La libreta de abastecimiento, durante décadas uno de los símbolos más reconocibles del modelo socialista cubano, parece atravesar su fase final: un recorrido de la agencia AFP por distintos puntos de La Habana encontró bodegas cerradas, prácticamente vacías o convertidas en los nuevos «mercados de barrio», mientras el régimen continúa desmontando el sistema de subsidios universales sin anunciar formalmente su desaparición.
AFP visitó este lunes varios puntos de la capital cubana y constató que en los últimos días los consumidores no habían podido adquirir productos mediante la libreta.
El recorrido aporta una constatación sobre el terreno de un proceso que el régimen ha venido anunciando de forma fragmentada: la sustitución de los subsidios universales por ayudas focalizadas a determinados grupos considerados vulnerables y la reconversión de la antigua red estatal de bodegas.
En el barrio habanero del Cerro, Paula Sonia Santiago, de 64 años, resumió a AFP lo que observa a su alrededor: «Queramos o no entenderlo, la están enterrando», dijo sobre la bodega tradicional.
«Es un cambio total», añadió. Según su testimonio, muchos cubanos afrontan con inquietud la desaparición de un sistema al que estuvieron acostumbrados durante prácticamente toda su vida.
La preocupación es especialmente visible entre jubilados y personas con bajos ingresos. América Guillén, de 82 años, recordó que incluso durante las etapas de mayor escasez la libreta permitía garantizar «un mínimo» de alimentos «a los que tenemos poquito».
La versión ampliada del despacho de AFP publicada en Brasil señala que Guillén recibe una pensión mínima de 3,000 pesos mensuales y asegura que los sectores más pobres están atravesando serias dificultades para adquirir alimentos fuera del sistema subsidiado.
Durante los últimos meses, según el recorrido de la agencia, las bodegas llegaron a ofrecer mediante la libreta prácticamente solo arroz y azúcar, mientras el resto de los alimentos debía adquirirse en comercios estatales en divisas, negocios privados u otros mercados con precios considerablemente superiores.
La progresiva desaparición de productos de la cartilla no comenzó ahora. El sistema se deterioró durante décadas, con sucesivas reducciones de artículos subvencionados, hasta alcanzar su mínima expresión en medio de la actual crisis económica.
El propio primer ministro Manuel Marrero había dejado claro que la política oficial consiste en abandonar gradualmente el subsidio generalizado de productos y pasar a «subsidiar personas» consideradas vulnerables.
El cambio quedó todavía más claro este fin de semana, cuando Marrero anunció una asignación mensual de alimentos para 883.000 cubanos clasificados como de mayor vulnerabilidad: cinco libras de arroz, una de azúcar y otra de granos.
El nuevo esquema rompe con la lógica que durante décadas rigió la libreta, mediante la cual determinados productos subvencionados correspondían a todos los consumidores inscritos, independientemente de sus ingresos.
Paralelamente, el régimen comenzó a reconvertir bodegas, carnicerías y otros establecimientos estatales en los llamados «mercados de barrio», cuya administración puede quedar incluso en manos de actores privados.
AFP señala que ya funcionaban 24 establecimientos de ese tipo y que comercializaban alrededor de una veintena de productos básicos con precios entre un 10 % y un 15 % inferiores a los del sector privado. Sin embargo, esa diferencia resulta insuficiente para numerosos consumidores con salarios y pensiones depreciados.
«No es que esté más barato, es que está menos caro que en otros mercados», resumió a AFP un jubilado de 75 años después de comprar una docena de huevos en uno de estos establecimientos.
Las críticas ya habían comenzado antes del recorrido de la agencia. A finales de septiembre, un cubano encontró apenas cinco productos disponibles en uno de los nuevos mercados de barrio de La Habana y cuestionó cómo podrían comprar allí jubilados y pensionados con ingresos muy inferiores al precio de los alimentos.
La situación ocurre, además, en un país donde un estudio independiente del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba estimó recientemente que el 66 % de la población vive en situación de pobreza económica, unos 6,4 millones de personas. La investigación sostiene que sus ingresos no alcanzan para cubrir la alimentación mínima y otras necesidades esenciales.
La cifra ayuda a dimensionar el impacto que puede tener el tránsito desde una cuota subsidiada, aunque cada vez más reducida e irregular, hacia mercados donde los alimentos se venden a precios cercanos a los del sector privado.
El desmontaje tampoco constituye una decisión repentina. En junio, las autoridades ya habían avanzado en el recorte del sistema de racionamiento, dentro de la política oficial de eliminar subsidios generalizados y dirigir los recursos hacia sectores seleccionados.
La libreta de abastecimiento comenzó a implantarse en Cuba en 1962, cuando el Gobierno estableció legalmente el sistema de racionamiento.
En 1963 quedó consolidada la estructura de distribución que durante décadas funcionó a través de bodegas y oficinas de control. Desde entonces, la cartilla terminó convirtiéndose en una de las instituciones económicas más identificables de la Revolución y permitió adquirir cantidades predeterminadas de alimentos y otros productos a precios fuertemente subsidiados.
Con el paso de los años, sin embargo, las entregas fueron haciéndose cada vez más insuficientes, incompletas y tardías, mientras numerosos productos desaparecieron progresivamente de la canasta normada.
AFP presenta ahora una imagen particularmente gráfica de esa transformación: bodegas cerradas, consumidores que ya no reciben prácticamente nada mediante la cartilla y antiguos establecimientos estatales convertidos en mercados donde hay que comprar los productos a precios mucho más cercanos a los comerciales.
Hasta el momento, el régimen cubano no ha declarado oficialmente abolida la libreta de abastecimiento. Sin embargo, la combinación de la reducción extrema de sus productos, el cierre o reconversión de bodegas y el nuevo esquema dirigido únicamente a determinados sectores vulnerables muestra que el sistema universal que marcó durante décadas la vida cotidiana de los cubanos está siendo progresivamente desmantelado.
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