Banco Central de Cuba establece nuevas reglas para depositar el capital inicial de mipymes y cooperativas

El Banco Central de Cuba (BCC) publicó este miércoles un nuevo procedimiento para el depósito del capital inicial necesario para constituir mipymes, empresas privadas con más de cien trabajadores y cooperativas no agropecuarias en la isla.

La medida quedó recogida en la Resolución 98/2026, incluida en la Gaceta Oficial núm 71 Ordinaria de 2026, y sustituye la Resolución 89/2024, vigente desde agosto de 2024.

La nueva disposición entrará en vigor siete días después de su publicación y establece los pasos que deberán seguir los futuros empresarios y cooperativistas para acreditar ante los bancos el capital social de sus negocios.

Según la norma, los aspirantes a socios deben realizar sus aportaciones dinerarias en bancos autorizados por el BCC. Una vez recibida la solicitud, la entidad bancaria tendrá hasta cinco días hábiles para abrir de oficio una cuenta de depósito a la vista destinada exclusivamente al capital inicial.

La Resolución 2/2026 del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, publicada en la misma Gaceta, precisa además que los aspirantes a socios dispondrán de hasta cinco días hábiles para realizar sus aportes al capital social una vez habilitada la cuenta.

Esa cuenta tendrá como única finalidad acreditar los fondos aportados y no podrá utilizarse para operaciones ordinarias del negocio. «No se pueden canalizar hacia o desde esa cuenta de depósito a la vista, flujos de dinero a partir de órdenes de sus titulares, ni utilizar instrumentos de pago o títulos de créditos», establece la resolución.

Los fondos tampoco generarán intereses y los bancos podrán cobrar comisiones fijas por los servicios prestados. Una vez completado el depósito, la entidad bancaria emitirá la certificación del capital social necesaria para continuar el proceso de constitución ante notario.

Si finalmente la empresa o cooperativa no llega a constituirse, el banco deberá devolver el dinero a quien corresponda mediante la misma vía utilizada para efectuar el depósito.

Una vez constituido el negocio e inscrito en el Registro Mercantil, comienza el proceso para abrir la cuenta corriente operativa en la misma sucursal donde se depositó el capital inicial. La inscripción también pasa por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que dispone de hasta diez días hábiles para registrar a la nueva entidad y enviar posteriormente la información al banco.

Tras recibir esa información, el banco comunica a los socios la fecha y hora en que deben acudir a la sucursal para firmar el contrato correspondiente. A partir de la firma, la entidad bancaria tiene hasta siete días hábiles para abrir la cuenta corriente.

Para formalizarla se exige, como mínimo, copia certificada de la escritura de constitución y los estatutos o reglamento, identificación de los representantes, certificación de inscripción en el Registro Mercantil, antecedentes penales del aportante, número de identificación tributaria y de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El banco podrá solicitar además otros documentos como parte de sus procedimientos de debida diligencia.

Una vez transferido el capital, la cuenta de depósito inicial será cerrada. Aunque cada entidad operará su cuenta corriente en un solo banco, la resolución permite disponer además de cuentas de gastos, depósitos a plazo fijo, cuentas de ingresos y cuentas asociadas a tarjetas magnéticas, así como otras vinculadas a determinados financiamientos.

El nuevo procedimiento se integra en un paquete normativo más amplio. El Decreto Ley 133/2026 del Consejo de Estado modifica los Decretos Leyes 88, 89 y 90 de 2024, relacionados con las empresas privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.

La Resolución 2/2026 establece, por su parte, que la creación de estas empresas se tramitará mediante la Plataforma de Actores Económicos y concede a la Dirección de Desarrollo Municipal hasta 20 días hábiles para aprobar o denegar una solicitud.

La norma contempla incluso una excepción ante la crisis energética y de conectividad que afecta a Cuba: cuando existan apagones prolongados o falta de conexión, las autoridades municipales podrán tramitar provisionalmente las solicitudes mediante un registro manual y actualizar posteriormente la plataforma cuando se restablezca el servicio.

Las disposiciones forman parte de las 176 medidas anunciadas por el gobierno cubano para el sector no estatal, entre ellas la eliminación del límite de cien trabajadores para las empresas privadas y la posibilidad de que una persona natural sea socia de más de una empresa.