El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, señaló para el próximo jueves 5 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el juicio oral contra cuatro masones cubanos acusados de «tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas», según un auto de admisión de pruebas al que tuvo acceso CubaNet, fechado el 29 de octubre de 2026.
Los acusados son José Ramón Viñas Alonso, exsoberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33; Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó; Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador y escritor exprisionero político; y Osvaldo Ernesto Villegas Digat. Los cuatro permanecen bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salida del país.
El caso gira en torno a dos operaciones de cambio de moneda realizadas a la tasa del mercado informal que suman apenas 300 dólares. La Fiscalía sostiene que el 14 de septiembre de 2023, Viñas Alonso autorizó a Santiesteban Prats a entregar 49.600 pesos cubanos a cambio de 200 dólares pertenecientes al asilo. Casi dos años después, el 13 de junio de 2025, autorizó a Villegas Digat a cambiar 37.500 pesos por otros 100 dólares de la institución.
La Fiscalía General de la República solicitó penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad para cada uno de los acusados, más multas de 20.000 o 25.000 pesos cubanos. Para Viñas Alonso pide la sanción más severa: cuatro años y 25.000 pesos. Para Marcos García, tres años y 20.000 pesos. Para Santiesteban Prats y Villegas Digat, dos años y 20.000 pesos a cada uno. La limitación de libertad restringe la movilidad del condenado, pero no implica internamiento en prisión.
El auto está firmado por las juezas Irene Asunción Macía Mondéjar, Isabel Moreno Salazar y el juez Máximo Puentes Cruz. Macía Mondéjar presidirá el tribunal, dato que corrige información anterior que señalaba a Zamira Marrero Morgado en ese rol.
El abogado defensor Roberto Ortega Ortiz solicita la absolución de los cuatro acusados. En sus conclusiones provisionales del 9 de octubre de 2026, argumenta que los cambios se realizaron dentro de la propia institución y entre miembros del Patronato, y que los fondos se destinaron a fines benéficos: los 200 dólares sirvieron para comprar leche en polvo para los ancianos del asilo, mientras que los 100 dólares correspondían a dinero personal de Villegas Digat, quien los usó para adquirir un medicamento para su hijo.
«Los cambios de moneda realizados no representaron beneficio personal para ninguno de los implicados, sino que, por el contrario, se hicieron para beneficiar la vida que llevan los ancianos que habitan en el Asilo Nacional Masónico 'Llansó', el cual representa una obra de caridad por parte de la masonería», escribió el letrado.
El trasfondo político del caso resulta difícil de ignorar. Aunque el delito imputado pertenece al ámbito de los delitos contra el orden económico, el expediente fue instruido por el Órgano Especializado en la Investigación Criminal de los Delitos contra la Seguridad del Estado, dependiente del MININT. El juicio se celebrará en la Sala Segunda Penal, que comparte local con la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado.
Fuentes cercanas al proceso, que pidieron el anonimato, informaron a CubaNet que desde la semana pasada la policía política ha estado instalando cámaras de seguridad en los alrededores del tribunal, en un despliegue descrito como «similar a cuando hicieron los juicios del 11J».
La presión del régimen sobre la masonería cubana se intensificó tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando Viñas Alonso firmó una carta pública condenando el llamado de Díaz-Canel a enfrentar violentamente a los manifestantes. En abril de 2024, el Ministerio de Justicia congeló las cuentas bancarias de la Gran Logia de Cuba y del Supremo Consejo del Grado 33, y el régimen intentó tomar el control de la institución masónica en los meses siguientes. Santiesteban Prats, quien fue condenado en 2013 a cinco años de prisión en un proceso calificado de arbitrario por organizaciones internacionales, fue elegido soberano gran comendador el 26 de septiembre de 2026 con 19 votos a favor, apenas semanas antes de que se fijara la fecha del juicio.
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