La entrada en circulación, este 16 de septiembre de 2026, de billetes de 10.000 y 20.000 pesos cubanos constituye una confesión impresa de la gravedad de la inflación. El primero lleva la imagen de Haydée Santamaría y el segundo, la de Vilma Espín. Apenas seis meses antes habían aparecido los billetes de 2.000 y 5.000 pesos. El Banco Central afirma que las nuevas denominaciones facilitarán las operaciones y reducirán los costos del manejo de efectivo. Pero cuando un país necesita multiplicar aceleradamente el valor facial de sus billetes, lo que realmente está demostrando es cuánto poder adquisitivo ha perdido su moneda.
En 1959, el peso cubano mantenía prácticamente la paridad real con el dólar estadounidense. Los billetes existentes, emitidos por el Banco Nacional de Cuba, circulaban en denominaciones que llegaban hasta los 100 pesos. Pero en agosto de 1961 el nuevo régimen ejecutó un sorpresivo canje monetario mediante las leyes 963 y 964. Los billetes anteriores perdieron su validez y fueron sustituidos por una serie nueva, impresa secretamente en Checoslovaquia y firmada por Ernesto “Che” Guevara.
Cada familia pudo cambiar inmediatamente solo 200 pesos. Las cantidades superiores fueron depositadas en cuentas especiales, sometidas a límites de extracción, mientras que el dinero que excediera determinados topes podía quedar sin valor canjeable. De unos 1.187 millones de pesos estimados en circulación solamente se cambiaron 724 millones. Aquella operación permitió al nuevo régimen apropiarse de una parte importante de la riqueza monetaria acumulada por la población y establecer un control absoluto sobre las finanzas nacionales. Los nuevos billetes comenzaron con denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos; posteriormente se incorporó el billete de tres pesos con la imagen de Ernesto Guevara.
Durante las décadas siguientes se mantuvo artificialmente la ficción de que un peso cubano equivalía a un dólar. La economía, sostenida por los subsidios soviéticos, funcionaba con precios administrados, salarios fijados por el Estado, racionamiento y severos controles cambiarios. La estabilidad aparente no provenía de la productividad, sino de la subvención extranjera y de la represión monetaria.
La posesión no autorizada de dólares y otras divisas fue criminalizada. Miles de cubanos fueron registrados, interrogados, multados o encarcelados por guardar o intercambiar moneda extranjera. El Código Penal consideraba delito mantener divisas sin autorización, negociar con ellas o realizar operaciones cambiarias fuera de las instituciones estatales. Incluso después de legalizarse la tenencia, la compraventa informal continuó perseguida y podía ser castigada con multas y penas de prisión.
El derrumbe de la Unión Soviética dejó al descubierto la fragilidad del sistema. Entre 1990 y 1993 la economía cubana sufrió una contracción superior al 30%, aumentó desmesuradamente el dinero sin respaldo productivo y la inflación reprimida estalló en el mercado informal. Estudios económicos calculan que la inflación llegó al 183% en 1993 y promedió alrededor del 77% anual entre 1990 y 1993. El dólar, que oficialmente continuaba fingiendo una equivalencia absurda, alcanzó aproximadamente 80 pesos a finales de 1993 y hasta 120 pesos en 1994.
Ante la necesidad desesperada de captar remesas, el régimen promulgó en agosto de 1993 el Decreto-Ley 140, que despenalizó la tenencia del dólar. Se abrieron tiendas recaudadoras de divisas y se consolidó una economía dividida: quienes recibían dólares podían adquirir alimentos y productos inaccesibles para quienes dependían exclusivamente de un salario estatal.
En 1994 apareció el peso convertible o CUC. Durante años convivieron el CUP, el CUC y el dólar. En 2004 el Gobierno prohibió nuevamente utilizar dólares en efectivo en los establecimientos comerciales y los sustituyó por el CUC, aplicando además un gravamen del 10% al cambio de dólares. Oficialmente, un CUC equivalía a un dólar y a 24 pesos nacionales para la población, mientras que en las cuentas estatales se mantuvo durante años la ficción de un CUP por un dólar.
En 2015 se introdujeron los billetes de 200, 500 y 1.000 pesos. Aquello anticipaba la pérdida de valor que vendría después. En 2019 y 2020 reaparecieron las tiendas en moneda libremente convertible, donde se paga mediante tarjetas respaldadas por divisas. El Estado volvió a vender productos esenciales en dólares o equivalentes, aunque los míseros salarios continuaron pagándose en pesos.
El primero de enero de 2021 comenzó la llamada Tarea Ordenamiento. Se eliminó el CUC y se fijó una tasa oficial de 24 pesos por dólar. La reforma multiplicó salarios, pensiones, tarifas y precios, pero lo hizo sin aumentar la producción. El resultado fue una devaluación de 2.300%, inflación de tres dígitos, pérdida de los ahorros y empobrecimiento general. En 2022 se creó otra tasa oficial de 120 pesos por dólar, mientras el mercado informal continuó avanzando: alrededor de 170 pesos en 2022, más de 250 en 2023, unos 320 en marzo de 2024; 400 en 2025 y 500, en febrero de 2026. Hoy se cotiza a 700 CUP. Ese mercado callejero, operado mediante contactos personales, WhatsApp y redes sociales, es el que mejor refleja el valor real del peso.
Hasta marzo de 2026 los billetes más utilizados en compras importantes eran los de 500 y 1.000 pesos. Después comenzaron a ganar terreno los de 2.000 y 5.000. Ahora los de 10.000 y 20.000 terminarán desplazándolos en las grandes operaciones. El billete de 20.000 representa veinte veces el valor de la mayor denominación existente al comenzar 2026 y, sin embargo, apenas alcanza para una compra modesta de alimentos.
La llamada bancarización comenzó a imponerse con mayor fuerza en agosto de 2023 mediante la Resolución 111 del Banco Central. Se limitaron los pagos en efectivo, se impulsaron las aplicaciones Transfermóvil, EnZona, códigos QR, tarjetas y terminales de punto de venta. La digitalización podría reducir costos, facilitar transferencias y dejar constancia de las operaciones. Sin embargo, en Cuba tropieza con apagones, mala conectividad, escasez de teléfonos, pocos terminales, cajeros averiados, falta de efectivo, comisiones, errores tecnológicos y desconfianza en las instituciones. En 2026 el Gobierno tuvo que flexibilizar restricciones, incluida la eliminación del rígido límite de 5.000 pesos para determinadas operaciones en efectivo.
La historia monetaria de estos 67 años es la historia de controles, prohibiciones, monedas paralelas, tasas ficticias, confiscaciones, improvisaciones y devaluaciones. Ningún billete de mayor denominación resolverá la falta de producción ni devolverá valor al salario. El dinero, la inflación, el poder adquisitivo, las pensiones y los salarios solo podrán mejorar de manera sostenible cuando Cuba cuente con instituciones confiables, propiedad protegida, libertad económica, transparencia y un verdadero Estado democrático.
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