Alex Saab, el empresario colombiano-venezolano señalado como principal operador financiero del chavismo, se declaró culpable ante la justicia estadounidense de conspiración para lavar instrumentos monetarios, y su acuerdo con los fiscales federales abre una vía inédita en la investigación española sobre la aerolínea Plus Ultra y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El acuerdo de culpabilidad, presentado ante la jueza Kathleen Williams en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, incluye el decomiso de 195 millones de dólares y la cooperación plena de Saab con los fiscales en investigaciones en curso, tanto en Estados Unidos como en otros países, según ABC.
La confesión describe una trama que arrancó en 2015 con el pago de sobornos para obtener contratos del programa venezolano de distribución de alimentos CLAP.
Saab y su socio Álvaro Pulido son calificados por la Fiscalía como los «principales organizadores y líderes» de un entramado que empleó empresas pantalla, facturas falsas y testaferros, y que prosperó gracias a la «aprobación, participación y protección» de altas autoridades del gobierno venezolano.
Entre los detalles más reveladores, Saab reconoce haber pactado unos 17 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales para José Gregorio Vielma Mora a cambio de su influencia en la adjudicación de contratos, y haber reunido con un alto funcionario identificado solo como «Funcionario 1» para obtener su «apoyo y protección» mediante pagos dentro y fuera de Venezuela.
El blanqueo se extendió por al menos nueve países: Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Islas Marshall, Montenegro, Suiza, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. A partir de 2019, la escala creció aún más cuando la trama comenzó a recibir petróleo, oro y otros recursos naturales venezolanos como compensación, organizando buques para transportar y vender millones de barriles de crudo de PDVSA.
La conexión con España es directa. El Departamento del Tesoro ya había situado en marzo de 2026 una transferencia de más de 519,000 dólares de Plus Ultra a una cuenta del banco suizo MBaer dentro de una estructura financiera vinculada a la corrupción de PDVSA.
Según la unidad de inteligencia financiera FinCEN, esa misma cuenta pagaba a un intermediario que distribuía fondos de la corrupción petrolera venezolana entre varios beneficiarios, entre ellos el propio Saab.
Ahora que Saab reconoce ante la justicia estadounidense haber usado exactamente ese tipo de mecanismos —cuentas internacionales, sociedades pantalla, operaciones con crudo de PDVSA— y se compromete a revelar toda la información que posee, se crea un nexo investigable que antes no existía formalmente.
Ello no prueba que Plus Ultra formara parte del entramado, pero sí permite cruzar su relato con los movimientos financieros que ya aparecían en la causa española.
Zapatero fue imputado en mayo de 2026 por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada» orientada a obtener beneficios mediante influencias en favor de la aerolínea.
Dos exdirectivos de Plus Ultra declararon que entendieron que una comisión equivalente al 1% del rescate público —unos 530,000 euros— estaba destinada al denominado «grupo Zapatero». El expresidente negó ante el juez haber influido en el rescate.
El acuerdo obliga a Saab a entregar en un plazo máximo de 14 días una declaración sobre todos los activos que controla o ha controlado, incluidos los colocados a nombre de su pareja, testaferros o terceros, y a declarar ante grandes jurados o en otros procesos cuando sea requerido.
Sin embargo, que España pueda beneficiarse de esa información no es automático. Madrid tendría que solicitarla por los canales de cooperación judicial y Washington decidir qué documentos o testimonios comparte, especialmente si forman parte de investigaciones todavía abiertas.
El caso del empresario venezolano Alejandro Betancourt, investigado en España por presunto blanqueo de fondos de PDVSA, ilustra ese límite: la Audiencia Nacional lleva meses esperando que Estados Unidos atienda una comisión rogatoria para interrogar a cinco testigos esenciales, sin respuesta hasta ahora.
La Fiscalía advierte además que el relato firmado por Saab «no contiene todos los hechos del caso todavía» y que dispone de testigos colaboradores, correos electrónicos, documentación empresarial y registros bancarios para acreditar la trama.
Vídeos relacionados:
Archivado en: