El abogado cubanoamericano Wilfredo Allen analizó las posibilidades reales de retorno a Estados Unidos para los 69 cubanos deportados a la República Centroafricana el 21 de octubre, y su conclusión es clara: depende del estado procesal de cada caso, y para la mayoría el camino de regreso es extremadamente difícil.
El grupo —64 hombres y cinco mujeres— fue trasladado en un vuelo que partió de Alexandria, Luisiana, con escalas en Senegal, Guinea Ecuatorial y Burundi, tras entre 50 y 60 horas de viaje esposados de manos y pies. Al llegar a Bangui, la capital, carecían de documentos migratorios, estatus legal y autorización para trabajar.
Allen, entrevistado por la periodista Tania Costa, estableció tres categorías para evaluar las opciones de cada deportado.
La primera agrupa a quienes fueron expulsados por delitos criminales. «Los que tienen delitos criminales no van a regresar nunca», afirmó el abogado, aunque aclaró que representan una minoría dentro del grupo.
La segunda categoría incluye a quienes agotaron el proceso administrativo: un juez de inmigración les negó el asilo y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) rechazó su recurso. Para ellos, dijo Allen, «el regreso va a ser casi imposible, pero no imposible». La única ventana que mencionó es hipotética: si la demanda colectiva sobre el formulario I-220A prospera y ese documento es reconocido como parole, algunos podrían intentar reabrir sus casos desde el extranjero.
La tercera categoría —y la que Allen considera con mejores perspectivas— es la de quienes fueron deportados sin haber obtenido una resolución final. «Esas personas tienen el mejor chance de poder regresar a través de las Cortes Federales», señaló.
Dentro de este último grupo mencionó un caso que calificó de especialmente grave: el de una persona que tenía un habeas corpus presentado y sin respuesta cuando fue deportada. «Tenía puesto un habeas corpus, no le habían contestado el habeas corpus y lo deportaron. Ya eso es trágico», dijo Allen.
Ese perfil coincide con el de Eric González Peña, cubano de 44 años detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas en marzo de 2026 y enviado a Bangui el 21 de octubre, pese a tener una petición familiar I-130 aprobada —su esposa es ciudadana estadounidense— y un habeas corpus pendiente ante los tribunales. Su familia aseguró que un juez había fijado el 1 de noviembre como fecha de protección frente a la deportación, pero González fue expulsado diez días antes. Al 3 de noviembre, continuaba en Bangui sin documentos ni permiso de trabajo.
Tania Costa subrayó durante la entrevista que la mayoría de los deportados no tiene antecedentes penales graves: «Muchos de ellos no tienen delitos, o sea, el delito suyo es haber entrado ilegalmente en Estados Unidos».
En paralelo, la demanda Bello-Rubio v. Noem, presentada por cerca de 990 cubanos con formulario I-220A ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, busca que los tribunales reconozcan que ese documento equivale al parole exigido por la Ley de Ajuste Cubano de 1966 para solicitar residencia permanente. El gobierno presentó en octubre una nueva moción para desestimar el caso.
Los propios cubanos deportados a Bangui pidieron públicamente al Partido Demócrata y al Congreso estadounidense que intervengan para facilitar su regreso, mientras el Departamento de Estado clasifica a la República Centroafricana en nivel 4 —«no viajar»— por conflicto armado, milicias, secuestros y riesgos sanitarios.
El caso de los cubanos deportados a África forma parte de un panorama migratorio en constante cambio. Sigue todas las novedades sobre deportaciones, cortes y derechos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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