La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. dictaminó este jueves que la administración Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos en el interior del país la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza, en un fallo que representa un nuevo revés judicial para la política migratoria del gobierno.
Según informó Associated Press, la decisión fue adoptada por dos votos a favor y uno en contra por el tribunal, con sede en San Francisco.
El fallo profundiza la creciente división entre los circuitos federales de apelaciones sobre la legalidad de la detención obligatoria sin revisión judicial.
El fallo y sus argumentos
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Daniel Bress, designado por el propio presidente Donald Trump; y respaldada por la jueza M. Margaret McKeown, nombrada por el presidente Bill Clinton.
Bress reconoció en su texto que las disposiciones legales en disputa son complejas, pero concluyó que la práctica histórica debe prevalecer:
«Aunque ninguna interpretación de las complejas e interrelacionadas disposiciones textuales en cuestión está exenta de ciertos defectos, la interpretación histórica del estatuto es la más acertada».
El tribunal determinó que los migrantes arrestados en el interior del país están amparados por la sección del código que permite audiencias de fianza, y no por la disposición de detención obligatoria que el gobierno ha invocado históricamente para quienes intentan cruzar la frontera.
El juez Carlos Bea, nombrado por George W. Bush, emitió un voto disidente al considerar que una enmienda aprobada por el Congreso en 1996 sí respalda la interpretación de la administración Trump.
La política cuestionada y su origen
La medida impugnada tiene su origen en un memorando firmado en julio de 2025 por Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ordenó tratar a todos los migrantes que ingresaron sin autorización como sujetos a detención obligatoria, independientemente del tiempo que llevaran viviendo en el país.
Esta directiva revirtió décadas de práctica migratoria en las que la detención obligatoria se reservaba para quienes acababan de cruzar la frontera o tenían antecedentes penales graves.
La medida generó una avalancha de litigios: aproximadamente 30,000 peticiones de habeas corpus fueron presentadas por migrantes que buscaban su liberación, y más del 90% de los jueces federales que las consideraron rechazaron la posición del gobierno.
El DHS rechaza el fallo y anuncia apelación
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió con dureza al fallo de este jueves, y anunció que continuará defendiendo su postura ante instancias superiores.
En un comunicado enviado a Associated Press, la agencia afirmó que «discrepa firmemente del panel del Noveno Circuito y confía en su postura legal respecto a la detención obligatoria».
«El presidente Donald Trump y el secretario Mullin están aplicando la ley tal como fue redactada originalmente para mantener a Estados Unidos seguro», señaló el comunicado del DHS.
El gobierno sostiene que el Congreso modificó la ley de inmigración en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, y que las administraciones anteriores simplemente no aplicaron esa disposición.
División entre circuitos y camino a la Corte Suprema
El fallo del Noveno Circuito amplía la brecha entre los tribunales federales: el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y el Octavo Circuito, en San Luis, han respaldado la política de detención obligatoria de Trump; mientras que el Segundo, el Noveno y el Onceno Circuito la han rechazado.
Esta división hace casi inevitable la intervención del máximo tribunal.
El gobierno ya solicitó a la Corte Suprema que examinara la cuestión, y en junio pasado el alto tribunal aceptó revisar un caso relacionado sobre si el gobierno puede mantener a migrantes en detención prolongada sin audiencia de fianza.
El impacto de estas políticas ha sido especialmente severo para la comunidad cubana: las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% desde octubre de 2024; con 1,152 cubanos arrestados hasta enero de 2026, muchos de ellos portadores del formulario I-220A y detenidos sin posibilidad de solicitar fianza.
A mediados de 2026, más de 65,000 personas permanecían bajo custodia de ICE, cifra que representa un 9% más que en abril de este mismo año, según datos del dossier de seguimiento migratorio.
Preguntas frecuentes sobre el fallo judicial que afecta la política migratoria de Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Qué determinó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sobre las audiencias de fianza para inmigrantes?
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que la administración Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos en el interior del país la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza. Este fallo representa un revés judicial para la política migratoria del gobierno federal y amplía la división entre los circuitos federales sobre la legalidad de la detención obligatoria sin revisión judicial.
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¿Cómo afecta este fallo judicial a la comunidad cubana en Estados Unidos?
El impacto de estas políticas ha sido especialmente severo para la comunidad cubana. Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% desde octubre de 2024, con 1,152 cubanos arrestados hasta enero de 2026. Muchos de ellos fueron detenidos sin la posibilidad de solicitar fianza, lo que subraya la importancia de este fallo para garantizar sus derechos.
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¿Qué pasos puede dar la administración Trump tras este fallo judicial?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado que continuará defendiendo su postura ante instancias superiores. La administración Trump podría apelar el fallo, y dado que existe una división entre los circuitos federales, es probable que el caso llegue a la Corte Suprema para una resolución final sobre la constitucionalidad de la detención obligatoria sin fianza.
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¿Qué derechos otorga el fallo a los inmigrantes detenidos por ICE?
El fallo refrenda el derecho de los inmigrantes detenidos a comparecer ante un juez de inmigración para solicitar fianza. Esto no significa libertad automática, ni detiene los procesos de deportación, pero garantiza que los detenidos puedan solicitar su liberación mientras continúa su proceso legal, siempre y cuando demuestren que no representan un peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga.
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¿Por qué es relevante la intervención de la Corte Suprema en este asunto?
La intervención de la Corte Suprema es relevante debido a la división entre los circuitos federales sobre la política de detención obligatoria sin fianza. Esta división crea incertidumbre y afecta a miles de inmigrantes que podrían ser detenidos indefinidamente sin audiencia de fianza. Una decisión de la Corte Suprema proporcionaría una resolución definitiva y uniforme a nivel nacional sobre esta política.
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