La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, lanzó este lunes una dura respuesta a un grupo de exjefes de gobierno del Caribe que firmaron una carta abierta pidiendo apoyo internacional para la resolución anual de la ONU contra el embargo estadounidense a Cuba, cuya votación está programada para este miércoles 28 de octubre.
En declaraciones al diario Guardian Media, Persad-Bissessar acusó a los firmantes de hipocresía por defender para Cuba un sistema político que, según sostuvo, jamás aceptarían en sus propios países.
«Animo a estos exjefes de la Caricom a presionar para convertir sus propios países en dictaduras gobernadas por los partidos políticos a los que no pertenecían», afirmó.
La mandataria fue aún más directa en su segundo mensaje: «Creo que deberían dejar de hacer el ridículo con esta hipocresía. Mi consejo es que no apoyen un sistema político opresivo impuesto en otro país que no quieren en el suyo; solo quedan como ignorantes y confundidos».
Las declaraciones profundizan las diferencias entre el gobierno de Trinidad y Tobago y antiguos dirigentes de la Comunidad del Caribe (Caricom), que reclaman mantener el respaldo regional a la resolución contra las sanciones estadounidenses.
La carta que encendió la polémica
El detonante fue una carta abierta publicada por el Jamaica Observer, fechada el sábado 24 de octubre y dirigida a todas las naciones del mundo.
El periódico identificó a 10 antiguos dirigentes de la Caricom entre los firmantes: Freundel Stuart (Barbados), Dean Barrow y Said Musa (Belice), Keith Mitchell y Tillman Thomas (Granada), Donald Ramotar (Guyana), Bruce Golding y P.J. Patterson (Jamaica), Kenny Anthony (Santa Lucía) y Ralph Gonsalves (San Vicente y las Granadinas).
Sin embargo, Guardian Media también menciona entre los firmantes al ex primer ministro trinitense Keith Rowley, cuyo nombre no aparece en la relación de 10 dirigentes publicada por el diario jamaicano.
La misiva califica las medidas de Washington contra Cuba de «acciones coercitivas unilaterales» contrarias a la Carta de la ONU y al derecho internacional, y urge a todas las naciones a votar a favor de la resolución.
Los firmantes señalan que desde 1992 la Asamblea General ha aprobado «abrumadoramente» esta resolución cada año, pero que Estados Unidos ha ignorado «la clara voz de la comunidad internacional».
La carta también acusa a Washington de intentar someter a la población cubana mediante privaciones económicas, especialmente a través de restricciones y sanciones a terceros que suministran o transportan combustible hacia la Isla.
Los exmandatarios sostienen que las medidas estadounidenses contra el suministro de gasolina, diésel y otros productos energéticos buscan agravar las dificultades de la población para forzar una rendición política.
También rechazan las presiones diplomáticas de Washington contra la resolución y afirman que Cuba no representa una amenaza para ninguna nación.
La carta, sin embargo, no aborda la situación de los presos políticos cubanos, la represión interna ni las responsabilidades del gobierno de La Habana en la crisis económica y social que atraviesa la Isla.
Una voz disonante en la Caricom
La postura de Persad-Bissessar no es nueva. En febrero, durante la 50.ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Caricom, la primera ministra declaró que no apoyaría una dictadura en Cuba ni en ningún otro lugar, defendiendo las elecciones libres y el pluralismo político.
Esa línea política también quedó reflejada en la abstención de Trinidad y Tobago durante una votación extraordinaria de la ONU celebrada en julio pasado, relacionada con un debate adicional sobre el embargo, que registró 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones.
Granada también se abstuvo en aquella ocasión.
La votación extraordinaria fue distinta de la resolución anual de octubre de 2025, en la que Trinidad y Tobago sí votó a favor, junto con los demás miembros de la Caricom.
El analista de asuntos internacionales Anthony Gonzales considera que el gobierno de Puerto España podría optar por una abstención este miércoles.
«Creo que el país se ha alineado con Estados Unidos y, como hizo el año pasado, probablemente hará lo mismo», señaló Gonzales, según las declaraciones recogidas por Guardian Media.
El experto también apuntó que las críticas públicas del gobierno trinitense al sistema político cubano reflejan un cambio de enfoque en sus relaciones con La Habana.
Presiones internas y externas
Dentro de Trinidad y Tobago, la presión sobre el gobierno va en sentido contrario.
El exministro de Relaciones Exteriores Amery Browne exigió públicamente el lunes, a las puertas del Parlamento, que el país vote a favor de la resolución.
«Creo en la solidaridad de la Caricom. Creo en el derecho de las naciones a expresarse política y económicamente con libertad y sin la carga de sanciones injustas, presiones y, lo que es mucho peor, hambruna, estrangulamiento, un asedio o un bloqueo», declaró Browne.
El exministro defendió que Trinidad y Tobago mantenga su compromiso histórico con la solidaridad regional y el derecho internacional. También sostuvo que anteriores administraciones estadounidenses habían respetado el derecho del país caribeño a mantener una posición independiente sobre Cuba.
A esa voz se sumaron 23 movimientos sociales trinitenses —que representan a trabajadores, agricultores, mujeres, grupos religiosos y otros sectores— que enviaron una carta abierta a Persad-Bissessar exigiendo un voto favorable.
La coalición argumentó que las restricciones estadounidenses buscan provocar dificultades económicas entre los cubanos para forzar un cambio político. También remitió a la primera ministra a un informe del relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales.
El contexto regional también está marcado por una intensa presión diplomática estadounidense antes de la votación: la encargada de negocios de EE.UU. en Barbados y el Caribe Oriental, Karin Sullivan, publicó el 23 de octubre un artículo de opinión dirigido a los gobiernos de la subregión, argumentando que los apagones en Cuba son responsabilidad del régimen, no del embargo.
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, organizó además un foro sobre Cuba en la sede de Naciones Unidas, bajo el título «Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta», en vísperas del debate anual sobre el embargo estadounidense a la isla.
Una resolución con apoyo en declive
La resolución, titulada formalmente «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», se vota en la Asamblea General cada año desde 1992.
Aunque carece de carácter vinculante y no puede obligar a Washington a levantar sus sanciones, tiene un peso político y diplomático considerable.
Su respaldo internacional, no obstante, se ha reducido considerablemente en los últimos años.
En 2024 obtuvo 187 votos a favor; en 2025 cayó a 165 votos favorables, con siete en contra y 12 abstenciones, el peor resultado para el gobierno cubano en más de una década.
Estados Unidos sostiene que sus sanciones buscan presionar a La Habana por las violaciones de derechos humanos y la represión política, mientras que los gobiernos contrarios al embargo argumentan que las restricciones agravan las dificultades económicas de la población.
La votación de este miércoles pondrá nuevamente a prueba el respaldo internacional a la resolución y permitirá conocer si Trinidad y Tobago mantiene su apoyo histórico a la medida o adopta una posición diferente, en medio de las críticas de su primera ministra al sistema político cubano.
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