Marco Rubio: «Trump quiere una Cuba gobernada por su pueblo, no por una clase militar»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que el presidente Donald Trump mantiene su compromiso con una Cuba «gobernada por su pueblo» y no por lo que describió como una élite militar que controla los recursos del país. 

«Durante décadas, el régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la isla hacia las manos de una élite militar corrupta y reducida, dejando a los cubanos comunes sin electricidad confiable, sin alimentos ni dignidad».

Y añadió que «el presidente Trump sigue comprometido con una Cuba gobernada por su pueblo, no por una clase militar que trata el futuro de la isla como su herencia privada».

Las declaraciones surgen tras anunciar nuevas sanciones contra ocho entidades y tres individuos vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y a la industria cubana del níquel, en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Trump.

En X, el jefe de la diplomacia estadounidense calificó a Cuba de «Estado fallido corrupto y una amenaza persistente para la seguridad nacional de EE.UU., ubicada a menos de 100 millas de las costas americanas», y subrayó que «los cubanos comunes soportan apagones, escasez de alimentos y brutalidad mientras las élites del régimen acaparan los recursos de la isla para sí mismas y para el aparato represivo».

Las sanciones de este jueves se articulan en dos frentes. En el ámbito militar, fueron designadas cuatro entidades de investigación y desarrollo de las FAR: SIMPRO (simuladores y entrenamiento), CIDNAV (investigación para la Marina de Guerra Revolucionaria), CIDAI (desarrollo y evaluación de armamento de infantería) y GELCOM (producción de electrónica y comunicaciones militares).

Junto a esas entidades, fueron sancionados personalmente tres altos oficiales: el Coronel Superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; el Capitán Dioglis Pedrera Argüello, director general de CIDNAV; y el Coronel Superior Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.

En el sector minero, las medidas alcanzaron a cuatro empresas vinculadas a la explotación del níquel: SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ y PINARES S.A.

El Departamento de Estado fue explícito al señalar que «el sector del níquel es una fuente crítica de ingresos para el gobierno cubano, que genera divisas a partir de la explotación de sus recursos naturales, lo que sostiene al régimen en lugar de beneficiar al pueblo cubano».

Washington también advirtió que las empresas militares cubanas «son pilares fundamentales del aparato de defensa del régimen, que sostienen las capacidades operativas de las fuerzas armadas en una amplia gama de funciones industriales y técnicas».

Esta es la última oleada de una campaña sostenida de presión máxima que arrancó en mayo con la sanción a GAESA y Moa Nickel S.A., continuó en junio con la designación del MINFAR como institución y de Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta y Alejandro Castro Espín, siguió en agosto con Álvaro López Miera y entidades vinculadas a compras de armamento, y alcanzó en septiembre al círculo económico de Raúl Castro, incluyendo NICAROTEC y CEXNI.

Como consecuencia de las nuevas designaciones, toda propiedad e intereses de los sancionados en territorio estadounidense o bajo control de personas de esa nacionalidad quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Rubio cerró su mensaje con una advertencia que resume la postura de Washington: «Estados Unidos seguirá exponiendo y sancionando a quienes sostienen este sistema».