Un reportaje de Bloomberg publicado este lunes sobre el traslado del empresario Álvaro Pulido Vargas a la justicia estadounidense incluye una mención que ha encendido las alarmas en el entorno chavista: entre las personas cuya custodia busca Washington figuran el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno.
El medio financiero no afirma que ambos sean los próximos en ser extraditados, pero los identifica explícitamente como objetivos de las autoridades estadounidenses en el marco de una cooperación judicial que no ha dejado de crecer desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
«Entre las personas buscadas por las autoridades estadounidenses se encuentran el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, detenido en Venezuela desde 2024, y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno», señala el texto de Bloomberg.
El contexto que rodea esa mención es lo que la hace significativa.
Pulido Vargas es al menos la tercera persona trasladada de Venezuela a EE.UU. en lo que va de 2026, y la segunda solo en octubre. Antes que él, en mayo, Venezuela entregó a Alex Saab —exasesor financiero y exministro de Maduro—, quien se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Miami en julio.
A principios de este mes, Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue enviado para responder a cargos de fraude bancario y apoyo material a terroristas.
Este patrón de entregas sostenidas refleja la política del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que desde que sustituyó a Maduro ha reorientado a Venezuela hacia las prioridades de Washington. Bloomberg describe ese giro como «una creciente cooperación policial entre Caracas y Washington».
Trump se reunió con Rodríguez en Nueva York en septiembre, y EE.UU. la retiró de su lista de sancionados en abril de 2026, reconociendo su inmunidad como jefa de Estado.
El marco político de estas entregas es el plan de tres fases articulado por el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y transición con elecciones libres y multipartidistas, que Washington usa como hoja de ruta para normalizar relaciones con Caracas a cambio de cooperación judicial y apertura económica.
En ese escenario, El Aissami y Moreno reúnen todas las condiciones para ser candidatos naturales.
El primero, exvicepresidente y exministro de Petróleo, fue acusado formalmente por EE.UU. en 2019 por vínculos con el narcotráfico, con una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre su paradero, y permanece detenido en Venezuela desde abril de 2024.
El segundo, que presidió el Tribunal Supremo entre 2017 y 2022, fue acusado en 2020 por lavado de dinero y sobornos para influir en decisiones judiciales, con una recompensa de cinco millones de dólares.
Hay, sin embargo, un obstáculo jurídico que Caracas ha tenido que sortear en cada entrega: la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Bloomberg señala que ese escollo «plantea nuevas dudas sobre cómo Caracas está llevando a cabo la entrega», sin que el gobierno haya explicado públicamente el mecanismo legal que utiliza.
Mientras tanto, Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Brooklyn, donde enfrentan cargos de narcoterrorismo y, desde el 8 de octubre, una nueva acusación por conspiración para cometer tortura, lo que subraya que la presión judicial de Washington sobre el entorno chavista no muestra señales de detenerse.
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