Una coalición de organizaciones de inmigrantes, sindicatos, profesores universitarios y solicitantes de residencia permanente presentó una demanda federal contra dos políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que endurecen los requisitos para obtener la green card sin salir del país.
La acción judicial, presentada el 5 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts, cuestiona un memorando de mayo que refuerza los criterios discrecionales para aprobar ajustes de estatus y una directiva de agosto que permite denegar determinadas solicitudes migratorias sin ofrecer previamente la oportunidad de aportar más pruebas.
Los demandantes sostienen que ambas medidas pueden provocar separaciones familiares, interrupciones laborales y dificultades para inmigrantes que ya viven legalmente en Estados Unidos y buscan obtener la residencia permanente.
El procedimiento, identificado como American Association of University Professors et al. v. Mullin et al., expediente 1:26-cv-14527, se encuentra en una fase inicial. La presentación de la demanda no suspende automáticamente las políticas impugnadas.
Los documentos y detalles del proceso pueden consultarse en la página oficial del litigio publicada por Democracy Forward, una de las organizaciones que representa a los demandantes.
La primera política: mayores exigencias para obtener la green card dentro de EE.UU.
La primera medida cuestionada es el memorando PM-602-0199, emitido por USCIS el 21 de mayo de 2026, que caracteriza el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos como un beneficio discrecional de carácter extraordinario, en lugar de una alternativa ordinaria al procesamiento consular.
El documento oficial de USCIS recuerda que cumplir los requisitos legales para solicitar una residencia permanente no garantiza necesariamente su aprobación cuando la legislación concede discrecionalidad a la agencia.
Según los demandantes, la nueva interpretación permite considerar negativamente que una persona solicite su residencia dentro de Estados Unidos en vez de tramitar una visa de inmigrante ante un consulado en el extranjero.
La política también contempla que determinados factores desfavorables deban ser compensados con circunstancias positivas inusuales o especialmente relevantes.
USCIS, por su parte, sostiene que el memorando reafirma el carácter discrecional de numerosos ajustes de estatus y la importancia del procedimiento consular previsto en la legislación migratoria.
Esto no significa que todos los extranjeros estén obligados a abandonar Estados Unidos para obtener la residencia. El propio documento reconoce excepciones, incluidas categorías migratorias para las que el ajuste dentro del país constituye la vía prevista por la ley.
CiberCuba informó en mayo sobre el endurecimiento de los criterios de ajuste de estatus y las dudas que la medida generó entre inmigrantes con solicitudes pendientes.
La segunda política: USCIS puede denegar solicitudes sin pedir más pruebas
La demanda también cuestiona la actualización PA-2026-05, publicada el 5 de agosto de 2026, que modificó los procedimientos utilizados por USCIS para solicitar pruebas adicionales antes de resolver determinados beneficios migratorios.
La directiva permite a los funcionarios denegar una solicitud sin emitir previamente una Solicitud de Evidencia (RFE) o un Aviso de Intención de Denegar (NOID) cuando faltan pruebas iniciales obligatorias o el expediente no demuestra los requisitos de elegibilidad.
Según USCIS, el cambio busca reducir las solicitudes incompletas o carentes de fundamento y mejorar la eficiencia administrativa. La medida se aplica a solicitudes pendientes y a las presentadas desde su entrada en vigor, salvo las excepciones legales o reglamentarias correspondientes.
Los demandantes consideran, sin embargo, que la aplicación conjunta de las dos políticas puede perjudicar especialmente a personas que presentaron sus expedientes antes de que se establecieran los nuevos criterios de evaluación.
Su argumento es que algunos solicitantes podrían recibir una decisión desfavorable sin haber tenido una oportunidad adicional para aportar documentación relacionada con exigencias que no existían cuando presentaron su petición.
Esto no supone la eliminación de todas las solicitudes de pruebas adicionales: los oficiales conservan la facultad de emitirlas cuando corresponda.
CiberCuba explicó en agosto cómo USCIS endureció los requisitos de evidencia y qué consecuencias podían tener los expedientes incompletos.
