Las propias autoridades cubanas reconocieron este viernes que 2,7 millones de personas tienen afectado total o parcialmente el acceso al agua potable, una cifra que representa cerca del 35% de la población que recibe el servicio por redes y que, según datos difundidos por EFE, se mantiene prácticamente igual que en mayo, cuando el régimen divulgó una cifra idéntica.
La estabilidad de ese número durante cinco meses desmiente las promesas de mejora que Miguel Díaz-Canel ha repetido en recorridos y apariciones públicas, incluyendo su visita de septiembre a la planta potabilizadora Norte de La Habana, donde el oficialista Granma anunció que unas 100,000 personas habrían salido del grupo afectado tras trabajos en el sistema de Cosculluela.
Las provincias con mayores afectaciones en el abasto de agua son La Habana, Artemisa, Matanzas, Santiago de Cuba y Holguín, según datos difundidos por autoridades cubanas del sector hidráulico.
En la capital, el mes de septiembre fue calificado de «muy complejo» por Yosvany Rubí, director general de la empresa estatal Aguas de La Habana, quien declaró a la televisión estatal que más de 577,000 personas enfrentaron dificultades con el suministro.
Rubí señaló que los municipios periféricos de Boyeros y El Cotorro concentran la situación «más compleja», por averías en los equipos de bombeo combinadas con la inestabilidad eléctrica.
«Somos el mayor consumidor de energía eléctrica en el país y esto incide directamente en los servicios que prestamos», admitió el directivo.
En Santiago de Cuba, un reporte televisivo citado por EFE indicó que casi 180,000 personas están sin agua por la combinación de sequía, déficit eléctrico y roturas de equipos.
La cadena causal es reconocida por las propias autoridades: más del 85% de las estaciones de bombeo del país dependen de la electricidad, por lo que cada apagón paraliza directamente el suministro hídrico.
A esa dependencia se suma el deterioro de una infraestructura que acumula décadas sin inversión real y una renovación insuficiente: algunas de las principales conductoras de la capital acumulan entre 60 y 70 años de explotación. Las fugas constituyen además una fuente enorme de pérdidas: estimaciones sitúan entre el 40 % y el 70 % el agua bombeada que puede perderse antes de llegar a los hogares, aunque fuentes vinculadas al sector hidráulico permiten documentar pérdidas superiores al 40 %.
A inicios de septiembre, Díaz-Canel prometió mejoras para finales de ese mes y consolidación en octubre; los datos del viernes 2 de octubre confirman que la cifra nacional no se ha movido.
Las consecuencias sanitarias son igualmente graves: el Ministerio de Salud Pública admitió a finales de septiembre un aumento simultáneo de dengue —7,4 veces por encima del nivel esperado—, diarreas, hepatitis A e infecciones respiratorias, vinculado directamente a las limitaciones en saneamiento y tratamiento del agua.
El plan oficial contempla como solución de largo plazo la instalación de 200 MW de energía solar para independizar el bombeo de la red eléctrica nacional, una meta fijada para los primeros meses de 2027, lo que significa que millones de cubanos deberán seguir enfrentando la misma crisis al menos durante varios meses más.
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