El Departamento de Estado de Estados Unidos expuso este lunes cuatro esquemas concretos de fraude al sistema de visas, desde empresas de contratación inventadas en una nación caribeña hasta redes en África Oriental que falsificaban nacionalidades para eludir controles de seguridad. La denuncia llegó a través de un hilo publicado en la cuenta oficial @StateDept, con el respaldo explícito del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
El comunicado describe cuatro modalidades distintas de engaño. En primer lugar, peticionarios de un país caribeño no identificado se presentaban como «empresas de contratación de personal», contrataban agentes no registrados para reclutar trabajadores extranjeros, les cobraban miles de dólares en tarifas ilegales y los derivaban a empleos no autorizados mediante contratos laborales falsificados y bajo condiciones de explotación.
El segundo esquema involucra a solicitantes de visa de inmigrante en un país sudamericano que intentaron ocultar sus antecedentes penales con certificados policiales, judiciales y penitenciarios fraudulentos, aprovechando vacíos en los sistemas de seguridad documental de sus países de origen.
Las denuncias sobre fraude en el sistema de visas forman parte de un panorama migratorio en constante cambio. Sigue todos los detalles en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Una agencia de reclutamiento no identificada protagonizó el tercer caso: introdujo candidatos no calificados en programas de intercambio estadounidenses mediante transcripciones académicas falsas y declaraciones mentirosas sobre el estatus estudiantil de los postulantes. La respuesta de la Oficina de Asuntos Consulares fue endurecer la verificación, lo que permitió identificar 30 agencias fraudulentas adicionales y derivó en 250 rechazos de visa.
El cuarto esquema, con implicaciones de seguridad nacional, involucra redes en África Oriental que facilitaban a sus nacionales —algunos con antecedentes preocupantes— reclamar fraudulentamente la ciudadanía de otro país. «Intermediarios corruptos producían documentos falsos que los impostores usaban para intentar engañar a los funcionarios consulares», señaló el Departamento.
El organismo fue categórico en su postura: «El Departamento de Estado tiene tolerancia cero para quienes intenten defraudar nuestro sistema y violar nuestras leyes para acceder a Estados Unidos».
Esta ofensiva comunicacional se inscribe en una campaña sostenida de la administración Trump-Rubio. Desde enero de 2025, el Departamento ha revocado más de 300,000 visas. La escalada ha sido vertiginosa: en agosto la cifra rondaba las 175,000, y a finales de septiembre ya superaba las 250,000, según confirmó el portavoz Tommy Pigott.
Los esquemas descritos este lunes tienen correlato en casos judiciales recientes. En octubre, un gran jurado federal de Florida acusó a 13 personas, entre ellas ciudadanos cubanos y brasileños, vinculadas a Legacy Imigra Solutions LLC, empresa de Orlando que habría recaudado más de 20 millones de dólares ofreciendo asesoría migratoria falsa y documentos fraudulentos. Un año antes, el Departamento de Justicia había acusado a 12 personas —varios cubanos— por operar «Asesoría y Servicios Migratorios LLC», red que generó más de 18 millones de dólares prometiendo visas y residencia que nunca llegaron.
En septiembre, el Departamento lanzó un portal en línea para denunciar fraude de visas de forma anónima y amplió la revisión de redes sociales a nuevas categorías de solicitantes.
Rubio ha sintetizado la doctrina de la administración en una frase que se ha convertido en referencia de esta política: «Nadie tiene derecho a una visa», advirtiendo que puede ser revocada en cualquier momento si el titular realiza actividades contrarias al interés nacional.
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