La organización de derechos humanos Cubalex publicó una denuncia sobre el cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, un centro penitenciario destinado específicamente a personas privadas de libertad que viven con VIH.
La denuncia se basa en la protesta del preso político Pedro Luis Fernández Peralta, integrante del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), quien confrontó a un teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) durante una visita de inspección al penal el 21 de octubre.
El oficial, identificado como integrante de la Delegación Provincial de Mayabeque, había preguntado a los reclusos por sus quejas sobre el funcionamiento de la prisión.
Fernández Peralta tomó la palabra y calificó el cierre del servicio médico como «un genocidio premeditado», al considerar que privar a los internos de atención médica los exponía a un deterioro progresivo de su salud.
El oficial del MININT justificó la clausura alegando que el personal del Ministerio de Salud Pública se negaba a trabajar en el penal y que existían dificultades con la disponibilidad de médicos en los hospitales civiles.
Fernández Peralta rechazó esa explicación y exigió que, si el Estado no podía garantizar las condiciones mínimas para mantener con vida a los reclusos, los pusiera en libertad. «Al no hacerlo, nos están asesinando cada día detrás de otro», respondió el opositor al militar.
El oficial se retiró sin dar respuesta a las reclamaciones.
Otros internos respaldaron la protesta y describieron una acumulación de carencias que se ha agravado con el tiempo: «Primero la carencia era con la comida, después nuestros familiares no pueden ni venir a visitarnos aquí, porque no existe transporte, hace poco no tenemos agua ni para bañarnos y poca para beber y ahora cierran el puesto médico y nos dicen, que pidamos los medicamentos a la familia», denunciaron según el FANTU.
Cubalex subraya que la situación es especialmente grave porque el VIH requiere monitoreo inmunológico constante y apego estricto al tratamiento antirretroviral para evitar mutaciones del virus y fallos virológicos, y que sin personal médico en el lugar ese control resulta inviable.
La organización encuadra la denuncia en las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos —conocidas como Reglas Nelson Mandela— y advierte que «la privación de libertad no suspende el derecho a la salud ni exime al Estado de su responsabilidad de proporcionar una atención sanitaria adecuada».
El cierre se inscribe en un patrón documentado de deterioro sanitario en ese penal. En mayo de 2026, Fernández Peralta ya había denunciado que funcionarios informaron a los presos que el Estado no podía garantizar los medicamentos, incluidos los antirretrovirales. En agosto, Cubalex reportó que Lismani Acosta Gómez, de 19 años y con VIH, trasladado a Cuba-Panamá tras ser detenido durante un cacerolazo en Guanabacoa, presentaba pérdida de peso, sarna y tuberculosis.
El historial de muertes vinculadas a la desatención médica en centros similares agrava la preocupación. En febrero de 2026, el preso político del 11J Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, murió en su domicilio poco después de recibir una licencia extrapenal en estado terminal; había cumplido parte de su condena en Cuba-Panamá y sufrido una isquemia cerebral sin atención adecuada.
El contexto más amplio que documenta Cubalex es igualmente alarmante: entre febrero de 2024 y junio de 2026, la organización registró 115 muertes en prisiones cubanas, cerca del 70% asociadas a negligencia o negación de atención médica. Solo en septiembre de 2026, Cubalex contabilizó 38 incidentes de negación de asistencia sanitaria o negligencia en cárceles de la Isla, dentro de un total de 298 eventos represivos ese mes.
Ni el Ministerio del Interior ni ninguna otra institución del régimen ha confirmado oficialmente el cierre del puesto médico ni ha ofrecido una fecha exacta de la clausura; toda la información disponible proviene de denuncias de organizaciones de derechos humanos y testimonios de los propios reclusos.
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