Un inmigrante cubano residente en Arizona recibió una multa de 1,820,252 dólares por permanecer en Estados Unidos pese a tener una orden de deportación. Meses después, un juez federal suspendió el mecanismo utilizado por la administración de Donald Trump para imponer este tipo de sanciones millonarias
El cubano, identificado únicamente como Sánchez por temor a represalias, trabaja como jardinero y llegó a Estados Unidos a los 18 años junto a su familia, que había salido de Cuba tras sufrir persecución política relacionada con la oposición de su padre al régimen castrista, según reportó en mayo Arizona Mirror.
La notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le exigía pagar 1,820,252 dólares, una cantidad que lo dejó en una situación de enorme incertidumbre.
«Ni siquiera puedo dormir de la preocupación. ¿Qué voy a hacer?», declaró entonces al citado medio. El cubano, padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, aseguró además que temía ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Su caso formaba parte de una ofensiva mucho más amplia. Entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, ICE había emitido 65,101 multas civiles por más de 36,000 millones de dólares, según datos del propio DHS citados por Arizona Mirror.
Ahora, esa política enfrenta un importante freno judicial.
El juez federal George A. O’Toole Jr., del Tribunal de Distrito de Massachusetts, ordenó el pasado 30 de septiembre suspender la aplicación de la normativa provisional cuestionada en el litigio y las sanciones alcanzadas por su decisión mientras continúa el proceso.
La decisión es consecuencia de una demanda presentada por dos inmigrantes identificadas como Maria L. y Nancy M., junto al Immigrant Legal Resource Center, contra varias agencias del Gobierno federal.
Una de ellas, Nancy M., había sido sancionada con aproximadamente 1,82 millones de dólares pese a permanecer en Estados Unidos bajo una orden de supervisión migratoria. Posteriormente obtuvo la aprobación de una visa de inmigrante y fue admitida en Estados Unidos como residente permanente legal
Juez cuestiona cómo se imponían las multas
El tribunal consideró que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que el Gobierno estaba imponiendo sanciones sin determinar individualmente si cada inmigrante había incumplido una orden de salida de manera realmente «intencional» o «voluntaria», condiciones previstas en las disposiciones legales utilizadas para imponer las multas.
El fallo también cuestionó el procedimiento establecido por DHS y el Departamento de Justicia en junio de 2025.
La nueva normativa permitía emitir directamente las multas, notificarlas mediante correo ordinario y reducía de 30 a 15 días el plazo disponible para impugnarlas. Además, eliminó determinadas opciones previstas anteriormente, incluida la posibilidad de solicitar una entrevista presencial.
O’Toole señaló que 15 días podían resultar insuficientes para que un inmigrante recibiera la notificación, comprendiera su contenido jurídico en inglés, reuniera documentos, preparara su defensa y enviara una respuesta.
El tribunal consideró además probable que los demandantes logren demostrar que la administración incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo al implementar la normativa sin completar previamente el proceso habitual de aviso y comentarios públicos.
Desde abril de 2025 se informó sobre los planes de la administración Trump para aplicar multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que no cumplieran órdenes finales de deportación, junto con la posibilidad de confiscar bienes en caso de impago.
En mayo de ese año, se reportó el caso de un inmigrante hispano residente en Maryland que recibió una sanción de 1,771,450 dólares.
También una mujer hondureña de 41 años residente en Florida y madre de tres ciudadanos estadounidenses que recibió una multa de 1,82 millones de dólares después de permanecer en el país tras una orden de deportación emitida en 2005.
La suspensión dictada ahora por el tribunal de Massachusetts no supone una anulación definitiva de las multas ni una sentencia final sobre la legalidad de la política.
El propio juez señaló que el Gobierno puede continuar aplicando las disposiciones legales sobre sanciones migratorias mediante los procedimientos existentes antes de la normativa de junio de 2025 mientras avanza el caso.
La orden judicial permanecerá vigente hasta una nueva decisión del tribunal.
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