Nuevos cambios en el programa de Food Stamp a partir de octubre

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido también como Food Stamps o cupones de alimentos, estrena el año fiscal 2027 con dos modificaciones simultáneas que van en sentidos contrarios: los montos máximos de ayuda alimentaria subirán a partir del próximo 1 de octubre, pero los estados deberán asumir una carga administrativa considerablemente mayor, lo que podría derivar en recortes indirectos al programa.

El ajuste anual al costo de vida, que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aplica cada inicio de año fiscal, eleva los topes mensuales en todos los tamaños de hogar.

Un hogar de una persona pasará de $298 a $306 (+$8); dos personas, de $546 a $562 (+$16); tres personas, de $785 a $808 (+$23); y cuatro personas, de $994 a $1,023 (+$29).

Las familias más numerosas también verán incrementos. El beneficio mínimo sube un dólar, de $24 a $25 mensuales. Estos montos estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2027.

Hay que aclarar que el aumento no llegará de forma automática a todos los hogares. SNAP calcula el beneficio individual según los ingresos netos, el tamaño de la familia y las deducciones aplicables, por lo que muchas familias podrían no ver ningún cambio en su pago mensual.

El segundo cambio es el más polémico. A partir del 1 de octubre, los estados deberán cubrir el 75 % de los costos administrativos del programa, frente al 50 % que asumen actualmente.

El gobierno federal reducirá su participación del 50% al 25%, una medida establecida por la ley «One Big Beautiful Bill», firmada por el presidente Donald Trump en julio de 2025.

Según estimaciones de Newsweek, este traslado de gastos representará aproximadamente $16,900 millones adicionales para los estados entre los años fiscales 2027 y 2031, unos $3,400 millones anuales en promedio.

Expertos advierten que esta presión presupuestaria podría traducirse en recortes a la administración del programa a nivel estatal.

Este doble cambio llega en un momento de contracción histórica del programa. Desde que entraron en vigor los nuevos requisitos y recortes impuestos por esa ley, la participación en SNAP cayó de 42.3 millones de personas en abril de 2025 a 37 millones en abril de 2026, la caída más pronunciada en décadas, según el Centro de Presupuesto y Prioridades de Políticas.

¿Cuál es la situación en Florida?

En Florida, el impacto de la ley de Trump ha sido especialmente duro: entre 553,000 y 558,000 residentes -entre ellos adultos mayores, veteranos y personas con discapacidad- perdieron el acceso al programa desde julio de 2025, casi el doble de las proyecciones iniciales del Departamento de Niños y Familias.

El estado canaliza más de $7,000 millones anuales en SNAP para cerca de 2.9 millones de beneficiarios -el 13 % de la población estatal-. A partir de octubre, con el inicio del nuevo año fiscal, deberá asumir hasta $1,600 millones en nuevos costos derivados de la ley federal.

En marzo, el Senado de Florida aprobó el proyecto de ley SB 1758, que introduce cambios adicionales al programa estatal, incluyendo verificación reforzada de beneficiarios y la posibilidad de tarjetas EBT con foto.

Alrededor de un mes después, un programa prohibió además a los beneficiarios de SNAP en Florida comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados.

La medida, según las autoridades estatales, busca que los fondos se destinen a productos más nutritivos, pero generó preocupación entre organizaciones comunitarias y beneficiarios, que adviertieron que podría complicar la adquisición de alimentos accesibles para familias de bajos recursos.

Un recorte histórico

La «One Big Beautiful Bill» implica un recorte de aproximadamente 186,000 millones de dólares en el programa SNAP hasta 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

También amplió los requisitos laborales: los adultos de 18 a 64 años sin hijos menores de 14 años deben trabajar, hacer voluntariado o participar en programas de capacitación al menos 80 horas al mes para mantener los beneficios. Quienes no cumplan solo podrán recibir ayuda durante tres meses en un período de tres años, salvo que califiquen para una exención.

«Incluso los veteranos deberán demostrar que están trabajando para continuar recibiendo los cupones de alimentos», confirmó el Departamento de Agricultura (USDA).

Además, los estados solo podrán extender los beneficios a personas desempleadas si la tasa de desempleo local supera el 10 %, lo que reduce drásticamente las posibilidades de exenciones temporales.

«La red de seguridad social está siendo desmantelada bajo una narrativa de eficiencia, cuando en realidad muchos de los afectados son trabajadores pobres, niños y personas mayores», advirtió un portavoz del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, resumiendo la preocupación de organizaciones que monitorean el impacto de estos cambios judiciales y legislativos sobre el programa.