Miguel Ángel Alba Rosario, un médico cubano recluido en un centro de detención federal en Texas, lleva ya más de un año bajo custodia migratoria sin que ningún tribunal haya resuelto su situación, según un reportaje de Univision publicado este miércoles.
«Ha sido horrible. Mira, llevamos un año que me ha tocado ser mamá y papá, tengo tres niños brillantes en la escuela», dijo Sandra, la esposa de Alba, en declaraciones a la estación televisiva.
Alba ingresó a Estados Unidos en 2022 con el formulario migratorio I-220A y fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 4 de noviembre de 2025 en Houston, Texas, cuando acudió a una cita rutinaria de control migratorio.
Desde entonces permanece recluido en el centro de detención IAH, en Livingston, Texas, una instalación federal que detenidos cubanos han descrito como un lugar con hacinamiento, calor sofocante y deficiencias de higiene.
«Estoy aquí en Texas Livingston, en una cárcel federal con malas condiciones. Hasta el día de hoy llevo más de un año en prisión», declaró el propio Alba desde el centro de detención.
Un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo pese a que no registra antecedentes penales y cuenta con el respaldo de su familia.
Su esposa, también doctora, asume sola la crianza de sus tres hijos menores de edad, uno de los cuales es residente legal en el país.
Durante la entrevista, el hijo mayor del médico le envió un mensaje de texto preguntando por su padre, evidenciando el peso emocional de una separación que ya supera los 12 meses.
Alba resumió su situación con una frase que condensa el drama de cientos de familias cubanas en el mismo limbo: «Soy un padre de familia. Me estoy superando».
Antes de emigrar, Alba participó en una misión médica cubana en Brasil —parte del programa Mais Médicos— y la abandonó voluntariamente, decisión que le acarreó sanciones dentro del sistema de salud pública de Cuba y le impidió volver a ejercer en la isla. Tras llegar a Estados Unidos, trabajaba como asistente médico en una clínica en Houston.
La defensa legal del médico presentó el 20 de octubre pasado una petición de hábeas corpus ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito (caso Alba Rosario v. Sanchez, No. 26-40653), con el objetivo de frenar su deportación y obtener su liberación. Al cierre de esta edición, el tribunal no había emitido una resolución final.
El panorama legal es especialmente adverso: apenas tres días después de presentada esa petición, el Quinto Circuito en pleno resolvió —con 10 votos contra siete— que ciertos inmigrantes bajo detención obligatoria no tienen derecho constitucional automático a una audiencia individual de fianza, una decisión que afecta directamente a cubanos detenidos en Texas, Luisiana y Misisipi.
«Ese circuito, desafortunadamente, no le garantiza que no lo van a remover del país», advirtió uno de los abogados del caso.
Otros médicos cubanos con I-220A han enfrentado detenciones similares, entre ellos el doctor José Enrique Batista Méndez, arrestado en San Antonio en junio de 2025, y Álvaro Zapata Inza, también desertor de una misión en Brasil, detenido ese mismo mes en el sur de Texas.
El I-220A es un formulario de liberación bajo supervisión que ICE utilizó masivamente para dejar en libertad a migrantes mientras avanzaban sus procesos, pero que la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que no equivale al parole humanitario requerido por la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente, bloqueando esa vía para miles de cubanos que llegaron entre 2021 y 2023.
Un análisis reciente sobre qué está pasando realmente con los cubanos con I-220A en los tribunales describe un escenario de creciente incertidumbre legal.
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