El primer intento en Doral de revisar la colaboración de la policía local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) después de las elecciones de medio mandato encontró un obstáculo administrativo que impidió llevar la propuesta a la próxima sesión del Concejo Municipal, según informó Univisión.
La concejala Maureen Porras presentó una solicitud para debatir la revisión o cancelación del acuerdo 287(g), que permite la colaboración de agentes policiales locales con las autoridades federales de inmigración.
Sin embargo, el abogado municipal Lorenzo Cobiella rechazó incluir el asunto en la agenda del 18 de noviembre.
La decisión se justificó alegando que la propuesta no había sido presentada con los 14 días de anticipación requeridos para asuntos con posibles implicaciones fiscales.
Porras cuestionó esa interpretación y sostuvo que cumplió el plazo de siete días establecido en la Carta Orgánica municipal para solicitar la inclusión de temas en la agenda.
La controversia gira en torno a qué plazo corresponde aplicar a la iniciativa.
Por ahora, la diferencia de criterios ha impedido que el Concejo Municipal debata formalmente la continuidad del acuerdo con ICE.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) calificó el bloqueo de ilegal y acusó a los funcionarios municipales de impedir una discusión pública sobre una política que afecta a numerosos residentes inmigrantes.
«Es indignante que los funcionarios de Doral utilicen tecnicismos burocráticos para impedir que una concejala electa siquiera presente este tema para su discusión pública», declaró Thomas Kennedy, portavoz de la organización.
FLIC también advirtió sobre los efectos que, a su juicio, tienen estos acuerdos en las comunidades inmigrantes, entre ellos el temor a la separación familiar, las prácticas de perfilamiento racial y la pérdida de confianza en la policía local.
«Para las familias inmigrantes de Doral, estos acuerdos generan preocupación por las prácticas de perfilamiento racial, la separación familiar, la pérdida de confianza en la policía local y el temor que puede llevar a los residentes a evitar pedir ayuda a la policía o acudir a otros servicios públicos», señaló Kennedy.
Porras también expresó su desacuerdo con la decisión municipal: «El asunto fue rechazado por el Abogado de la Ciudad, Lorenzo Cobiella, y estoy en desacuerdo con la base de esa decisión».
La concejala insistió en que los residentes merecen la oportunidad de que sus representantes debatan públicamente la colaboración policial con ICE.
Una victoria electoral por apenas 12 votos
El intento de revisar el acuerdo llega después de unas elecciones especialmente reñidas en Doral, donde Porras consiguió conservar su escaño por una diferencia mínima.
El recuento manual del escaño 2, concluido el 7 de noviembre, confirmó 9,596 votos para Porras frente a los 9,584 de su rival Fernanda Gomes, una diferencia de apenas 12 sufragios, según los resultados comunicados por la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García.
La concejala relacionó el resultado con el malestar de parte del electorado ante los operativos migratorios.
«Vimos bastantes votantes que sacaron sus frustraciones en la boleta y en verdad que están en lo justo. Hemos sufrido un golpe bastante fuerte con toda la actividad de ICE y no los culpo», expresó ante los medios.
El acuerdo con ICE y la presión estatal
Doral aprobó en abril de 2025 su participación en el programa federal 287(g), que permite a determinadas agencias policiales locales colaborar con ICE en funciones específicas de control migratorio.
La alcaldesa cubanoamericana Christi Fraga reconoció en septiembre que la adhesión de la ciudad estuvo condicionada por presiones del gobernador Ron DeSantis y de autoridades estatales, que habían advertido sobre posibles consecuencias para los funcionarios que se resistieran a colaborar.
Sin embargo, Sam Lester, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida, sostiene que Doral puede abandonar voluntariamente el acuerdo y que el gobernador carece de autoridad para destituir a funcionarios municipales por adoptar esa decisión.
Estas posiciones reflejan las diferencias sobre el margen de autonomía de los gobiernos locales frente a las exigencias estatales de cooperación migratoria.
Preocupación entre comerciantes e inmigrantes
Los operativos migratorios también han generado preocupación entre comerciantes y residentes de Doral, una ciudad con una importante población inmigrante.
La Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida ha estimado caídas de ventas de entre el 40 % y el 45 % en negocios del área. Algunos establecimientos han comunicado pérdidas todavía mayores, en un escenario marcado por el temor de parte de la población a salir de sus hogares.
Entre los inmigrantes que siguen con atención el debate se encuentran los cubanos con documento I-220A, cuya situación migratoria puede generar incertidumbre ante posibles encuentros con las autoridades federales.
Una eventual cancelación del acuerdo 287(g) no impediría que ICE continuara realizando operaciones federales en Doral, aunque sí modificaría el marco de colaboración de la policía municipal bajo ese programa.
Por ahora, la propuesta de Porras no figura en la agenda del 18 de noviembre. Si consigue el respaldo necesario de otros concejales, el asunto podría volver a plantearse en diciembre.
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