Cuba, SOUTHCOM y la guerra contra los carteles: Esta vez La Habana no puede decir que nadie le advirtió

La semana que cerró este 15 de agosto en Panamá dejó bastante más que ejercicios militares, discursos y fotografías entre responsables de Defensa del continente.

Panamá se convirtió durante estos días en escenario de la nueva estrategia estadounidense contra los carteles y organizaciones que Washington considera narcoterroristas.

Coincidieron allí la fase final del ejercicio multinacional PANAMAX 2026, desarrollado durante las primeras dos semanas de agosto, y una reunión de la Americas Counter-Cartel Coalition (A3C), la alianza promovida por la Administración de Donald Trump para llevar la cooperación regional contra el narcotráfico a un terreno mucho más operativo. 

La coalición, nacida en marzo con la integración de 17 países, contenía una formulación que ya anticipaba sus intenciones: «operacionalizar el poder duro» contra carteles y organizaciones terroristas. La proclamación presidencial de Trump estableció que Estados Unidos y sus aliados utilizarían los recursos y autoridades legalmente disponibles para desmantelar esas organizaciones.

Ahora el proyecto sigue creciendo. Colombia acaba de solicitar cooperación estadounidense para operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo y se incorporará como miembro número 19 de la iniciativa regional conocida también como Escudo de las Américas.

Es en ese contexto —no en el vacío— donde deben leerse dos mensajes lanzados desde Panamá.

El primero corresponde al jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan.

«¿Estamos dispuestos a llevar la lucha al enemigo? Creo que sí», dijo ante responsables de Defensa y Seguridad reunidos en el foro. Su conclusión fue todavía más clara: «Tenemos que atacar estas redes. Tenemos que aplicar una fricción sistémica total sobre estas redes».

Donovan no mencionó a Cuba. Pero prácticamente en el mismo escenario, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sí lo hizo.

Cuba está «sobre aviso»

Desde Panamá, Hegseth exigió «más cooperación de Cuba, quieran o no» y acusó al régimen de permitir que potencias y actores adversarios utilicen la isla para espiar a Estados Unidos.

Su advertencia fue directa: países como Cuba están «sobre aviso» y Washington no tolerará determinada presencia e influencia de adversarios en el hemisferio.

Preguntado por una posible acción militar contra la isla, tampoco quiso descartarla y reiteró que todas las opciones permanecen sobre la mesa.

Las acusaciones concretas formuladas por Hegseth contra Cuba en esas declaraciones se referían principalmente a seguridad, espionaje, armamento e influencia de potencias adversarias. Sería incorrecto afirmar que el secretario acusó entonces al régimen cubano de pertenecer a una red narcoterrorista.

Pero sería igualmente ingenuo analizar sus palabras como si no tuvieran relación con la estrategia hemisférica que estaba discutiéndose esos mismos días en Panamá.

Donovan habla de atacar redes. Hegseth pone a Cuba sobre aviso. Y ambos forman parte de una Administración que ha convertido el combate contra carteles, organizaciones narcoterroristas e influencia estratégica adversaria en componentes de una misma política regional.

La propia descripción oficial estadounidense del Escudo de las Américas incluye no solamente combatir carteles transnacionales, sino limitar la interferencia geopolítica extranjera en el hemisferio.

Para La Habana, el problema es que existe además un expediente difícil de ignorar.

Mucho antes del Cartel de los Soles

Estados Unidos investigaba la relación de altos funcionarios cubanos con el narcotráfico décadas antes de que apareciera el concepto de Cartel de los Soles.

En 1982, un gran jurado federal acusó a cuatro funcionarios cubanos en un caso relacionado con la utilización de territorio y aguas de Cuba para facilitar operaciones de narcotraficantes colombianos. Informes estadounidenses de inteligencia de aquella época también describieron actividades de facilitación desde la isla.

Después llegó la Causa 1 de 1989. El propio régimen reconoció que oficiales de altísimo nivel de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior —entre ellos Arnaldo Ochoa y Antonio de la Guardia— habían participado en negociaciones con narcotraficantes colombianos.

En 1993, fiscales estadounidenses llegaron a estudiar una acusación contra Raúl Castro y otros altos cargos por tráfico de cocaína. Nunca fue presentada y, por tanto, la responsabilidad penal de Raúl Castro por aquellos hechos nunca quedó establecida judicialmente.

Pero el expediente existió. Y décadas después apareció Venezuela.

Una ruta Venezuela-Cuba

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, describiendo una estructura en la que instituciones estatales habrían sido utilizadas para proteger y facilitar el negocio de las drogas.

Pocos días después, un alto funcionario del Pentágono aseguró a Newsweek que la comunidad de inteligencia estadounidense tenía evidencia de que Maduro traficaba drogas utilizando buques entre Venezuela y Cuba.

