El periódico oficial ¡Ahora!, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en Holguín, criticó este sábado que varias entidades estatales de la provincia incumplen de manera sistemática las obligaciones legales de responder a periodistas y ciudadanos.
La admisión resulta especialmente significativa porque procede del propio aparato mediático oficial, no de medios independientes ni de sectores opositores.
El artículo sostiene que "el problema no es la falta de normas, sino que las normas se incumplen sistemáticamente y nadie rinde cuentas por ello".
Entre las entidades señaladas como reincidentes ante la sección Aquí aparecen el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Acueducto y Alcantarillado, el sistema de Comercio, Tránsito, Vialidad y Comunales.
También acumulan solicitudes sin respuesta la Dirección del Trabajo y Seguridad Social, Ferrocarriles, el Complejo Cultural Plaza de la Marqueta, Finanzas y Precios, la Dirección de Salas de Video, los servicios de Salud de Gibara y Holguín, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu) y Vivienda.
El periódico expone casos concretos que ilustran el alcance de ese silencio institucional. Yuliana Rosabal Castillo, residente en el reparto Nuevo Llano de Holguín, denunció en 2025 el desborde de una fosa séptica hacia la vía pública, pagó 280 pesos por el servicio y nunca recibió solución ni respuesta.
Tampoco obtuvieron explicación durante meses vecinos que preguntaron por la interrupción de la luz intermitente ubicada en lo alto de la Loma de la Cruz.
El problema ocurre pese a que el propio ordenamiento jurídico cubano establece plazos y obligaciones específicas. La Ley 162/2023 de Comunicación Social dispone que los servidores públicos deben gestionar la comunicación "con inmediatez, oportunidad, transparencia y veracidad".
La Ley 168/2024 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde julio, establece un plazo de 15 días hábiles para atender solicitudes.
A ello se suma la Ley 167/2023 del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones, vigente desde marzo de 2025, que fija 30 días naturales para responder a las denuncias ciudadanas.
Es decir, el propio marco legal citado por ¡Ahora! deja poco espacio para justificar que una institución simplemente decida no contestar.
Sin embargo, el semanario describe precisamente esa práctica como una conducta extendida. Según el artículo, "las entidades, amparadas en la ausencia de mecanismos efectivos de control, han convertido el silencio en una herramienta de gestión".
Faustino Fonseca, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social en Holguín, reconoció que la legislación permite a los medios denunciar ante los tribunales a quienes obstaculicen el acceso a la información, aunque no anunció medidas concretas contra las entidades señaladas.
Por su parte, Germán Veloz Placencia, presidente de la Unión de Periodistas en la provincia, sostuvo que toda información que no esté clasificada como de seguridad nacional puede ser publicada legalmente.
La denuncia deja expuesta una contradicción difícil de ignorar dentro del propio discurso institucional. Cuba cuenta con leyes recientes que prometen transparencia, acceso a la información y atención a las quejas, mientras una publicación oficial reconoce que numerosas entidades incumplen esas mismas obligaciones de manera reiterada y sin consecuencias.
En relación con la profunda crisis de credibilidad de la prensa estatal cubana, el periodista oficialista Abdiel Bermúdez admitió en julio que esta tiene "una deuda enorme con la historia cotidiana" del país. Asimismo en marzo, el actor Luis Alberto García criticó el silencio de los medios ante las protestas sociales.
Ninguna de estas autocríticas, sin embargo, apunta a la raíz del problema, el control absoluto del Partido Comunista sobre qué se publica y qué se silencia, blindado además por el Decreto 160, que prohíbe el periodismo fuera del aparato estatal.
Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras 2026, el segundo peor de América.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de comunicación y servicios en Holguín, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las entidades estatales en Holguín no responden a las solicitudes de información?
Las entidades estatales en Holguín no responden a las solicitudes de información debido a una práctica extendida de incumplimiento de normas de comunicación. Según el periódico ¡Ahora!, este problema se debe a la falta de mecanismos de control efectivos que permitan que las instituciones mantengan el silencio como una herramienta de gestión, a pesar de que existen leyes que establecen plazos y obligaciones específicas para atender dichas solicitudes.
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¿Qué leyes regulan el acceso a la información pública en Cuba?
Cuba cuenta con varias leyes que regulan el acceso a la información pública. La Ley 168/2024 de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un plazo de 15 días hábiles para atender solicitudes de información. Además, la Ley 167/2023 del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones dispone que las denuncias ciudadanas deben ser respondidas en un plazo de 30 días naturales. Sin embargo, el incumplimiento de estas normativas es una práctica común.
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¿Cómo afecta la falta de respuesta de las entidades estatales a los ciudadanos de Holguín?
La falta de respuesta de las entidades estatales afecta gravemente a los ciudadanos de Holguín al perpetuar problemas sin solución. Casos como el desborde de una fosa séptica o la interrupción de servicios básicos como la electricidad y el agua son ejemplos de cómo el silencio institucional deja a la población sin alternativas ni soluciones efectivas, agravando la situación de precariedad en la provincia.
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¿Qué impacto tiene la falta de atención a las quejas ciudadanas en Holguín?
La falta de atención a las quejas ciudadanas en Holguín tiene un impacto profundo en la calidad de vida de sus habitantes. La inacción de las autoridades frente a problemas de infraestructura, apagones prolongados y escasez de agua agrava la desesperación y desconfianza de la población hacia el gobierno. Las denuncias ciudadanas reflejan una crisis estructural que afecta no solo a Holguín, sino a toda Cuba, evidenciando el fracaso del régimen en garantizar servicios básicos.
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