La doctora en Ciencias Históricas Ivette García González, exprofesora titular de la Universidad de La Habana, lanzó esta semana una propuesta que invierte el discurso oficial del régimen: mientras La Habana presentó ante la ONU una resolución sobre los daños del embargo estadounidense, ella convocó a construir una resolución ciudadana que documente el costo del «bloqueo» del propio régimen contra el pueblo.
El punto de partida de García González son los propios datos oficiales. Según la actualización de la resolución que el gobierno cubano presenta cada año ante Naciones Unidas, entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el embargo provocó daños estimados en 8.083,3 millones de dólares, un 7 % más que el período anterior y el mayor costo anual registrado. El acumulado desde 1962 supera, según esa misma fuente oficial, los 178,700 millones de dólares a precios corrientes.
«Pero eso es del gobierno. Deberíamos pensar en una Resolución alternativa de nosotros los ciudadanos», escribió la académica en su perfil de Facebook, proponiendo como título para ese documento ciudadano: «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial, financiero y existencial del régimen cubano contra el pueblo de Cuba».
García González plantea calcular el costo de 67 años de dictadura desde 1959 a partir de al menos 12 indicadores cuantificables. Entre ellos figuran el valor de las propiedades expropiadas entre 1959 y 1967; el de los negocios confiscados en 1968, cuando la llamada «Ofensiva Revolucionaria» de Fidel Castro arrebató decenas de miles de establecimientos privados —bodegas, restaurantes, lavanderías y talleres—, y el de las propiedades cedidas bajo promesas que nunca se cumplieron.
La lista incluye también los salarios nunca pagados a médicos y profesionales cubanos enviados a misiones en América Latina, Asia, África y Europa; los ingresos que dejaron de percibir quienes fueron encarcelados injustamente por ejercer derechos; el valor del trabajo «voluntario» no remunerado de trabajadores y estudiantes durante décadas; los montos sustraídos en el canje de moneda de 1961 y en los cambios monetarios de los últimos seis años; y las indemnizaciones nunca pagadas por accidentes laborales ni por siniestros aéreos y marítimos.
«Hay otras muchas otras cosas que no pueden medirse con dinero, las vidas humanas, por ejemplo», reconoció la académica, aunque sostuvo que «esa lista con indicadores cuantificables, crecería mucho con los aportes de todos».
La propuesta llega en un momento de particular relevancia diplomática. Dos días después de que García González publicó su texto, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución contra el embargo con solo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones —uno de los peores resultados para Cuba desde que se presentó por primera vez el informe en 1992, con una caída de 35 votos respecto a 2025—. El régimen exhibió el resultado como una victoria, pero la tendencia revela un deterioro diplomático sostenido.
El contexto interno agrava el cuadro: la organización no gubernamental Prisoners Defenders registró 1,372 presos políticos hasta el 1ro de octubre, récord histórico; la CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 10.3 % para este año; y el saldo migratorio negativo solo en 2025 fue de 245,264 cubanos, parte de la mayor sangría en la historia reciente de la isla. acontecida en el último lustro.
Esta reflexión se inscribe en una serie de intervenciones públicas de García González a lo largo de 2026. En mayo propuso un Movimiento Cívico Nacional basado en la lucha no violenta; en septiembre llamó a convertir las protestas en estrategia organizada; y en octubre sostuvo que «todo el que apoye la causa, adentro o afuera, cubano o extranjero, es útil y necesario».
«Ni con 10 leyes de recuperación de bienes malversados pagan el daño que le han hecho al pueblo de Cuba», concluyó la académica.
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