Una cubana que llegó a Estados Unidos con 11 años durante el éxodo del Mariel, fue sacada a las tres de la madrugada de un centro de detención en Arizona y trasladada en autobús hacia la frontera con México, donde un oficial le presentó un documento de autodeportación con una firma que ella asegura no era suya.
El caso de Dolores Freixa, documentado por una investigación de The Florida Trib, ilustra un patrón que abogadas de inmigración describen como sistemático: traslados nocturnos sin aviso, documentos presentados bajo presión y detenidos que no entienden lo que firman.
En junio, Freixa fue despertada en el Centro de Detención de Eloy (Arizona) y subida a un autobús junto a unos 40 hombres, en su mayoría mexicanos a quienes supuestamente habían dicho que aceptaron «voluntariamente» regresar a su país.
Ella era la única cubana y nadie le explicó a dónde la llevaban. Al llegar a la frontera, se negó a bajar del ómnibus, repitió al oficial que el traslado era ilegal y señaló que la firma del documento no era suya. Fue devuelta al centro en Arizona, una excepción entre quienes han pasado por esa situación.
Freixa cumplió una condena de 2015 por robo, hurto y fraude, y fue trasladada directamente a detención migratoria al salir de prisión.
La abogada Liudmila Marcelo describió el patrón: «Los suben a un autobús sin decirles nada, los llevan a la frontera con México y los obligan a bajar. Le ocurrió a un cliente mío. En su caso, se negó a bajar. Otros sí bajaron y, una vez que lo hicieron, aceptaron su deportación. A mi cliente también le han pedido en múltiples ocasiones que firme documentos».
Este caso forma parte de una serie de situaciones que afectan a migrantes cubanos y otros inmigrantes en Estados Unidos. Sigue toda la actualidad sobre detenciones, deportaciones y derechos migratorios en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
La abogada Andrea Jacoski subrayó que el gobierno de EE.UU. quiere deportar al mayor número posible de personas, y señaló la vulnerabilidad específica de los cubanos: «Desafortunadamente, muchos cubanos tienen órdenes de deportación, y es como pescar en un barril, porque estas personas llevan décadas presentándose ante las oficinas de ICE, cumpliendo la ley y haciendo lo que se supone que deben hacer».
El mecanismo que hace posibles estos traslados es la deportación a terceros países, cuando el régimen cubano rechaza recibir a sus nacionales, algo que ocurre sistemáticamente con quienes tienen antecedentes penales o salieron antes de 2017.
EE.UU. los envía a México bajo un acuerdo no público entre ambos gobiernos. Según Third Country Deportation Watch, más de 25,000 personas han sido enviadas a 29 países desde enero de 2025.
Un informe de Human Rights Watch de mayo pasado documentó que los cubanos eran el grupo nacional más numeroso entre los deportados a México. Una vez allí, solo reciben diez días de permiso de estancia, sin acceso garantizado a refugio ni atención médica, y quedan expuestos a redes de tráfico y extorsión.
El Departamento de Seguridad Nacional negó cualquier presión: «Es categóricamente falso que presionemos a alguien a autodeportarse», respondió un portavoz, quien añadió que quien acepta regresar voluntariamente recibe vuelo gratuito y un bono de 3,000 dólares.
La abogada Jacoski cuestionó la noción de seguridad que defiende la agencia: «La ley permite la deportación a un tercer país, pero a uno seguro. Muchos de los países a los que se deporta a estas personas están en medio de guerras civiles o conflictos internos».
Este patrón ha afectado a cubanos incluso con décadas de residencia en Estados Unidos. Esta semana trascendió la historia de un cubano que vivió 55 años en el país y fue deportado a México, y la de otro que llegó durante el éxodo del Mariel y ahora, con 72 años, también ha sido expulsado al país azteca.
El pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema suspendió tres el bloqueo judicial a las deportaciones a terceros países; el fondo del caso quedó programado para diciembre.
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