El Consejo de Estado de Cuba oficializó este miércoles una serie de cambios en la dirección y composición del Tribunal Supremo Popular (TSP), que incluyen el relevo de una vicepresidenta, cambios al frente de la Sala de lo Mercantil, tres jubilaciones y la elección de tres nuevos magistrados.
Las decisiones aparecen en siete acuerdos, del 631-X al 637-X, publicados en la Gaceta Oficial No. 87 Extraordinaria de 2026. Aunque todos fueron adoptados el 19 de agosto, su publicación oficial se produjo este miércoles.
Uno de los principales movimientos afecta a Farah Maritza Saucedo Pérez, quien fue liberada «por renovación» de sus cargos como vicepresidenta del Tribunal Supremo y presidenta de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales.
Así lo establece el Acuerdo 631-X, adoptado a propuesta del presidente del TSP.
En otro de los movimientos, Yomays Olivarez Gainza fue promovido y elegido vicepresidente del Tribunal Supremo Popular.
Los cambios alcanzaron también a la Sala de lo Mercantil. El Acuerdo 633-X aprobó la renuncia de Liliana Hernández Díaz como presidenta de esa sala y su cese en la función judicial.
Para ocupar el puesto, el Consejo de Estado promovió y eligió a Mirelys Reyes Vega como nueva presidenta de la Sala de lo Mercantil, según el Acuerdo 634-X.
También fue aceptada la renuncia de Raiza López Varona al Sistema de Tribunales, a propuesta del presidente del TSP, de acuerdo con el Acuerdo 635-X.
La reorganización incluye además el cese por jubilación de tres magistradas del Tribunal Supremo Popular: Odalys Quintero Silverio, Isabel Inés Arredondo Suárez y Alina Bielsa Palomo.
Al mismo tiempo, el Consejo de Estado eligió como nuevos magistrados del máximo tribunal a Fernando Vázquez Franco, Liliam Pérez Castillo y Lesly Vidal Álvarez.
Los siete acuerdos fueron firmados por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y se fundamentan en la Constitución, la Ley 131 «De Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado» y la Ley 140 «De los Tribunales de Justicia».
Los movimientos se producen meses después del cambio en la propia presidencia del TSP. En diciembre de 2025, Rubén Remigio Ferro fue relevado y sustituido por Óscar Silvera Martínez, quien tomó posesión en febrero de 2026.
Aquella reorganización de la cúpula judicial abrió una etapa de cambios que ahora continúa con nuevos relevos, renuncias, jubilaciones y nombramientos en el máximo tribunal cubano.
Cambios en la Cúpula del Tribunal Supremo y Reformas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios se han realizado en el Tribunal Supremo Popular de Cuba?
El Consejo de Estado de Cuba ha oficializado cambios en la dirección y composición del Tribunal Supremo Popular, incluyendo el relevo de una vicepresidenta, cambios en la Sala de lo Mercantil, tres jubilaciones y la elección de tres nuevos magistrados. Estos movimientos son parte de una reorganización continua en el máximo tribunal del país.
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¿Qué significan estos cambios en el Tribunal Supremo para el sistema judicial cubano?
Los cambios en el Tribunal Supremo Popular se producen en un contexto de reorganización institucional más amplio, ligado a las reformas económicas y sociales del régimen. Estos movimientos pueden interpretarse como un intento del gobierno de adaptar su estructura judicial a las nuevas realidades económicas y políticas del país, a pesar de la falta de transparencia en las razones detrás de estas decisiones.
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¿Cómo se relacionan estos cambios con las reformas económicas en Cuba?
Los cambios en el Tribunal Supremo coinciden con un período de reformas económicas significativas en Cuba, incluyendo la implementación de 176 medidas que buscan flexibilizar la economía. Esta sincronización sugiere que el régimen está buscando ajustar su estructura judicial para apoyar y legalizar estas transformaciones económicas, aunque mantiene una retórica de "perfeccionamiento" del socialismo.
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¿Qué impacto tienen las reformas económicas en la población cubana?
Las reformas económicas en Cuba, como la eliminación de límites para las mipymes y la apertura al capital privado, buscan revitalizar una economía en crisis. Sin embargo, la población cubana enfrenta desafíos significativos como la inflación, la escasez de productos básicos y servicios ineficientes, lo que genera escepticismo sobre la efectividad de estas medidas.
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