El régimen castrocomunista ha comenzado a poner en práctica una parte de las 176 medidas económicas y sociales anunciadas recientemente. Estas decisiones no significan una verdadera apertura democrática ni renuncia al modelo impuesto durante 67 años. Son, ante todo, medidas de supervivencia. Frente a una economía destruida, un Estado sin recursos, servicios públicos colapsados y una población cada vez más dispuesta a protestar, la dictadura se ve obligada a autorizar actividades propias de una economía de mercado que durante décadas persiguió y calificó como enemigas del pueblo.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que una parte importante de esas medidas comenzaría a aplicarse de inmediato o durante los meses siguientes. Sin embargo, se apresuró a asegurar que estas reformas no significaban el abandono del socialismo. Según Marrero, el régimen continúa defendiendo su modelo. Esa afirmación revela el verdadero objetivo de las medidas: no buscan garantizar libertad económica y política a los cubanos, sino obtener recursos, mejorar la producción y prolongar la permanencia en el poder del Partido Comunista.
Las nuevas disposiciones amplían los espacios permitidos a las Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Se eliminan o flexibilizan numerosas prohibiciones y se abren actividades hasta ahora reservadas casi completamente al Estado. Entre ellas aparecen la pequeña minería, la generación de electricidad mediante fuentes renovables, determinados servicios farmacéuticos y ópticos, la fabricación o ensamblaje de vehículos, el cuidado de niños y ancianos, y la administración de gimnasios, piscinas e instalaciones recreativas.
También se anuncian nuevas modalidades privadas en el turismo, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. Algunas actividades vinculadas con gasolineras, infraestructuras, terminales y otros servicios podrán ser administradas mediante concesiones, asociaciones o autorizaciones estatales.
El régimen reconoce así, aunque no lo admita expresamente, que la iniciativa privada puede producir, importar, administrar e invertir con mayor eficiencia que el enorme aparato burocrático creado por el socialismo. Después de décadas culpando a la propiedad privada de todos los males, necesita ahora recurrir precisamente a ella para intentar salvar una economía destruida por la planificación centralizada.
Pero la apertura termina donde comienzan los derechos políticos. Mientras permite determinados negocios privados, el régimen mantiene prohibidas la prensa independiente, las emisoras de radio y televisión libres, los partidos políticos, los sindicatos autónomos y las organizaciones cívicas no subordinadas al PCC. Un ciudadano podrá administrar una farmacia o participar en la gestión de un hotel, pero no podrá fundar un periódico, crear una universidad independiente o competir libremente por el gobierno.
Se trata, por tanto, de permitir cierto capitalismo económico mientras se conserva intacta la dictadura política. El llamado socialismo cubano ha tenido tantas caras como urgencias ha enfrentado el régimen. En los primeros años de la revolución, el castrismo confiscó propiedades de cubanos y extranjeros, eliminó prácticamente la empresa privada, colectivizó la agricultura y estableció una economía centralizada de tipo soviético. Miles de negocios, comercios, fábricas y propiedades fueron arrebatados a sus dueños bajo la promesa de construir una sociedad más justa.
El resultado fue escasez, improductividad, dependencia exterior y pobreza. Cuando desaparecieron los subsidios soviéticos, el régimen permitió el trabajo por cuenta propia, los restaurantes familiares y la inversión extranjera. Cuando obtuvo nuevos recursos, esta vez de Venezuela, volvió a limitar muchas de esas actividades. Después de 2010 amplió nuevamente el sector privado y en 2021 autorizó las pequeñas y medianas empresas. Ahora abre sectores que hasta hace poco consideraba estratégicos e intocables.
El mecanismo recuerda a los cerdos de "Rebelión en la granja", de George Orwell. Las reglas cambian según las necesidades de quienes gobiernan. Lo que ayer era contrarrevolucionario hoy se vuelve indispensable. Lo que fue condenado como explotación capitalista aparece mañana presentado como una herramienta para fortalecer el socialismo.
Estas medidas se anuncian en medio de una crisis extrema. Cuba sufre apagones prolongados, falta de agua, escasez de alimentos y medicamentos, transporte paralizado, inflación y salarios sin poder adquisitivo. El turismo se encuentra profundamente deprimido y varias cadenas hoteleras, aerolíneas y empresas extranjeras reducen o abandonan sus operaciones para proteger sus intereses.
Al mismo tiempo, aumenta la presión popular. En diferentes puntos de La Habana, y otras ciudades del país grupos de mujeres y vecinos han cerrado calles para protestar contra los apagones, la falta de agua, el hambre y la miseria generalizada. Las demandas por servicios básicos se mezclan cada vez más con reclamos de libertad y condenas abiertas contra la dictadura.
La presión de Estados Unidos, la pérdida de socios económicos y la distancia adoptada por antiguos aliados ideológicos agravan todavía más la situación. Rusia, China y otros gobiernos pueden ofrecer respaldo político o ayuda puntual, pero no están dispuestos a financiar indefinidamente una economía insolvente y sin capacidad de cumplir sus compromisos.
Las 176 medidas podrían tener algunos efectos positivos si fueran aplicadas dentro de un verdadero Estado de Derecho. Pero una economía de mercado necesita propiedad segura, tribunales independientes, información libre, competencia, transparencia y estabilidad jurídica. El régimen quiere empresarios sin independencia, inversión sin garantías, mercados sin democracia y productividad sin libertad.
Estas concesiones llegan demasiado tarde. Podrán conceder algún oxígeno temporal a la dictadura, pero no resolverán la contradicción fundamental entre un pueblo que desea vivir, producir y decidir libremente y una élite empeñada en conservar el poder.
Las reformas no demuestran la fortaleza del socialismo cubano, son la confesión de su fracaso. El régimen puede cambiar decretos, modificar consignas y llamar “socialista” a cualquier medida capitalista que necesite adoptar. Lo que no puede cambiar es el resultado de 67 años de opresión, ruina e ineficiencia. La presión popular y exterior continuará creciendo, y la dictadura castrocomunista está condenada a colapsar y desaparecer muy pronto.
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