Cómo operaba la red?

La organización funcionaba bajo la fachada de Asesoría y Servicios Migratorios LLC, una empresa con sede en Tampa que se presentaba como un servicio legítimo de asesoría migratoria.

Captaba clientes a través de redes sociales y de un grupo de WhatsApp denominado «TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A USA PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES», donde ofrecían sus servicios fraudulentos.

El esquema consistía en fabricar documentos que acreditaban falsas ciudadanías europeas -principalmente española- para que los cubanos pudieran solicitar autorizaciones de viaje electrónicas (ESTA) de manera fraudulenta, alegando además que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011.

El agente especial en funciones de la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa, Nicholas Ingegno, calificó la conducta como un crimen grave.

«Orquestaron deliberadamente un sofisticado plan para reclutar y traficar a miles de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, obteniendo ilegalmente beneficios migratorios mediante solicitudes fraudulentas, declaraciones falsas y transacciones financieras ilícitas», aseveró Ingegno.

Las cifras del fraude

Los servicios de contrabando se cobraban entre $1,500 y $40,000 por persona, y en algunos casos la organización llegó a fletar aviones privados para trasladar grupos enteros de migrantes.

Ventura-Castro realizó personalmente más de 40 pagos electrónicos a USCIS para tramitar solicitudes ESTA fraudulentas, y transfirió más de $97,000 desde Estados Unidos hacia las Islas Caimán, Colombia y México para financiar vuelos de migrantes.

En total, la red generó más de 18 millones de dólares en ingresos, canalizó más de siete millones a través de aplicaciones de pago como Zelle, y destinó más de 2.5 millones al pago de vuelos.

El director de USCIS, Joseph Edlow, fue contundente:

«La condena de hoy es evidencia de nuestra guerra total contra el fraude migratorio. Esta organización criminal generó miles de solicitudes de asilo falsas e inundó el país con extranjeros ilegales».

El estado del caso y los próximos juicios

Este caso, que involucra a 12 acusados vinculados a una red de tráfico de migrantes cubanos desmantelada en septiembre de 2025, fue procesado bajo el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), la iniciativa del Departamento de Justicia para combatir el tráfico humano perpetrado por cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

Cinco de los 12 acusados -Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez y Walbis Pozo-Dutel- ya se declararon culpables y aguardan sentencia.

Tres acusados más -Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, Luis Emmanuel Escalona-Marrero y Gisleivy Peralta Consuegra- tienen juicio programado para el 21 de septiembre de 2026, fecha que marcará el siguiente capítulo judicial de una causa que expuso el funcionamiento de una de las redes de fraude migratorio más sofisticadas documentadas en el sur de Florida en los últimos años.

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