El propio régimen cubano reconoció que unos 2,5 millones de personas en toda la isla tienen afectado total o parcialmente el acceso al agua potable como consecuencia directa de los apagones, según declaraciones de Alexis Acosta, vicepresidente del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
La admisión en televisión es significativa porque eleva a escala nacional una crisis que hasta ahora el régimen había reconocido solo de forma fragmentada, provincia por provincia.
«La situación se mantiene compleja a partir de la contracción en la generación de electricidad, en el día de ayer cerramos con un 32 por ciento de la población que recibe servicio de abasto de agua por redes parcial o total, alrededor de 2,5 millones de habitantes afectados», declaró Acosta.
Dicho de otro modo: el domingo apenas uno de cada tres cubanos abastecidos por la red pública recibió agua de forma completa.
La Habana y Matanzas, las dos provincias más pobladas del occidente del país, encabezan las afectaciones. En la capital, la crisis se agravó durante el fin de semana por fallas mecánicas simultáneas en las conductoras Cuenca Sur —de 78 pulgadas— y Cosculluela, las dos arterias principales del sistema habanero.
El problema de fondo es estructural: las estaciones de bombeo necesitan entre 10 y 12 horas continuas de electricidad para operar, un umbral que resulta inalcanzable cuando la Unión Eléctrica reporta apagones que superan las 20 horas en zonas urbanas y las 30 horas en áreas rurales.
El INRH ha documentado que la falta de electricidad y las averías de bombeo explican el 88% de las incidencias nacionales de falta de agua; la sequía apenas el 4%. El 87% de los acueductos del país depende del Sistema Electroenergético Nacional, lo que convierte cada corte de luz en un corte de agua simultáneo para cientos de miles de familias.
La cifra del lunes no es un pico aislado. A principios de octubre el INRH ya había reconocido 2,7 millones de afectados, prácticamente la misma proporción que en mayo, lo que evidencia que la crisis no retrocede.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estimó en septiembre que el número real podría alcanzar los 3,5 millones de personas.
Detrás de los apagones hay una crisis energética que el régimen no ha podido revertir. En todo 2026, Cuba solo ha recibido un cargamento de crudo ruso de 100,000 toneladas, llegado a finales de marzo, que alivió los apagones apenas dos semanas.
Este martes, la Unión Eléctrica pronosticó una disponibilidad de 830 megavatios frente a una demanda de 2,820 megavatios, con un déficit de generación de cerca de 2,000 megavatios.
Las consecuencias sanitarias son graves. El Ministerio de Salud Pública admitió a finales de septiembre un aumento simultáneo de dengue, diarreas, hepatitis e infecciones respiratorias, vinculando directamente las enfermedades diarreicas y la hepatitis a los problemas de saneamiento derivados de la falta de agua. Una pediatra cubana alertó semanas después sobre el aumento de hepatitis e infecciones diarreicas en niños.
La contradicción entre la crisis real y el discurso oficial quedó en evidencia el 16 de octubre, cuando Miguel Díaz-Canel, en plena Jornada Nacional de la Defensa, afirmó que Cuba posee una mayor «invulnerabilidad desde el punto de vista militar y de la defensa», mientras una cuarta parte del país carecía de agua estable.
La solución de largo plazo anunciada por el régimen —instalar 200 megavatios de energía solar fotovoltaica para independizar el bombeo de la red eléctrica— no está prevista hasta los primeros meses de 2027.
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