Las multas migratorias de hasta millones de dólares impuestas a extranjeros que no abandonaron Estados Unidos, entre ellos ciudadanos cubanos, enfrentan una nueva batalla judicial.
Los demandantes en un proceso colectivo acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de intentar mantener vigentes sanciones que habían sido suspendidas por un juez federal.
El viernes último, los abogados de los demandantes presentaron dos mociones de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Massachusetts, en las que sostienen que el Gobierno incumplió una orden judicial al aprobar una nueva regulación y ratificar multas emitidas bajo el procedimiento suspendido, según informó la publicación jurídica Law360.
La controversia forma parte del caso Maria L. v. Mullin, identificado con el número 1:25-cv-13471, que se tramita ante el juez federal George A. O'Toole Jr.
La demanda cuestiona la legalidad de un sistema que permite imponer sanciones económicas de enormes proporciones a inmigrantes acusados de incumplir órdenes de deportación o salida voluntaria.
El conflicto se remonta al 30 de septiembre, cuando el juez O'Toole ordenó suspender la regulación provisional aprobada en junio de 2025 y las multas impuestas bajo ese procedimiento, mientras continúa el litigio.
Como se explicó entonces al conocerse el freno judicial a las sanciones migratorias millonarias, el magistrado consideró que los demandantes tenían posibilidades de demostrar que las autoridades habían utilizado un procedimiento ilegal y que no habían evaluado adecuadamente las circunstancias individuales de las personas multadas.
Una de las cuestiones centrales es que la legislación estadounidense no sanciona simplemente la permanencia de una persona en el país después de una orden final de deportación.
Para aplicar determinadas multas, las autoridades deben establecer que existió una negativa deliberada a abandonar el territorio o un incumplimiento voluntario de las obligaciones legales.
Sin embargo, el Gobierno federal adoptó posteriormente dos decisiones que ahora son objeto de controversia.
La primera llegó el 14 de octubre, cuando el DHS y el Departamento de Justicia publicaron una regulación definitiva sobre la imposición y el cobro de multas civiles migratorias. La norma conservó prácticamente intacto el procedimiento establecido en junio de 2025.
La segunda se produjo el 26 de octubre, con la publicación de un aviso oficial que ratificó determinadas multas definitivas impuestas entre el 27 de junio de 2025 y el 13 de octubre de 2026.
La ratificación excluye las sanciones revocadas en apelación, las que todavía tienen una apelación pendiente y aquellas que fueron reabiertas y anuladas conforme al procedimiento correspondiente.
El DHS explicó que la ratificación buscaba resolver posibles incertidumbres sobre las decisiones administrativas anteriores. También sostuvo que adoptar esa medida no significaba reconocer que las multas hubieran sido inválidas.
Los demandantes cuestionan precisamente que el Gobierno haya recurrido a esas decisiones después de que el juez suspendiera la aplicación de la regulación provisional y las sanciones emitidas bajo ella. A su juicio, las actuaciones posteriores del DHS contravienen la orden judicial de septiembre.
La presentación de las mociones no significa que el juez haya declarado al Gobierno en desacato ni que haya anulado definitivamente las multas ratificadas. La controversia deberá resolverse en el tribunal, donde sigue pendiente la discusión sobre la legalidad de estas sanciones.
Lo que significa para cubanos con orden de deportación
El procedimiento tiene consecuencias especialmente importantes para los inmigrantes cubanos que permanecen en Estados Unidos con órdenes finales de deportación y que, por diferentes circunstancias, no han podido regresar a Cuba.
Uno de los casos conocidos es el de un cubano residente en Arizona, identificado como Sánchez, que recibió una multa de 1,820,252 dólares por permanecer en territorio estadounidense pese a tener una orden de deportación.
El hombre, que trabaja como jardinero y es padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, relató que la sanción le provocó una profunda preocupación por el futuro de su familia.
Las multas por incumplir deliberadamente una orden final de deportación pueden alcanzar 998 dólares por cada día de infracción, lo que explica cómo algunas sanciones han terminado acumulando cantidades superiores al millón de dólares.
La demanda colectiva fue presentada el 20 de noviembre de 2025 por organizaciones de asistencia jurídica, entre ellas Public Justice, The Legal Aid Society y RAICES, en representación de dos inmigrantes identificadas como Maria L. y Nancy M., además del Immigrant Legal Resource Center (Centro de Recursos Legales para Inmigrantes).
Según la información difundida por Public Justice cuando se presentó la demanda, el litigio buscaba representar a más de 21,500 personas afectadas por sanciones que entonces sumaban más de 6,000 millones de dólares.
Para los cubanos con documentos migratorios como el I-220A, resulta importante distinguir entre encontrarse bajo supervisión de las autoridades y tener una orden final de deportación.
El I-220A, por sí solo, no significa que exista una orden definitiva de expulsión ni implica automáticamente estar sujeto a estas multas.
También deben examinarse individualmente los casos de personas cuya deportación no se ha ejecutado porque las autoridades cubanas no han aceptado su retorno o por dificultades documentales y administrativas.
Esas circunstancias pueden ser relevantes para determinar si hubo realmente una negativa voluntaria a abandonar Estados Unidos.
Mientras continúa el litigio, existe otro asunto urgente para quienes recibieron multas definitivas ratificadas por el DHS: el plazo de reclamación administrativa establecido por el Gobierno vence el 16 de noviembre de 2026.
El aviso publicado en el Registro Federal concede 21 días para que las personas afectadas presenten ante ICE reclamaciones por perjuicios concretos derivados del procedimiento provisional utilizado para imponer las sanciones.
Esta posibilidad ya había sido explicada en la información sobre la ratificación de multas y el plazo para reclamar. El mecanismo no constituye una nueva apelación general ni garantiza que ICE vaya a cancelar o reducir las cantidades exigidas.
Los afectados deben identificar la multa, aportar los datos requeridos por la agencia y explicar qué perjuicio específico consideran que les ocasionó la aplicación del procedimiento provisional.
La existencia de una demanda judicial tampoco debe interpretarse como una ampliación automática de ese plazo. Las personas sancionadas necesitan revisar su situación particular y los mecanismos legales disponibles antes de que venza el período establecido.
La regulación definitiva introdujo, además, una excepción para admitir determinadas apelaciones presentadas fuera de plazo cuando existan pruebas de retrasos postales ajenos al control del inmigrante. Se trata de un procedimiento diferente de la reclamación extraordinaria de 21 días.
Los efectos económicos de estas sanciones pueden extenderse más allá de las decisiones administrativas de ICE.
El 21 de octubre, un juez federal de Florida dictó una sentencia de más de 668,000 dólares contra una inmigrante hondureña por incumplir voluntariamente una orden final de deportación.
En aquel caso, la sanción llegó a convertirse en una sentencia judicial ejecutable, lo que permite al Gobierno recurrir a mecanismos legales de cobro.
Además, no se trataba de una ciudadana cubana y la sentencia corresponde a un procedimiento distinto del litigio colectivo que se desarrolla en Massachusetts, aunque es un precedente importante.
Este caso podría afectar a miles de cubanos con órdenes de deportación en Estados Unidos. Sigue todos los detalles y las novedades legales en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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