Un anuncio de una empresa privada que ofrece servicio de pipas de agua en Cuba desató un debate en redes sociales tras ser compartido por Fabio Fernández Batista, historiador y profesor del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana.
Al publicar el flyer de la empresa «agranel», este sábado, el académico lo acompañó de una reflexión que resume el fenómeno: «Cuando el Estado falla en la garantía de un derecho, el mercado —siempre sagaz— encuentra un nicho con el que lucrar».
El anuncio de «agranel» ofrece abastecimiento de agua mediante camiones cisterna bajo el lema «A tu medida» y «¡Que el agua nunca te falte!», dirigido a hogares, negocios, instituciones y obras de construcción.
La publicación acumuló cientos de interacciones y generó una cadena de comentarios en los que cubanos debatieron sobre la privatización de servicios básicos y la contradicción entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
La paradoja que señala Fernández Batista tiene un sustento jurídico concreto: el artículo 76 de la Constitución cubana de 2019 establece que «todas las personas tienen derecho al agua» y obliga al Estado a crear las condiciones para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento. Sin embargo, millones de cubanos deben recurrir al mercado privado para acceder a ese bien declarado derecho fundamental.
La magnitud de la crisis es elocuente. Según datos oficiales citados por la agencia AFP, el agua no llega regularmente a las viviendas de más de 2,1 millones de cubanos. Las causas son estructurales, entre ellas pueden citarse las tuberías con décadas de antigüedad que pierden un alto por ciento del agua antes de llegar a los hogares y el hecho de que más del 80% de las estaciones de bombeo dependa del Sistema Eléctrico Nacional, de modo que cada apagón se traduce en un corte de agua automático.
En ese vacío opera el mercado privado. Los precios de las pipas varían según la zona: en La Habana oscilan entre 18,000 y 50,000 pesos cubanos; en Santiago de Cuba, se han reportado entre 7,000 y más de 15,000 pesos; en San Juan y Martínez y Songo-La Maya, vecinos reportaron precios de entre 15,000 y 20,000 pesos por pipa.
En Pinar del Río, residentes de la Calle Real estuvieron más de 50 días sin agua, y un vecino llegó a pedir que el acueducto fuera entregado a una mipyme ante la incapacidad del sistema estatal.
Los comentarios a la publicación reflejan distintas lecturas del fenómeno. Un internauta apuntó que «el Estado poco o nada garantiza, y no dudo para nada que sea parte del plan [de privatización]», y trazó un paralelo con la escasez de gas doméstico: «Hay que ver las opciones privadas dolarizadas (elevadísimas) que existen para adquirir una balita de gas a precios que ni Trump pagaría por algo tan básico pero tan necesario».
Otro señaló que el país avanza con «un gobierno que dice que sigue apostando por una especie de socialismo que nadie entiende y la realidad económica cada vez más guiada por la lógica del capitalismo neoliberal». Una tercera voz añadió una capa de opacidad: «El problema de Cuba es que muchos de estos negocios nuevos son del mismo Estado disfrazado de Mipyme».
El fenómeno de las pipas y pozos privados para conseguir agua en Cuba no es nuevo, pero se ha intensificado en 2026 al ritmo de los apagones y el deterioro de la infraestructura hidráulica.
La brecha entre el porcentaje de cubanos que logra acceder al servicio de manera regular y el mandato constitucional es, en sí misma, la medida del fracaso que Fernández Batista sintetizó en una sola frase.
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