Rubio defiende el acuerdo petrolero con Venezuela y aclara que fue firmado con una empresa privada, no con el gobierno interino

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó este martes los detalles del polémico acuerdo petrolero entre Washington y Venezuela, y aclaró que el pacto no fue suscrito con el gobierno interino, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada en la que el Departamento de Guerra estadounidense posee una participación del 35%.

El acuerdo, anunciado por el presidente Donald Trump a finales de agosto y descrito por la Casa Blanca como «el mayor acuerdo petrolero de la historia», otorga a NABEP concesiones sobre 17 campos petroleros venezolanos con reservas estimadas en más de 65,000 millones de barriles.

«Este realmente no es un acuerdo con el gobierno interino, es un acuerdo con una compañía privada con la cual está participando junto a Estados Unidos, obviamente a través del sistema que existe en este momento», precisó Rubio durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli.

Según el secretario de Estado, la mayoría de esos 17 campos estaban previamente en manos de intereses chinos y rusos, muchos sin producción activa. Rubio fue directo al describir lo que ocurrió durante el chavismo. 

«A Cuba se le regalaba miles de millones de dólares en valor de barriles de petróleo. China estaba pagando muy poco por el petróleo, lo estaban recibiendo en un descuento. En el caso de Rusia estaban simplemente tomando el petróleo a cambio de pago sobre deuda», comentó.

NABEP se comprometió a invertir hasta 100,000 millones de dólares en infraestructura y a pagar unos 200,000 millones en regalías e impuestos durante la vigencia del acuerdo.

EE.UU. tendrá derecho a comprar el 20% de la producción al costo de extracción para sus reservas estratégicas.

Existe, no obstante, una discrepancia entre fuentes: el gobierno venezolano habla de una duración de 25 años, mientras que la Casa Blanca ha mencionado 100 años.

Rubio también respondió a las preguntas sobre Alejandro Betancourt, el empresario venezolano conocido como «bolichico» que controla NABEP y que enfrenta investigaciones por presunto blanqueo de capitales en España y Suiza, vinculadas a un esquema de corrupción en PDVSA por 4,850 millones de dólares.

«Nosotros investigamos bien cuáles son los que nosotros conocemos en nuestro sistema. Obviamente, si este individuo estuviera en una investigación norteamericana... no existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema en contra de él», afirmó el secretario, quien también señaló que Betancourt había apoyado a la oposición durante la época de Juan Guaidó en 2019, lo que le generó conflictos con el entonces gobierno de Maduro.

Para garantizar transparencia en el manejo de los fondos, Rubio indicó que KPMG realizará auditorías de todo el dinero generado a corto plazo, mientras que a largo plazo la rendición de cuentas recaerá en un gobierno democráticamente electo.

En materia política, el secretario de Estado reiteró que Venezuela deberá ser gobernada eventualmente por un gobierno elegido en comicios libres, aunque no fijó una fecha concreta.

«Para mí sería lo más pronto posible. Obviamente las condiciones tienen que existir y hay que crear esas condiciones», dijo, enumerando entre los requisitos un Consejo Nacional Electoral legítimo, maquinaria de votación confiable, prensa libre y supervisión internacional.

Sobre María Corina Machado, Rubio fue categórico: «María Corina Machado es una ciudadana venezolana que tiene todo el derecho a entrar a su país cuando ella quiere regresar», aunque expresó preocupación por su seguridad y subrayó que todos los líderes exiliados deben poder volver sin peligro.

Respecto a los migrantes venezolanos en EE.UU., Rubio descartó que las políticas de la administración Trump estén dirigidas específicamente contra esa comunidad y señaló que aplican a todos los migrantes.

Ante la posibilidad de aprobar un nuevo Diferimiento de Acción Forzada (DED), respondió que «todo es posible», pero aclaró que esa alternativa no está siendo discutida en este momento.

Rubio mencionó que en octubre de 2026 se reunirán líderes de la Asamblea Nacional de 2015 para avanzar en las negociaciones políticas, un paso que Washington considera clave para facilitar la transición hacia un gobierno legítimo en Venezuela.