El régimen de Daniel Ortega despojó a finales de agosto a nueve jubilados estadounidenses de sus viviendas de lujo en playa Gavilán, municipio de Tola, en el departamento de Rivas, y las transfirió al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según una investigación de Confidencial.
Las pérdidas totales —construcciones, mejoras y pertenencias personales que permanecían en el interior— fueron estimadas por los propietarios en 15 millones de dólares.
El mecanismo empleado es el mismo que la dictadura ha utilizado sistemáticamente contra opositores y ex presos políticos nicaragüenses: la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confisca el bien sin notificación ni proceso legal transparente y luego lo «dona» al INSS.
Este caso marca un hito: es la primera vez conocida que esa fórmula se aplica a ciudadanos extranjeros, en particular estadounidenses.
Los jubilados llegaron a Nicaragua en la década de 2000 y terminaron de construir sus casas en 2010, amparados en la Ley 690 para el Desarrollo de Zonas Costeras, que permite a particulares ser propietarios de las construcciones aunque el terreno sea del Estado.
Durante más de 15 años pagaron puntualmente un canon anual de 1,000 dólares a la Alcaldía de Tola —administrada por el Frente Sandinista— más el Impuesto de Bienes Inmuebles, bajo contratos de arrendamiento renovables.
En 2026, la alcaldía canceló unilateralmente esos contratos sin previo aviso.
«Teníamos más de 15 años viviendo en paz, pagando anualmente a la Alcaldía de Tola, el Impuesto de Bienes Inmuebles y nuestro contrato de arriendo, que era renovable. De la nada, canceló el contrato de arriendo de este año y nos quitaron nuestras casas», declaró uno de los afectados.
El día de la confiscación, hombres que se identificaron como «funcionarios del INSS» llegaron a las propiedades y ordenaron a los vigilantes retirarse porque las casas habían «pasado a manos de la institución».
Los dueños se enteraron por sus propios empleados; al consultar con la Policía y la Alcaldía de Tola, les confirmaron que los inmuebles ya eran del Estado.
Las viviendas, de arquitectura mediterránea, estaban completamente amuebladas —algunas con piscina y paneles solares— y contenían muebles, electrodomésticos, ropa y artículos personales de los propietarios.
La construcción de la casa más pequeña rondó los 500,000 dólares; la más grande, entre 700,000 y 800,000 dólares.
Cuando los jubilados contactaron la sede central del INSS en Managua, un funcionario les ofreció alquilarles sus propias casas por unos 2,000 dólares mensuales.
«Es una burla, nos quitan nuestras casas y después nos las quieren alquilar», respondió uno de los propietarios.
La confiscación también dejó sin empleo a unos 15 trabajadores locales que se desempeñaban en vigilancia, jardinería, mantenimiento, limpieza y cocina.
«No creo que ellos tengan idea del daño que están causando. Varias personas han perdido su trabajo, pero nosotros también gastábamos en negocios locales», señaló otro de los afectados.
Los jubilados denunciaron el caso ante la Embajada de Estados Unidos en Managua, pero recibieron como respuesta que la representación diplomática no podía intervenir en asuntos de propiedad.
Un vocero del Departamento de Estado calificó la situación de «profundamente lamentable» y recordó que su alerta de viaje para Nicaragua —actualizada en julio de 2026 al nivel 3 («reconsiderar el viaje»)— ya advertía que las autoridades pueden incautar bienes sin previo aviso ni justificación legal.
Este caso se inscribe en un patrón de despojo acelerado: entre 2024 y octubre de 2026, la PGJ transfirió al INSS más de 370 propiedades confiscadas.
En abril de 2026, Estados Unidos sancionó a hijos de Ortega y a empresas vinculadas al sector aurífero por facilitar confiscaciones de activos estadounidenses, en un contexto de presión creciente sobre el régimen.
«Lo que más duele es que nos han arrebatado el sueño de vivir en paz en este país, del cual nos enamoramos y decidimos invertir para quedarnos», resumió uno de los jubilados despojados.
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