Gobierno cubano promete precios hasta un 30% más bajos en sus nuevos «mercados de barrio»

El régimen cubano asegura que los llamados «Mercados de Barrio», establecimientos estatales cuya gestión puede ser entregada a mipymes y otros actores económicos, deberán vender productos básicos a precios entre 15% y 30% inferiores a los existentes en otros comercios del país.

Así lo afirmó Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), durante una entrevista difundida por Canal Caribe, en la que ofreció nuevos detalles sobre una iniciativa que el gobierno presenta como alternativa para abaratar productos de primera necesidad en medio de la crisis de abastecimiento.

«El mercado de barrio es un proyecto diseñado para poner a disposición de la población una nomenclatura, un grupo de productos de primera necesidad, tanto alimenticios como de aseo», explicó la funcionaria.

Entre los alimentos previstos aparecen arroz, azúcar, granos, conservas de tomate, pastas, café, aceite, leche en polvo, pollo, huevos, pescado y harina de trigo. También se incluyen productos de higiene como jabón, detergente, desodorante y crema dental.

La iniciativa quedó regulada mediante la Resolución 16/2026 del Ministerio del MINCIN, publicada el 4 de agosto en la Gaceta Oficial No. 64 y en vigor desde el día 11 de ese mes.

El modelo permite entregar mediante licitación la administración de establecimientos de la red estatal —entre ellos bodegas y mercados— a empresas, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia e incluso modalidades de inversión extranjera, mientras el Estado conserva la propiedad de los inmuebles.

Para atraer gestores, las autoridades han acompañado el proyecto con beneficios fiscales. La Resolución 161/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios contempla incentivos para operaciones vinculadas al programa, mientras algunas licitaciones ofrecen además hasta dos años sin pagar arrendamiento, período que puede extenderse cuando el administrador realiza inversiones en el establecimiento.

La apuesta oficial es que esas facilidades terminen reflejándose en el bolsillo del consumidor.

«[Los precios] deben rondar entre un 15 y un 30% con respecto al resto, repito, de los precios de los mercados que se comercializan», afirmó Portal de Villiers.

La funcionaria aseguró que hasta el momento existen 30 establecimientos funcionando bajo el proyecto en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. La Habana, Camagüey y Guantánamo tendrían siete cada una.

Sin embargo, la expansión del modelo ocurre mientras el propio Estado recurre cada vez más al sector no estatal para intentar reactivar establecimientos que durante años han permanecido cerrados, desabastecidos o con servicios limitados.

En agosto, Cienfuegos entregó a privados la gestión de 47 carnicerías, equivalentes al 68% de las existentes en la provincia, después de que la falta de productos mantuviera muchas prácticamente paralizadas.

Ese mismo mes, Ciego de Ávila sacó a licitación seis bodegas para incorporarlas al proyecto «Mercado de Barrio».

La fórmula se ha extendido también a Villa Clara, donde una empresa estatal buscó gestores privados para explotar 21 locales comerciales, mientras que en septiembre Santa Clara convocó a actores económicos para administrar 16 bodegas.

El esquema refleja una transformación de la deteriorada red comercial cubana: el Estado mantiene la propiedad de los establecimientos, pero traslada su gestión y parte de la inversión necesaria para recuperarlos a otros actores económicos.

Las autoridades aseguran que los gestores estarán obligados a respetar las condiciones del programa. El régimen de infracciones contempla sanciones por incumplir los precios acordados, cometer irregularidades en el pesaje o negarse a aceptar pagos electrónicos, una práctica que Portal de Villiers reconoció como «algo muy común últimamente».

Los «Mercados de Barrio» llegan además en un momento de profunda crisis del sistema estatal de distribución de alimentos, marcado por retrasos y reducciones de la canasta normada y por la creciente dependencia de mercados privados cuyos precios quedan fuera del alcance de numerosos salarios y pensiones.

La gran incógnita es, por tanto, si las ventajas fiscales y de arrendamiento concedidas a los gestores consiguen traducirse realmente en productos disponibles y precios entre 15% y 30% inferiores, como asegura ahora el gobierno, en una economía golpeada por la escasez y la pérdida de poder adquisitivo.