El grupo alimentario español Vima retiró el 30 de septiembre su nombre y toda su señalización corporativa de su única tienda en La Habana —ubicada en Infanta y Santa Marta, en Centro Habana— y redujo drásticamente la actividad en sus almacenes, en lo que medios internacionales interpretan como una respuesta directa al endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas.
Según informaron medios internacionales, el movimiento se produjo un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciara, el 29 de septiembre, el paquete de sanciones más amplio hasta la fecha contra Cuba, que entró en vigor de inmediato e incluyó la prohibición de transacciones indirectas con entidades de la Lista Restringida de Cuba y la eliminación de las llamadas transacciones U-Turn y el bloqueo de cuentas bancarias de emprendedores privados cubanos en bancos estadounidenses.
Dos trabajadores de la tienda de Infanta y Santa Marta confirmaron a 14ymedio la naturaleza del repliegue. «La empresa está en proceso de retirada», declaró uno de ellos. Según constató ese medio, aún podían verse las marcas dejadas en la fachada tras retirar los antiguos carteles.
El establecimiento operaba asociado a Cimex, corporación integrada en el entramado de GAESA, y los productos de la empresa española ocupaban buena parte de sus anaqueles.
Aunque algunos artículos enlatados y empaquetados de Vima permanecían en las estanterías, los productos frescos habían desaparecido.
Las señales de contracción se extendían más allá de la tienda. En los almacenes de Berroa, al este de la capital, solo una de las tres naves vinculadas a la empresa mantenía mercancía; las otras dos estaban vacías, aunque todavía había empleados con uniformes de la compañía.
La dependencia de Vima respecto a Cuba era extraordinaria. Su división alimentaria —la Corporación Alimentaria Vima, con sede en A Coruña— facturó cerca de 106 millones de euros en 2025, de los cuales unos 49 millones (aproximadamente el 46%) procedían de operaciones en la isla, según datos del Departamento de Estado de EE.UU. Cuba era, con diferencia, su mayor mercado, por delante de República Dominicana (33 millones) y México (15,4 millones).
Esa exposición se construyó a través de su filial Vima Caribe S.A., cuyo socio local es Tiendas Caribe, entidad vinculada a los militares cubanos.
En mayo de 2024, la empresa firmó un acuerdo para gestionar 20 tiendas en la isla. Además, exporta productos desde EE.UU. a través de Vima USA Ltd., con sedes en Nueva York y Miami, lo que la expone por dos vías distintas al régimen de sanciones de Washington.
El intento de Vima de neutralizar la presión política fracasó con rapidez. En julio, la empresa contrató a la firma de cabildeo Continental Strategy LLC —cuyos socios incluyen a Carlos Trujillo, exembajador de EE.UU. ante la OEA, y a Alberto Martínez, exjefe de gabinete del secretario de Estado Marco Rubio— para gestionar sus intereses en Washington.
El contrato, que costó 37,742 dólares, fue cancelado apenas cinco semanas después, el 1 de septiembre, según reveló una investigación sobre el fallido intento de lobby. Semanas más tarde desapareció la marca de la tienda habanera.
El caso Vima se suma a una lista creciente de empresas extranjeras que han abandonado o reducido sus operaciones en Cuba desde que EE.UU. designó formalmente a GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404 el 7 de mayo.
Antes que Vima, Meliá, Iberostar, Barceló y Blue Diamond Resorts salieron o redujeron operaciones en el sector hotelero. Vima representa la extensión de ese fenómeno al abastecimiento de alimentos en las tiendas en divisas, el principal canal de productos importados para los cubanos con acceso a moneda extranjera.
Vima no ha emitido ningún comunicado oficial sobre si el repliegue es una salida definitiva, un cambio de marca o una pausa temporal. El Gobierno de España prometió el 23 de septiembre defender a sus empresas y rechazó la extraterritorialidad de las sanciones, pero sin resultados prácticos visibles.
El subsecretario de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, había advertido en agosto: «Las empresas extranjeras que deseen invertir en Cuba deben contar con una empresa estatal cubana como socio, lo que las convierte en cómplices del esquema de corrupción de la dictadura».
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