Eso tampoco demuestra por sí solo participación consciente del gobierno cubano en aquellos cargamentos. La conexión cubana no ocupó un lugar central en la acusación pública contra Maduro.

Pero sí demuestra algo importante: la posible relación entre Cuba, Venezuela y las redes de narcotráfico no apareció en 2025 como una teoría creada por organizaciones opositoras. Una fuente militar estadounidense ya atribuía cinco años antes esa información a la inteligencia de Washington.

Las investigaciones sobre el Cartel de los Soles

En 2025 aparecieron además investigaciones que intentaron conectar ambas historias.

Un informe del Center for a Free Cuba y otras organizaciones presentó a Cuba como precursora del modelo del Cartel de los Soles.

Otro dossier, El Estado mafioso cubano y el Cartel de los Soles, elaborado por Juan Antonio Blanco y Emilio Morales, fue todavía más lejos al plantear que el aparato cubano sería una pieza funcional de ese ecosistema mediante inteligencia, contrainteligencia, protección política, conexiones internacionales y presuntas estructuras financieras relacionadas con GAESA.

Son investigaciones de autores y organizaciones críticos con el régimen. Sus conclusiones no constituyen sentencias judiciales ni consta que SOUTHCOM las haya adoptado oficialmente.

Pero plantean una cuestión que resulta mucho más interesante después de Panamá. ¿Qué ocurre si una red narcoterrorista no termina en quienes producen, transportan y venden cocaína? ¿Qué ocurre si incluye también funcionarios, operadores financieros, militares, inteligencia, protección política o infraestructura estatal?

Precisamente ese parece ser el cambio conceptual que Washington está desarrollando.

Hegseth explicó en junio que la A3C pretende utilizar capacidades estadounidenses y de los países aliados para «cazar redes terroristas en nuestro propio hemisferio», comparando incluso ese modelo con la experiencia estadounidense contra ISIS y Al Qaeda.

Y ahora Donovan dice que hay que «atacar estas redes».

Trump ya había colocado a Cuba en la ecuación

Existe otro antecedente que La Habana conoce perfectamente.

En noviembre de 2025, Trump preguntó públicamente: «¿Tomarán Maduro y sus narcoterroristas otro país, como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?».

Aquella frase no constituía una acusación judicial contra Cuba por narcotráfico. Pero fue el propio presidente estadounidense quien colocó a la isla dentro de su discurso político sobre Maduro y los «narcoterroristas».

Después llegó enero de 2026 y la captura de Maduro. Ese precedente cambia inevitablemente el significado político de las palabras pronunciadas ahora en Panamá.

La Administración Trump ya ha demostrado hasta dónde está dispuesta a llegar cuando considera que confluyen narcotráfico, organizaciones terroristas, estructuras estatales y amenazas a la seguridad de Estados Unidos.

Eso no significa que exista una operación estadounidense en preparación contra Cuba. No hay evidencia pública para afirmarlo. Pero tampoco significa que La Habana pueda seguir calculando sus riesgos con las mismas reglas de hace cinco, diez o veinte años.

Esta vez hubo advertencia

La respuesta habitual del régimen cubano ante acusaciones estadounidenses resulta conocida: denuncia de calumnias, amenazas imperialistas, fabricación de pretextos, agresiones contra la soberanía y victimización frente a Washington.

Ante cualquier nueva acusación concreta, La Habana tiene derecho a exigir pruebas y Estados Unidos tendría que presentarlas. Lo que resulta cada vez más difícil es representar el papel del actor sorprendido que no entiende por qué Washington puede estar mirando hacia Cuba.

El expediente está ahí: las investigaciones de los años 80; la Causa 1; el proceso que llegó a contemplarse contra Raúl Castro; la información atribuida en 2020 a la inteligencia estadounidense sobre tráfico mediante buques entre Venezuela y Cuba; las investigaciones posteriores sobre el Cartel de los Soles; y las propias palabras de Trump.

Ninguna de esas piezas demuestra, por separado o automáticamente, que el régimen cubano participe actualmente en una red internacional de narcotráfico. Pero explican perfectamente por qué La Habana debería prestar atención cuando el jefe de SOUTHCOM habla de atacar redes completas.

Y esta vez hay algo más.

Mientras Donovan decía en Panamá que había llegado el momento de «llevar la lucha al enemigo», Hegseth anunciaba nuevos movimientos contra los carteles, reiteraba que todas las opciones permanecen sobre la mesa y enviaba su propio mensaje directamente a Cuba: están sobre aviso.

La Habana puede alegar que Donovan no pronunció la palabra Cuba cuando habló de atacar las redes narcoterroristas. Es cierto. Pero tendría que ignorar todo lo demás ocurrido esta semana en Panamá para encontrar tranquilidad en esa omisión.

Después de Venezuela, esta vez La Habana no puede decir que nadie le advirtió.