Tres cubanos fueron condenados a penas de 15, 14 y 8 años de prisión por robos de aceite dieléctrico de transformadores y subestaciones eléctricas en la provincia de Matanzas, hechos calificados como sabotaje por un tribunal y que provocaron apagones prolongados en comunidades y afectaciones a la actividad agrícola.
Según informó este martes el medio estatal TV Yumurí, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas impuso las sanciones tras juzgar varios episodios de sustracción de aceite de equipos del Sistema Eléctrico Nacional.
La condena más elevada, de 15 años de privación de libertad, recayó sobre Brayan Navarro Marrero, a quien el tribunal responsabilizó por dos delitos de sabotaje de carácter continuado.
Marvin Spek Pérez recibió una pena de 14 años por un delito de sabotaje de carácter continuado, mientras que Yaciel Valle Pérez fue sancionado a ocho años por sabotaje de carácter simple.
De acuerdo con el reporte, los jueces tuvieron en cuenta que Navarro Marrero tenía 18 años al momento de los hechos y que cooperó con las autoridades para esclarecer lo ocurrido después de su detención.
La causa judicial estuvo relacionada con siete episodios de robo de aceite dieléctrico, ocurridos principalmente en instalaciones eléctricas de Jagüey Grande, en el sur de Matanzas.
El primer hecho descrito por el medio oficial ocurrió el 4 de octubre de 2024, cuando Navarro Marrero escaló un poste eléctrico en la carretera de AG 26, a unos cuatro metros de altura, y extrajo el aceite de un transformador.
La sustracción dejó fuera de servicio equipos utilizados para el riego agrícola e impidió la siembra de frijoles durante la temporada de frío, según la información difundida.
El 18 de octubre de ese año, el acusado volvió a actuar en las inmediaciones del entronque de la Escuela AG 26. Posteriormente, el 26 y el 28 de octubre, sustrajo aceite de una subestación que abastecía de electricidad al poblado de Agramonte.
En esas dos últimas ocasiones extrajo alrededor de 100 litros cada vez, de acuerdo con el relato oficial.
La investigación sostiene que durante 2025 Navarro Marrero se coordinó con Marvin Spek Pérez y Yaciel Valle Pérez para continuar las sustracciones en instalaciones eléctricas.
Uno de los incidentes más graves ocurrió el 25 de junio de 2025, cuando los implicados utilizaron un automóvil Mitsubishi perteneciente a la Empresa Inmobiliaria del Turismo de Varadero para trasladarse hasta la subestación de San José de Marcos.
Según TV Yumurí, del lugar extrajeron 600 litros de aceite dieléctrico, lo que provocó que un transformador se quemara y quedara fuera de servicio.
Como consecuencia, más de 1,000 clientes resultaron afectados por la interrupción del suministro eléctrico.
El 30 de junio, los acusados acudieron a las inmediaciones de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 10 de Octubre, en la carretera de AG 26, pero fueron sorprendidos por un custodio y consiguieron escapar.
El reporte también menciona otra sustracción de aceite en la subestación de San José de Marcos, atribuida a Navarro Marrero el 13 de julio de 2025.
Las comunidades perjudicadas sufrieron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico.
En San José de Marcos, las autoridades habían reconocido anteriormente que el robo de aproximadamente 1,000 litros de aceite dejó a los vecinos más de 30 días sin electricidad.
En septiembre, funcionarios del Ministerio del Interior, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Popular confirmaron que existían más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional entre 2025 y el primer semestre de 2026.
Las autoridades señalaron que el robo de aceite dieléctrico se había detectado en todas las provincias del país y en 97 municipios. Parte del producto sustraído terminaba en el mercado informal, donde se utilizaba mezclado con combustible.
A inicios de octubre, el Consejo de Defensa Provincial de Matanzas alertó sobre la extensión de estos robos en Cárdenas, Jovellanos, Jagüey Grande y Colón, y reconoció las graves consecuencias para el suministro eléctrico.
Hasta finales de agosto, la provincia acumulaba 175 incidentes de robo de aceite dieléctrico, más de 55,950 litros sustraídos y 91 transformadores dañados.
Además, 43 de sus 98 subestaciones habían sufrido afectaciones, según las cifras divulgadas por las autoridades.
El tratamiento penal de estos hechos responde al Dictamen 475/2025 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, que estableció criterios para calificarlos como sabotaje cuando afectan instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional.
Ese criterio permite aplicar sanciones más elevadas que las correspondientes a delitos comunes de hurto o robo, con penas que pueden agravarse según los daños y las consecuencias de cada hecho.
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