Ejecutivos de la industria petrolera y especialistas en Venezuela consultados por Politico cuestionaron la viabilidad del plan de 100,000 millones de dólares anunciado por la administración Trump para reactivar la producción de crudo venezolano, advirtiendo que el acuerdo podría no generar petróleo significativo en el corto plazo —o nunca.
El pasado 28 de agosto, Donald Trump presentó el pacto como el mayor acuerdo petrolero de la historia: Estados Unidos obtendría una participación del 35% en la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), con sede en Barbados, para explotar 17 campos venezolanos con aproximadamente 65,000 millones de barriles de reservas.
A cambio, Washington tendría «acceso preferencial» al 20% del crudo producido a precio de costo, supuestamente destinado a la Reserva Estratégica de Petróleo.
Las críticas al acuerdo llegan desde múltiples frentes. Un ejecutivo petrolero que habló bajo anonimato resumió la reacción de parte de la industria con una pregunta retórica: «¿Qué es esto? Es demasiado grande para una empresa sin capacidades ni credibilidad».
Evanan Romero, ex ejecutivo de Petróleos de Venezuela y consultor en Houston, fue más preciso: señaló que la industria considera los campos del Cinturón del Orinoco —donde se ubica aproximadamente la mitad de los yacimientos cubiertos por el acuerdo— «no económicos hasta el siglo XXII». «No hay economía para desarrollar eso ahora mismo», afirmó.
Otro ejecutivo anónimo familiarizado con los campos estimó que conectar esas reservas al mercado requeriría «una década como mínimo y cientos de miles de millones de dólares», y calificó el plan de «aspiracional» en el mejor de los casos.
Las dudas sobre la rentabilidad se extienden también a la estructura financiera del acuerdo. Jim Reardon, del bufete Nelson Mullins, advirtió que la cláusula que reserva el 20% de la producción para la Reserva Estratégica equivale a una regalía bruta que ahuyentaría a cualquier inversor privado: «¿Va a quedar alguna ganancia al final del día? ¿Quién va a asumir el riesgo?».
Analistas añaden que el crudo venezolano extrapesado es técnicamente incompatible con el tipo de petróleo que la Reserva Estratégica está diseñada para almacenar, lo que convierte esa promesa en otro elemento cuestionable del plan.
La figura del CEO de NABEP, Alejandro Betancourt, suma otra capa de controversia. The Washington Post reportó que EE.UU. intervino ante una orden de arresto suiza para permitirle viajar a negociar el acuerdo, en medio de investigaciones por presunto lavado de dinero en varios países.
El profesor Orlando Pérez, de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, lo describe como un «bolichico» —término para los empresarios que se enriquecieron gracias a conexiones con el chavismo— y duda de que una futura administración demócrata lo siga protegiendo.
Un funcionario estadounidense anónimo defendió la elección de Betancourt argumentando que es «una persona que, en el pasado, ha sido útil al gobierno de EE.UU.» y que el acuerdo impide que los campos caigan en manos de empresas rusas y chinas.
La oposición venezolana también ha expresado reparos. Liliana Díaz, investigadora sénior del Atlantic Council Global Energy Center, resumió la paradoja política del acuerdo: «Las críticas llegan desde direcciones opuestas. Los duros objetan por la soberanía sobre el recurso. La oposición objeta por la legitimidad constitucional. Algo atacado desde ambos flancos a la vez tiende a no durar, independientemente de su economía».
A esa tensión se suma una contradicción no resuelta entre las partes: mientras la hoja de datos de la Casa Blanca habla de concesiones de 100 años, la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez afirmó que los contratos durarían 25 años, señal de que los detalles fundamentales del acuerdo siguen siendo fluidos.
María Corina Machado reaccionó al pacto con «tristeza y rabia», cuestionando la autoridad constitucional de Rodríguez para negociar los recursos del país y reclamando que «Venezuela vale mucho más que su petróleo».
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