La administración Trump avanza en la construcción de una justificación multilateral para intensificar las operaciones militares contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe.
Así lo plantea una investigación de The New York Times, que asegura que funcionarios del Departamento de Estado anunciaron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que 14 naciones del hemisferio designarán conjuntamente 25 organizaciones criminales como entidades terroristas.
Los países firmantes —todos integrantes del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos conservadores creada por Donald Trump— son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Perú y Paraguay confirmaron públicamente su adhesión al comunicado; los demás gobiernos y el Departamento de Estado no respondieron a solicitudes de comentario.
El mecanismo formal invocado es el Tratado de Río de 1947, el pacto de defensa colectiva interamericano que establece que un ataque a un miembro equivale a un ataque a todos. Su aplicación contra grupos criminales no estatales es jurídicamente controvertida, ya que el texto original fue diseñado para agresiones entre Estados.
En su discurso ante la Asamblea General este martes, Trump defendió la estrategia con contundencia: «Al asumir el cargo, designé a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas extranjeras y desaté a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para eliminarlos. Los cárteles son el ISIS del Hemisferio Occidental».
Analistas advierten que la iniciativa busca reencuadrar lo que los críticos ven como una agenda unilateral de Washington como una prioridad regional compartida, sentando al mismo tiempo las bases políticas y jurídicas para potenciales operaciones militares.
Gimena Sánchez, directora para los Andes del Washington Office on Latin America, alertó que las designaciones «podrían vulnerar la soberanía nacional y las leyes de cada país sobre el uso de la fuerza», y que podrían derivar en bombardeos que pongan en riesgo a civiles o ampliar el poder de los gobiernos para perseguir a opositores bajo el rótulo de «pro-terroristas».
La medida se enmarca en una escalada sostenida. Desde que Trump retomó el poder, el Departamento de Estado ha añadido alrededor de 20 grupos latinoamericanos a la lista de organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y bandas ecuatorianas.
Paralelamente, EE.UU. ha ejecutado al menos 69 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de más de 231 muertos. Este miércoles, un relator especial de la ONU cuestionó que esas operaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El antecedente más visible de esta política fue la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, en la llamada «Operación Resolución Absoluta», ejecutada por Delta Force bajo cargos de narcoterrorismo. Aquella operación fue presentada por Trump como un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional y marcó el tono de la presión militar que Washington ha mantenido desde entonces sobre la región.
La preparación del comunicado conjunto corrió a cargo de Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional y actual enviada especial al Escudo de las Américas, quienes se reunieron la semana pasada en Washington con diplomáticos de los 14 países.
Tras la gira del secretario de Estado Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú, EE.UU. anunció además la reasignación de 52 millones de dólares en ayuda militar —provenientes de fondos de Medio Oriente y Europa— hacia esos tres países más Panamá, para combatir el «narcoterrorismo» y asegurar el Canal de Panamá.
Todd Robinson, exsubsecretario de Estado para narcóticos bajo la administración Biden, rechazó el enfoque: «Lo están haciendo en la Asamblea General para intentar darle legitimidad. Pero creo que la estrategia es básicamente incorrecta. Las organizaciones criminales no son organizaciones terroristas».
Robinson advirtió además que el enfoque militarizado ya ha derivado en ejecuciones extrajudiciales, citando los ataques letales contra embarcaciones como prueba de ello.
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