Quiénes presentaron la demanda y qué solicitan
Entre los demandantes figuran la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), sus capítulos de Harvard y la Universidad de Boston, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), varias organizaciones sindicales afiliadas y Americans for Immigrant Justice.
También participan seis solicitantes individuales de residencia permanente.
Las organizaciones están representadas por equipos jurídicos de Democracy Forward, American Immigration Council, American Immigration Lawyers Association y Colombo & Hurd.
La demanda cuestiona la legalidad de las políticas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos y sostiene que la agencia excedió sus atribuciones o adoptó criterios incompatibles con las garantías del procedimiento migratorio.
Los demandantes solicitan que el tribunal bloquee provisionalmente las medidas y posteriormente las deje sin efecto, además de exigir que USCIS examine las solicitudes afectadas conforme a la legislación y los precedentes aplicables.
Hasta ahora, la presentación del caso no constituye una victoria judicial de los demandantes ni modifica por sí misma los procedimientos vigentes.
¿Cómo afecta esta demanda a los cubanos que esperan la residencia?
La demanda tiene especial interés para los cubanos que buscan una residencia permanente en Estados Unidos, pero es necesario distinguir entre los diferentes procedimientos migratorios.
La Ley de Ajuste Cubano de 1966 establece una vía específica para determinados ciudadanos o naturales de Cuba que, entre otros requisitos, hayan sido inspeccionados y admitidos o puestos en libertad condicional migratoria (parole) y acumulen al menos un año de presencia física en territorio estadounidense.
Esta vía no debe confundirse con los ajustes ordinarios basados en peticiones familiares o laborales.
De hecho, un tribunal federal de Florida examinó anteriormente la aplicación del memorando PM-602-0199 a un grupo de solicitantes cubanos en el caso Acosta Reynoso v. USCIS.
En una resolución judicial de agosto de 2026, el tribunal recogió la posición del Gobierno de que el memorando no se aplica a las solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano y consideró convincente ese argumento, dado que la legislación cubana establece una vía especial para personas físicamente presentes en Estados Unidos.
Ese pronunciamiento permite distinguir los dos regímenes jurídicos, pero no significa que todas las solicitudes cubanas deban ser aprobadas automáticamente ni que sus expedientes estén exentos de otras reglas migratorias.
La propia Ley de Ajuste Cubano contempla una evaluación de elegibilidad y discrecionalidad, y la política general de USCIS sobre pruebas documentales puede ser relevante para determinadas solicitudes, incluidos expedientes presentados mediante el Formulario I-485.
Por otra parte, un ciudadano cubano que solicite residencia mediante una petición familiar, laboral u otra categoría diferente de la Ley de Ajuste Cubano podría encontrarse en una situación jurídica distinta.
El alcance concreto dependerá de la vía utilizada, la documentación disponible y las circunstancias de cada caso.
La discusión surge además cuando los tiempos de espera para obtener la green card mediante la Ley de Ajuste Cubano se han incrementado considerablemente, según estadísticas oficiales analizadas recientemente por CiberCuba.
¿Qué deben hacer los solicitantes con un ajuste de estatus pendiente?
La presentación de esta demanda no modifica automáticamente los plazos, requisitos ni el estado de los expedientes que USCIS está procesando.
Por ello, quienes tengan una solicitud pendiente deben prestar atención a las notificaciones oficiales, mantener actualizada su información de contacto y asegurarse de que la documentación presentada cumple los requisitos correspondientes a su categoría migratoria.
También resulta importante responder dentro del plazo indicado a cualquier solicitud de pruebas adicionales y no asumir que USCIS ofrecerá siempre una oportunidad para completar un expediente insuficiente.
Si una persona recibe una denegación, tiene dudas sobre su elegibilidad o está considerando abandonar Estados Unidos para continuar un trámite, debe consultar previamente con un abogado de inmigración o un representante legal acreditado, ya que las consecuencias pueden variar considerablemente según su historial migratorio.
Por ahora, las dos políticas cuestionadas permanecen vigentes mientras continúa el proceso judicial en Massachusetts.
La principal novedad será determinar si el tribunal concede alguna medida cautelar que limite su aplicación o si, por el contrario, permite que USCIS continúe utilizándolas mientras se decide el fondo de la demanda.
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