La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó este domingo, en el marco de su 82.ª Asamblea General celebrada en Bogotá, un informe que denuncia «patrones persistentes y nuevas modalidades de restricción a la libertad de expresión» en Cuba, con especial énfasis en el uso de la policía y los tribunales como herramientas de represión contra periodistas, creadores de contenido y activistas.
El documento señala que estas prácticas se han traducido en «un aumento de las detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales, profundizando las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa».
El caso que la SIP califica de «mayor gravedad» es el del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la propia organización.
Constantín fue arrestado en septiembre en Camagüey y trasladado a la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, donde permanece en prisión provisional. Las autoridades cubanas le atribuyen el delito de «desobediencia» por haber llegado tarde a una citación de la Seguridad del Estado, cuando los agentes ya se habían retirado.
El Tribunal Provincial Popular de Camagüey rechazó el recurso de habeas corpus presentado en su favor. A mediados de octubre, funcionarios del penal afirmaron haber encontrado un cuchillo entre sus pertenencias durante una requisa —hecho que Constantín negó y atribuyó a una siembra—, lo que derivó en su traslado a una celda de castigo y la suspensión de visitas y llamadas telefónicas. Tanto Reporteros Sin Fronteras como el Departamento de Estado de Estados Unidos exigieron su liberación inmediata a finales de septiembre.
El informe también documenta el caso de Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, fundadores del proyecto audiovisual El4tico (El Cuartico), presos desde febrero por videos de sátira y análisis político.
La Fiscalía Provincial de Holguín solicitó 10 años de prisión para Zayas y ocho para Medina, acusados de «propaganda contra el orden constitucional» e «instigación a delinquir» en un contexto que la SIP describe como «criminalización» de los espacios de opinión en redes sociales.
La organización cita además a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente —conocida como Anna Bensi—, de 21 años, y a su madre, Caridad Silvente, condenadas el 1 de octubre a dos años de «limitación de libertad» por grabar y difundir un video de un suboficial del Ministerio del Interior que llegó a su domicilio a entregar una citación.
El informe menciona también a los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por participar en protestas, y a Mayelín Rodríguez Prado, quien cumple una condena de 15 años por haber transmitido en Facebook una manifestación en Camagüey en 2022.
Entre las restricciones estructurales, la SIP subraya el Decreto 160, vigente desde agosto de 2026, que cierra la posibilidad de que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas y mantiene bajo control estatal el periodismo, las agencias de noticias, la radiodifusión y las editoriales.
El organismo denuncia además la categoría de «regulados» —periodistas con prohibición de salida del país—, calificándola de «mecanismo adicional de presión y control», junto con los cortes de internet, la escasez de papel y las citaciones verbales que «suelen funcionar como antesala de detenciones y procesos penales».
Este panorama se enmarca en un aumento del 129% de la represión contra periodistas independientes en septiembre respecto a agosto, según el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, que registró 39 violaciones de libertad de prensa en septiembre frente a 17 en agosto.
La SIP, fundada en 1943 y con sede en Miami, agrupa a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental y es el principal foro hemisférico de evaluación de la libertad de prensa.
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