La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, firmó un contrato con el bufete de su amigo personal Israel Reyes —el mismo exjuez que le tomó juramento al asumir el cargo— que le permite a ese despacho quedarse con hasta el 35% de los bienes incautados a empresas y particulares, según una investigación publicada por WLRN.
El contrato fue suscrito aproximadamente seis meses después de que Cordero-Stutz prestara juramento en enero de 2025. Es un acuerdo que establece honorarios por contingencia sobre los bienes efectivamente recuperados. El bufete recibe el 30 % del primer millón de dólares, el 25 % del segundo y el 20 % de las cantidades superiores. Si el propietario impugna formalmente la confiscación, la comisión sobre el primer millón aumenta al 35 %.
El acuerdo contempla además un 5 % adicional cuando se presentan apelaciones o se requieren actuaciones posteriores para ejecutar una sentencia. Aunque el despacho solo cobra estos honorarios si se consigue recuperar los bienes, la Oficina del Sheriff debe asumir los gastos de investigación y litigio, incluso cuando los procedimientos no generan recuperación alguna.
Un arreglo problemático
Louis Rulli, profesor de la Universidad de Pensilvania, advirtió a WLRN que «el conflicto de intereses ataca los cimientos de nuestro sistema de justicia, de la neutralidad y de la búsqueda de justicia. Poder confiscar sin cargos y luego maximizar la recuperación basándose en honorarios contingentes es un área muy preocupante».
En los dos meses posteriores a la firma del contrato, la Oficina del Sheriff incautó más de 45 millones de dólares en bienes y cuentas bancarias de empresas locales, en procedimientos judiciales gestionados por el bufete Reyes.
El caso más llamativo es el de SH Americas, descrita como el mayor distribuidor autorizado de Samsung en el sur de Florida: la Oficina del Sheriff le confiscó 42,5 millones de dólares, dejándola sin liquidez para pagar nóminas y al borde del cierre. La empresa no ha enfrentado ningún cargo penal.
Reyes llegó a alegar ante el tribunal de circuito de Miami-Dade haber identificado 2,600 millones de dólares adicionales como confiscables —lo que le reportaría más de 500 millones en honorarios—, aunque el tribunal determinó que esos fondos estaban fuera de su jurisdicción.
Los ingresos de la Oficina del Sheriff por multas y confiscaciones pasaron de 396,000 dólares al inicio del mandato a 9,6 millones de dólares en el siguiente año fiscal, un aumento del 2,325%. Ese dinero no va al erario del condado, sino que se contabiliza como ingreso del departamento.
¿Cómo funciona el mecanismo legal?
El mecanismo legal que hace posible todo esto es la confiscación civil de bienes. Se trata de un procedimiento que permite a las autoridades reclamar judicialmente bienes presuntamente vinculados con actividades delictivas. En Florida, la ley establece requisitos y excepciones para su incautación y no exige necesariamente una condena penal del propietario.
Rulli lo explicó así: «En la confiscación civil operamos bajo la ficción de que la propiedad hizo algo malo, no necesariamente el individuo, y por eso no se necesita condenar al individuo por un delito».
Las incautaciones se enmarcan en una investigación sobre una supuesta red de lavado de dinero vinculada a dos ciudadanos chinos, pero ninguna de las empresas de electrónica afectadas ha sido acusada penalmente.
Las empresas demandadas, representadas por la abogada Lisandra Guerrero, alegaron violación del debido proceso. La jueza de circuito Ariana Fajardo Orshan rechazó descalificar a Reyes, argumentando que la Oficina del Sheriff conserva la autoridad de decisión sobre cada caso; las empresas apelaron ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida.
Otras polémicas que enfrenta la Sheriff de Miami-Dade
La controversia se suma a otras polémicas recientes de Cordero-Stutz. En octubre su oficina gastó 132,000 dólares en sombreros vaqueros para sus agentes y eliminó el programa de seguridad que protege a la alcaldesa y a los comisionados del condado, en medio de un enfrentamiento presupuestario con la administración del condado.
Ni la Oficina del Sheriff ni el bufete Reyes respondieron a las solicitudes de comentario de WLRN.
El cargo de sheriff de Miami-Dade había sido abolido en 1966 precisamente por la corrupción generalizada que lo afectaba.
Cordero-Stutz se convirtió en la primera sheriff electa en casi 60 años al ganar las elecciones de noviembre de 2024 con el 55% de los votos. Las empresas recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida la decisión que permitió al bufete Reyes continuar interviniendo en los procedimientos de decomiso.
Vídeos relacionados:
Archivado en: