El programa de exportación de trabajadores del régimen cubano, que incluye las misiones médicas en el extranjero, pasó de aproximadamente 24.000 integrantes a comienzos de 2025 a entre 15.000 y 18.000 durante 2026, según el Informe sobre Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La diferencia representa entre 6.000 y 9.000 trabajadores menos, una reducción que Washington atribuye en parte a su ofensiva diplomática contra los convenios internacionales de contratación de personal cubano y a las restricciones de visas adoptadas contra funcionarios vinculados a ese sistema.
El documento, publicado el 8 de octubre, también señala que cuatro países pusieron fin a sus acuerdos bilaterales con el Gobierno cubano durante 2025, aunque el apartado especial sobre el programa de exportación laboral no identifica cuáles fueron esos países.
A pesar del retroceso, el Departamento de Estado estima que en 2026 todavía había trabajadores vinculados a esas misiones en 53 países.
Entre un 25 % y un 37,5 % menos de trabajadores
La comparación de las cifras estadounidenses apunta a una disminución aproximada de entre el 25 % y el 37,5 % respecto a los 24.000 trabajadores contabilizados al comenzar 2025.
Es importante distinguir que el informe se refiere al conjunto del programa de exportación de trabajadores civiles del Estado cubano, y no únicamente a los médicos. Según el Departamento de Estado, los profesionales sanitarios representan el 75 % de esa fuerza laboral.
El documento no incluye en su apartado especial una relación de los trabajadores que abandonaron el programa, un desglose de las reducciones por país ni información suficiente para establecer cuántos regresaron a Cuba, pasaron a otros empleos o fueron contratados directamente por instituciones extranjeras.
La administración estadounidense sostiene que sus gestiones con los países receptores contribuyeron decisivamente a reducir el número de trabajadores sometidos a los mecanismos de contratación de La Habana.
El informe identifica como herramientas de esa estrategia la presión diplomática, las restricciones de visas y la promoción de alternativas de contratación que eliminen la intermediación del Estado cubano. Sin embargo, las cifras publicadas no permiten atribuir de manera independiente toda la reducción exclusivamente a esas medidas.
Las estadísticas disponibles tampoco son plenamente coincidentes. En junio de 2025, el propio ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, aseguró que más de 23.000 profesionales sanitarios prestaban servicios en 56 países. Aquella declaración corresponde a una fecha y una categoría de personal diferentes de las utilizadas por Washington. Sin una metodología común y datos desglosados, ambas series no pueden compararse directamente.
La presión de Estados Unidos alcanza a los contratos y salarios
Uno de los principales objetivos de Washington es modificar los convenios mediante los cuales gobiernos extranjeros pagan al Estado cubano por los servicios de profesionales enviados a trabajar en sus territorios.
El informe estadounidense sostiene que el régimen retiene entre el 50 % y el 95 % de las remuneraciones correspondientes a sus trabajadores en el extranjero, mientras estos reciben estipendios muy inferiores a los de otros profesionales que realizan funciones similares.
El documento también denuncia restricciones a la libertad de movimiento, control de pasaportes y credenciales profesionales, vigilancia y amenazas contra trabajadores o sus familiares.
Según testimonios de antiguos integrantes recogidos por el Departamento de Estado, algunos profesionales habrían sido obligados a trabajar jornadas excesivas, aceptar condiciones laborales precarias e incluso alterar expedientes y procedimientos médicos.
Se trata de denuncias recogidas por las autoridades estadounidenses, no de sentencias judiciales individualizadas contra todos los integrantes o responsables de las misiones.
El Departamento de Estado sostiene que la retención de salarios permite al régimen mantener el control económico sobre los trabajadores, incluso cuando los países receptores entregan directamente parte de las remuneraciones a los profesionales.
El informe reconoce que los mecanismos de pago varían según el país, pero advierte que mantener al Gobierno cubano como intermediario dificulta la protección efectiva de los derechos laborales.
Uruguay cambia los pagos sin retirar a los profesionales cubanos
El caso de Uruguay muestra cómo algunos gobiernos están modificando sus convenios sin necesariamente poner fin a la cooperación sanitaria.
El 7 de octubre, CiberCuba informó que Uruguay había comenzado a pagar directamente a los profesionales cubanos vinculados al Hospital de Ojos José Martí, en Montevideo.
El cambio elimina el mecanismo anterior de transferencia de fondos a la estructura de la brigada cubana, aunque las autoridades uruguayas aseguraron que la atención oftalmológica continuaría con normalidad.
Se trata de una modificación del sistema de remuneración y no de una cancelación de la misión. Tampoco debe confundirse con los cuatro acuerdos que, según Washington, terminaron durante 2025.
En julio de 2026, la administración Trump también anunció sanciones contra el ministro cubano de Salud Pública y responsables del sistema de misiones médicas, entre ellos dirigentes de la Unidad Central de Cooperación Médica.
Un golpe a una importante fuente de divisas del régimen
La reducción de trabajadores y la revisión de convenios amenazan una actividad que durante años ha proporcionado ingresos significativos al Gobierno cubano.
El Departamento de Estado describe las misiones sanitarias como una fuente financiera fundamental para el régimen, que obtiene divisas mediante contratos con gobiernos extranjeros y otras entidades.
No obstante, el documento de 2026 no ofrece una estimación comprobable del dinero que La Habana dejó de ingresar como consecuencia de la disminución de personal.
Por tanto, no es posible calcular una pérdida económica concreta a partir de los 6.000 a 9.000 trabajadores menos, ya que los ingresos dependen también de los importes de cada convenio, la duración de los contratos y las modalidades de pago.
El Gobierno cubano rechaza las acusaciones estadounidenses de trabajo forzoso y presenta sus misiones médicas como programas de solidaridad y cooperación internacional. En sus declaraciones oficiales ha defendido la continuidad de las brigadas sanitarias y denunciado la presión estadounidense sobre los países que mantienen acuerdos con La Habana.
Esa posición contrasta con los testimonios de antiguos participantes y con las denuncias sobre restricciones laborales, retención de salarios y represalias recogidas en los informes estadounidenses.
Estados Unidos insiste en la contratación directa
El nuevo balance forma parte de una política más amplia con la que Washington busca que los países receptores examinen las condiciones de los trabajadores cubanos y adopten mecanismos transparentes de contratación.
El Departamento de Estado considera que eliminar la intermediación obligatoria del Gobierno cubano permitiría proteger mejor los salarios, la libertad de movimiento y los derechos de los profesionales.
El Informe sobre Trata de Personas 2026 también mantiene a Cuba en el Nivel 3, la categoría más desfavorable de la evaluación estadounidense sobre los esfuerzos gubernamentales para combatir la trata.
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