La crisis del agua en La Habana no se debe únicamente a los apagones, las roturas de equipos y el deterioro de las tuberías. Las autoridades cubanas reconocieron que existen manipulaciones ilegales de válvulas que alteran la distribución del suministro y perjudican a comunidades enteras.
Durante el programa radial «Criterio Compartido», transmitido el miércoles 4 de noviembre, el director de Aguas de La Habana, Yosvany Rubí Bazail, reveló que se están tomando medidas contra dos personas por irregularidades detectadas en Arroyo Naranjo.
«En el caso, por ejemplo, de Arroyo Naranjo, ya estamos procesando dos personas por operación ilegal de válvulas», afirmó el funcionario ante Miguel Díaz-Canel.
Rubí explicó la importancia de estos dispositivos en el reparto del agua: «La válvula se convierte localmente en una estación de bombeo, porque cuando usted la abre le da agua a todo un sector».
Advirtió que la intervención de personas no autorizadas puede desorganizar los ciclos de abastecimiento y afectar a otros consumidores. Sin embargo, no precisó la identidad de los implicados ni aclaró si enfrentan un procedimiento administrativo o penal.
Denuncias de corrupción y favoritismo en la distribución del agua
La periodista Bárbara Betancourt planteó durante el programa que las denuncias ciudadanas sobre la manipulación de válvulas podrían esconder prácticas de corrupción.
«Porque cuando hablan de manipulación de las válvulas parece un eufemismo, porque mucha gente sabe que detrás de una manipulación hay algo, pasa algo», señaló, al referirse a las diferencias en el abastecimiento entre edificios y comunidades cercanas.
Díaz-Canel reconoció que la crisis del agua en Cuba es un problema grave, «que tiene raíces estructurales, por redes con décadas de explotación, inversiones que no se han podido hacer en la magnitud que se necesitaba, mantenimiento» pendiente. Además, consideró que dos factores agravan la situación: el embargo y la crisis energética.
En su intervención mencionó una comunicación recibida desde el reparto La Coronela, donde vecinos denunciaron presuntos desvíos de agua hacia otros lugares mediante la actuación irregular de personas encargadas de operar las llaves.
El mandatario reconoció que las dificultades del suministro incluyen problemas de gestión institucional, además de las limitaciones materiales. En Mantilla, una vecina denunció que llevaba más de seis meses con problemas de abastecimiento y sin obtener respuestas de las instituciones.
Según Díaz-Canel, la investigación permitió identificar dos válvulas afectadas: una «a tope» y otra manipulada por personas de la comunidad. Una de las averías tenía una solución técnica que podía ejecutarse en horas.
«Fíjate lo que cuesta el silencio, lo que se pudo solucionar en horas, cuánto se demora por el silencio institucional», cuestionó el gobernante.
Rubí informó además que en La Habana existen más de 3,000 válvulas, cuya vigilancia requiere, según dijo, la colaboración de los vecinos para detectar operaciones irregulares.
La revelación ocurre en medio de una profunda crisis de abastecimiento. Según cifras oficiales presentadas durante el programa, el 3 de noviembre, unos 2.681.770 de habitantes estaban afectados por problemas en el suministro mediante redes, incluidos 536.000 en La Habana.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, atribuyó el 66 % de las afectaciones a problemas eléctricos y el 25 % a fallos en equipos de bombeo. A esas dificultades se suman ahora las irregularidades reconocidas por los propios responsables del acueducto.
Los casos de conexiones clandestinas a la red y pagos de sobornos han sido documentados en varias provincias. Empleados del sector han llegado a cobrar hasta 50,000 pesos cubanos por conexiones ilegales, y entre 10,000 y 15,000 pesos por pipas desviadas.
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