Cubanos deportados desde Estados Unidos a países africanos han relatado meses de encarcelamiento, traslados sin conocer su destino y dificultades para acceder a una defensa legal, según un informe publicado este jueves 8 de octubre por Human Rights Watch (HRW). La organización documenta testimonios de migrantes enviados a países con los que no tenían vínculos y cuestiona las garantías ofrecidas durante el procedimiento.
El estudio, de 125 páginas y titulado To Scare People («Para asustar a la gente»), examina las deportaciones a terceros países africanos implementadas por la administración de Donald Trump. Entre los relatos aparecen los de hombres cubanos enviados a Esuatini, donde terminaron recluidos en una prisión de máxima seguridad después de haber cumplido penas penales en Estados Unidos.
Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) analizados por HRW, 536 personas de diversas nacionalidades fueron trasladadas desde Estados Unidos a países africanos que no eran los suyos entre el 20 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026. Esa cifra no corresponde únicamente a cubanos. El informe reúne entrevistas efectuadas entre febrero y julio de 2026 a 24 personas trasladadas a seis países africanos, además de documentos judiciales y registros oficiales. HRW resumió los hallazgos en un comunicado difundido este jueves.
Un cubano llegado por el Mariel relata cómo terminó en una prisión africana
Uno de los testimonios recogidos por HRW es el de Geraldo C., identificado mediante un seudónimo como un cubano de 59 años que llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel, en 1980. Según su relato, agentes migratorios lo detuvieron en junio de 2025 durante una cita periódica con ICE en el condado de Broward, Florida.
El hombre contó que pasó por el centro de detención Krome, en Miami, y por instalaciones de El Paso, Texas. Denunció hacinamiento, personas durmiendo en el suelo y condiciones sanitarias deficientes. Posteriormente fue trasladado a Esuatini, en el sur de África. Al describir su llegada, relató que encontró soldados fuertemente armados y que fue conducido a un vehículo penitenciario.
Otro cubano, identificado en el informe como Alberto C., de 60 años, afirmó que estuvo seis meses detenido en Buffalo, Nueva York, antes de ser deportado a Esuatini en octubre de 2025. Según su declaración, pasó por varias escalas y centros de detención sin que le explicaran que terminaría en África.
Los nombres abreviados utilizados por HRW son seudónimos destinados a proteger a las personas entrevistadas. Por ello, no deben identificarse automáticamente con los cubanos que anteriormente han aparecido con sus nombres completos en reportajes y videos difundidos por redes sociales.
«Me tienen secuestrado»: denuncia de detención prolongada en Esuatini
El informe incluye además las palabras de Alfredo C., otro cubano de 60 años que llevaba nueve meses detenido en Esuatini cuando fue entrevistado en junio. Aseguró que no consintió su traslado y describió el impacto psicológico de permanecer encarcelado sin saber cuándo saldría. «Me tienen secuestrado, no firmé para venir aquí», declaró, según la traducción de su testimonio recogido por HRW.
Según la organización, Esuatini había recibido 32 deportados de diferentes nacionalidades en cinco grupos hasta septiembre de 2026. Entre ellos figuraban ciudadanos cubanos. Los trasladados fueron enviados al complejo penitenciario de Matsapha, donde organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de mecanismos efectivos para impugnar la detención.
El acuerdo entre Washington y Esuatini contempla una aportación estadounidense de 5,1 millones de dólares para reforzar la capacidad de gestión fronteriza y migratoria del país africano, a cambio de recibir hasta 160 personas deportadas. Ese dinero está previsto en el acuerdo gubernamental y no representa un pago individual a cada deportado.
La situación no es nueva para los lectores de CiberCuba. En abril, este medio informó sobre la denuncia de un cubano que decía haber sido tratado como mercancía tras su traslado a Esuatini. En mayo, también recogió el caso de Juan Carlos Font Agüero, quien pedía regresar a Cuba después de meses detenido en ese país. El nuevo informe de HRW aporta una investigación más amplia sobre las prácticas denunciadas.
Otros cubanos fueron enviados a República Centroafricana y Guinea Ecuatorial
Los traslados no se limitaron a Esuatini. La investigación de HRW señala que un vuelo llegado a la República Centroafricana el 31 de julio llevaba personas procedentes de Cuba y otras nacionalidades. También documenta un grupo trasladado a Guinea Ecuatorial en agosto, después de que varios deportados se negaran a desembarcar en Liberia.
CiberCuba relató anteriormente el caso de Yasmany Moreno de Armas, un cubano deportado a Bangui que afirmó haberse enterado de su destino cuando ya estaba en vuelo. En septiembre, el medio informó de sus intentos de ayudar a otros latinoamericanos trasladados al mismo país.
En una información independiente publicada este jueves, Associated Press presentó el testimonio de Daniela Fuentes, una cubana transgénero de 32 años que vivía en Miami y fue deportada a República Centroafricana el 29 de agosto. Fuentes describió las dificultades para vivir con seguridad y libertad en un país donde no tiene vínculos personales. Su testimonio a AP no debe confundirse con las entrevistas realizadas por HRW, aunque retrata otra consecuencia humana de la misma política migratoria.
¿Qué dice Estados Unidos y qué ha decidido la Justicia?
El Gobierno estadounidense defiende las deportaciones a terceros países como una herramienta para ejecutar órdenes migratorias, especialmente cuando el país de origen no acepta el retorno de determinados ciudadanos. También sostiene que obtiene garantías de los gobiernos receptores sobre el trato que recibirán las personas trasladadas. HRW objeta que esas garantías no han evitado, en los casos investigados, situaciones de detención arbitraria y riesgos para quienes temen ser devueltos posteriormente a sus lugares de origen.
Los antecedentes de las personas expulsadas son distintos. En el primer grupo enviado a Esuatini había hombres condenados por delitos graves en Estados Unidos; el informe reconoce esos antecedentes y precisa que habían cumplido sus penas. Otros cubanos enviados a países africanos han declarado no tener historial penal, aunque sus situaciones individuales requieren documentación independiente. Haber cumplido una condena no resuelve, por sí solo, las cuestiones sobre las condiciones de detención y las garantías de una deportación posterior.
El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema permitió temporalmente que el Gobierno de Trump continuara aplicando estas deportaciones mientras examina el litigio sobre sus requisitos legales. CiberCuba explicó las implicaciones de esa decisión para los migrantes cubanos. La resolución provisional no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad de toda la política.
Human Rights Watch reclama procedimientos que permitan conocer y cuestionar el país de destino, asistencia jurídica y garantías efectivas frente a la persecución o la tortura. Su investigación deja planteada una pregunta central para los cubanos expulsados hacia África: qué recursos reales tienen para impugnar su traslado y evitar permanecer indefinidamente en países donde no tienen familia, residencia ni una vía clara de protección.
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