«¿Dónde están los resultados?»: camagüeyanos reclaman ante las inspecciones por el aumento de precios

Equipos multidisciplinarios de inspectores recorren los mercados y negocios de Camagüey en un operativo de control de precios que se extenderá hasta el 15 de septiembre, según informó Radio Cadena Agramonte y reprodujo en Facebook Radio Camagüey. El objetivo declarado es frenar los precios abusivos de productos básicos como aceite, pollo y picadillo, aunque la ciudadanía recibe la medida con profundo escepticismo.

Cadena Agramonte precisó que «el objetivo no es cerrar negocios, sino regular precios y garantizar el pago electrónico obligatorio, aunque se han detectado violaciones en artículos de primera necesidad y resistencias como el cierre de puertas ante los inspectores». Esa resistencia es uno de los patrones más denunciados: negocios que bajan la persiana en cuanto aparecen los inspectores y retoman sus prácticas en cuanto estos se van.

Un cibernauta lo describió así: «En Palomino, aceite 3.600 [pesos] y más, por supuesto mientras esté la inspección no hay, y muchas MIPYME cerradas hasta que pase, siempre es igual y no pasa nada». Otro señaló que establecimientos en la calle Cuba no aceptan pago electrónico o lo hacen solo hasta 1.000 pesos: «esto no puede ser maratones, tiene que ser sistemático y diario».

El trasfondo tiene un antecedente normativo directo. La Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, firmada por el ministro Vladimir Regueiro Ale el 20 de junio, eliminó los topes de precios minoristas para el pollo troceado, los aceites comestibles, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas. Desde entonces, el precio del aceite escaló desde unos 1.500 pesos en abril hasta más de 4.000 pesos en agosto, con picos de hasta 7.000 pesos en algunas zonas.

Esa escalada golpea con especial dureza a los más vulnerables. Cadena Agramonte advirtió que «la población, especialmente los jubilados, enfrenta una realidad angustiante: un solo pomo de aceite puede costar más que el salario mínimo». Ese salario mínimo fue fijado en 3.210 pesos mensuales en junio pasado. Una ciudadana lo ilustró con una pregunta concreta: «Veremos si mañana el aceite que van a ofertar a jubilados en 2.150 pesos permiten pagarlo por transferencia».

Otros apuntan la inoperatividad de las sanciones, si no hay estrategias a largo plazo: «El problema no es meter multa, decomisar», escribió un internauta. Operativos similares en otras provincias arrojaron resultados igualmente cuestionados: en Guantánamo se impusieron 29 multas por 198.360 pesos y se cerraron cuatro negocios por reincidencia; en Las Tunas el operativo acumuló más de 4.000 inspecciones y 24 personas identificadas por precios abusivos.

Los propios inspectores camagüeyanos reconocen que «hace falta prevención y cultura económica» y prometen seguimiento periódico. La ciudadanía, sin embargo, no oculta su hartazgo: «¿Dónde están los resultados de las inspecciones, si los precios siguen aumentando?».

Y es que —como han apuntado especialistas— regular o topar precios, estrategia de larga data del régimen para «apagar fuegos» del descontento popular, ha demostrado ser una medida absolutamente ineficaz en tanto no resuelve el problema de base que implica elevar la producción y existencia de los productos que se necesiten.