El escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban-Prats publicó el miércoles una dura condena a la represión de la Seguridad del Estado contra su esposa, la periodista independiente Camila Acosta, tras la detención arbitraria que ella sufrió y el estado en que le devolvieron su teléfono.
«Qué nivel de desvergüenza de un régimen que muestra al mundo sus abusos e injusticias constantes en contra de sus ciudadanos, a los que mantiene en la miseria absoluta, mientras ellos disfrutan de alta cocina y de piscinas, y sus hijos pasean por el mundo y estudian en universidades costosas con el dinero del cubano de a pie, los que también han creado emporios económicos, se pasean a la cara de su pueblo en autos lujosos, como la burla que es», expresó en Facebook.
Acosta, reportera de CubaNet y corresponsal en La Habana del diario español ABC, fue arrestada el martes alrededor de las 11:45 a.m. cuando se dirigía al veterinario con su gata en el municipio Plaza de la Revolución.
Dos agentes de civil y dos policías uniformados la esposaron con las manos a la espalda y la introdujeron por la fuerza en una patrulla, donde permaneció cerca de media hora bajo el sol antes de ser trasladada a una celda en malas condiciones higiénicas en la estación policial de Playa.
Le negaron reiteradamente la posibilidad de llamar a su familia durante más de ocho horas, hasta que fue liberada alrededor de las 8:00 pm del mismo día.
Al recuperar su dispositivo, Acosta denunció en Facebook lo ocurrido: «Así me devolvieron mi teléfono: totalmente inservible. Le echaron algún tipo de líquido verde, quizás algún ácido. Así obran los servicios de inteligencia cubanos: como viles criminales. Lo rompieron porque le temen a mi trabajo, porque le temen a la verdad».
Santiesteban-Prats compartió esa publicación y respondió con una extensa denuncia: «¿Cuánta delincuencia de alma puede haber en individuos que dicen llamarse de la Seguridad del Estado y hacen el trabajo de sicariato? ¿Cómo justificar cinco años de estudio y graduarse de 'abogados', para terminar licenciándose de delincuentes comunes que asaltan a los que piensan diferente y son capaces de robarle, destruir sus medios de comunicación, encarcelarlos, chantajear, golpear y amenazarlos de muerte?».
El escritor agregó que un agente reconoció abiertamente haberla amenazado en reiteradas ocasiones: «Lo hacen con total impunidad de creerse que son los dueños de todos los cubanos. Y descaradamente son capaces de decirle a una mujer 'sí, te he amenazado cinco veces'. Es de una cobardía tan inmensa que los convierte a ellos en pequeños pollitos mojados en medio de una tempestad. Al final demuestran que todas las dictaduras son iguales».
La detención tiene su origen en un video grabado el 28 de octubre en el que Acosta documentó a un hombre de civil que le impedía salir de su vivienda sin mostrar orden judicial ni identificarse.
Durante el interrogatorio, un oficial que se identificó como teniente coronel invocó el artículo 393.1 del Código Penal cubano y amenazó a la periodista con hasta cinco años de prisión si continuaba grabando a quienes la vigilan.
Acosta se negó a firmar el acta de advertencia y declaró que seguirá documentando: «Es la única evidencia que yo tengo el día de mañana si me sucede algo».
El régimen busca ahora procesarla penalmente por esa misma causa, aunque hasta este jueves no hay cargos formalizados ni condena contra ella.
Santiesteban-Prats advirtió que la represión produce el efecto contrario: «Por muchas acciones de abuso que cometan solo van a lograr el odio del pueblo, y así me lo manifestaron hasta los vecinos que no conocía, que me tocaban a la puerta o me llamaban por teléfono para manifestarme su solidaridad o preocupados por Camila».
Y concluyó: «No podemos matar el sueño de vivir en una Cuba libre, donde se respeten los Derechos Humanos de los ciudadanos, sin importar su ideología. Donde no hayan presos políticos ni perseguidos por pensar diferente».
El escritor afronta su propio proceso penal, tras ser acusado junto a otros tres masones de tráfico ilegal de divisas, por cambiar 300 dólares en el mercado informal para adquirir leche en polvo destinada a los ancianos del Asilo Nacional Masónico Llansó.
El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, fijó para este jueves a las 9:00 a.m. el juicio oral contra los cuatro imputados. La Fiscalía le pide dos años de limitación de libertad y una multa de 20,000 pesos.
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