La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida (BOG) votará este viernes una propuesta para permitir que ciertos estudiantes indocumentados ingresen a las 12 universidades públicas del estado, apenas dos meses después de haberles cerrado esa puerta por unanimidad, según informó WLRN.
La reunión se celebrará en el campus Modesto A. Maidique de Florida International University (FIU), en Miami, y la excepción que se debatirá es concreta y limitada: beneficiaría únicamente a quienes ya estuvieran matriculados en alguno de los 28 colleges del Florida College System antes del semestre de primavera de 2027.
El motivo de fondo es un conflicto legal que el propio BOG generó en septiembre al prohibir la matrícula de personas «presentes ilegalmente» en las universidades públicas a partir del año académico 2027-2028.
Esa norma choca con el Acuerdo Estatal de Articulación —conocido como programa 2+2 y vigente desde 1971—, que garantiza por ley estatal a los graduados de los colleges públicos la admisión a una universidad pública y la transferencia de 60 créditos hacia una licenciatura.
La excepción propuesta no deroga la prohibición general: solo busca resolver esa contradicción jurídica para quienes ya iniciaron esa ruta académica antes de la fecha límite.
Si el BOG aprueba la propuesta este viernes, el cambio deberá pasar por un período de comentarios públicos de 14 días antes de su aprobación definitiva.
Para muchos jóvenes cubanos que estudian en Miami Dade College (MDC) —uno de los 28 centros del Florida College System, con casi 96,000 estudiantes de crédito en el último año académico— la noticia tiene implicaciones directas pero inciertas.
Gran parte de ellos se encuentra en situación migratoria irregular: con I-220A, parole vencido o solicitud de asilo pendiente. Sin embargo, las categorías migratorias concretas que quedarían amparadas por la excepción no han sido especificadas por el BOG, por lo que la elegibilidad de cubanos con I-220A está por aclarar.
El debate político en torno a la medida es intenso. El teniente gobernador Jay Collins defendió el veto original con contundencia: «Las universidades públicas de Florida son para estudiantes que están aquí legalmente. Punto. Los contribuyentes de Florida no deberían tener que subsidiar oportunidades para personas que violaron nuestras leyes para venir aquí».
El comisionado de Educación Henry Mack fue igual de directo en su momento: «Los contribuyentes construyeron estos campus. No son un premio por la presencia ilegal».
En el extremo opuesto, la exrepresentante demócrata Anna Eskamani celebró la posible excepción, aunque exigió ir mucho más lejos.
«Señalamos muchas veces como miembros de la Legislatura que esto nunca fue una directriz de nuestro cuerpo, y que la Junta de Gobernadores y la Junta de Educación actuaron muy por encima de su jurisdicción al crear nuevas políticas dirigidas contra estudiantes inmigrantes. No me sorprende que estén creando esta excepción porque ignoraron la ley estatal», declaró Eskamani a la agencia News Service of Florida.
Eskamani, que aspira a la alcaldía de Orlando en 2027, también pidió al gobernador electo Byron Donalds —quien ganó las elecciones del 3 de noviembre y asumirá en enero— que ordene derogar la norma por completo. Donalds no ha anunciado su posición al respecto.
«En definitiva, tanto el BOG como la Junta de Educación deberían derogar completamente las nuevas normas y permitir que todos los estudiantes, independientemente de su historia de origen, asistan a una universidad o college público al que hayan sido admitidos», concluyó Eskamani.
Durante la sesión legislativa de 2026, los proyectos SB 1052 y HB 721 para bloquear a indocumentados en la educación superior no prosperaron en la Legislatura, lo que llevó al BOG a actuar por vía reglamentaria.
Florida se convirtió así en el cuarto estado —tras Alabama, Georgia y Carolina del Sur— en restringir el acceso de indocumentados a la educación superior pública, en un contexto en que Miami-Dade ha perdido drásticamente estudiantes inmigrantes: de unos 22,000 nuevos alumnos nacidos en el extranjero por año a apenas 3,000.
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