Anwar Jouda, de 51 años, fue detenido el jueves en el condado de St. Lucie, Florida, acusado de haber desviado presuntamente 862,394.95 dólares en fondos del programa federal de asistencia alimentaria SNAP mediante un sofisticado esquema de robo de identidad que operó en Miami-Dade, según informó el director financiero del estado, Blaise Ingoglia.
Las autoridades señalan que Jouda robó la identidad de una víctima y la de su negocio autorizado para aceptar pagos SNAP —identificado como una tienda Kwik Stop de Miami— sin el conocimiento ni el consentimiento de sus dueños.
Con esos datos, el acusado habría presentado solicitudes fraudulentas de cuentas de comerciante, documentos falsificados e información bancaria alterada para redirigir los depósitos electrónicos del programa hacia sus propias cuentas personales y empresariales.
Parte de ese dinero fue transferida al exterior:las autoridades determinaron que Jouda envió presuntamente una porción de los fondos mediante transferencias bancarias a Ramala, capital de facto de la Autoridad Palestina en Cisjordania.
La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida está compartiendo esa información con socios federales de aplicación de la ley.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez-Rundle, calificó el esquema como «bien organizado, bien planificado y bien ejecutado» y advirtió que «literalmente quitó comida de la boca de familias necesitadas y niños».
«El presunto envío de parte de esos fondos robados del programa SNAP fuera del país constituye un insulto aún mayor para quienes legítimamente necesitan esta ayuda», recalcó.
Jouda enfrenta tres cargos: hurto mayor en primer grado, esquema organizado para defraudar y uso criminal de información de identificación personal. Un juez fijó su fianza en 20,000 dólares.
«Si intentas robarle a los contribuyentes, puedo garantizarte que la ley te alcanzará y te hará enfrentar las consecuencias de tus crímenes», advirtió el director financiero Ingoglia. «El fraude a la asistencia pública no será tolerado en Florida, por lo que mis investigadores persiguen a estos estafadores a diario».
Este tipo de fraude resulta especialmente difícil de detectar porque no afecta directamente a los beneficiarios del programa, sino al negocio autorizado.
El delincuente crea cuentas de comerciante paralelas con los datos del establecimiento legítimo y desvía los depósitos SNAP sin que el propietario reciba ninguna notificación de las transacciones. El comercio víctima puede ignorar el robo durante meses, mientras su autorización ante el Departamento de Agricultura federal queda comprometida.
Este mecanismo es distinto al robo de tarjetas EBT —que perjudica a los beneficiarios— y representa una amenaza directa para los propietarios de bodegas, mercados y tiendas de alimentos que operan como comercios autorizados.
En Miami-Dade, muchos de esos negocios pertenecen a cubanos, quienes además tienen una presencia significativa entre los beneficiarios del programa: los clasificados como «Cuban/Haitian Entrants» pueden acceder a SNAP sin el período de espera de cinco años que aplica a otros residentes permanentes.
El caso se enmarca en una ofensiva sostenida del CFO Ingoglia contra el fraude de asistencia pública en Florida. En mayo, anunció el arresto de Abbas Rehman por un fraude SNAP de casi 2.9 millones de dólares, también mediante robo de identidades de comercios autorizados.
Meses después, un gran jurado federal acusó a cuatro personas por un fraude SNAP de más de 19 millones de dólares en Miami-Dade y Broward que habría operado durante casi siete años.
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