A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo presentó su programa electoral «La Reconstrucción Nacional», un documento de 82 páginas con 249 medidas que transformaría las condiciones de residencia y acceso a la nacionalidad para los más de 287,000 cubanos empadronados en España.
El bloque migratorio, analizado por el portal especializado Infomigrante, toca cuatro áreas que afectan directamente a la comunidad cubana: el arraigo, la renovación de residencia, la nacionalidad y la Ley de Nietos. Son propuestas electorales, no normas vigentes, y su aplicación dependería de que el PP forme gobierno y las reformas superen el filtro constitucional y europeo.
Arraigo «excepcional»
El punto 42 del programa establece que prohibirán «por ley las regularizaciones masivas e indiscriminadas y el arraigo será excepcional», redefiniéndolo como «un reconocimiento individual excepcional, no una vía generalizada de regularización».
El Ministerio de Inclusión señaló, en junio de 2026, que el arraigo familiar representaba el 45 % de las autorizaciones vigentes y el sociolaboral el 33 %. No se presenta un desglose específico para cubanos.
El programa no especifica qué modalidades eliminaría o mantendría, no fija nuevos plazos y no aclara qué ocurriría con los expedientes ya presentados. Tampoco dice expresamente que vaya a revocar autorizaciones ya concedidas.
El punto 98 añade que determinadas ayudas darían prioridad a quienes acrediten un «arraigo real, duradero y verificable» —empadronamiento, cotizaciones, tiempo de residencia—, sin basarse «exclusivamente en la nacionalidad».
Renovar la residencia y visados por puntos
El punto 43 del programa del PP propone que los extranjeros que quieran renovar su residencia temporal bajo el régimen general deban firmar un compromiso de integración, que incluiría aprender español, conocer la Constitución y los valores de la Unión Europea y, cuando corresponda, recibir formación para el empleo.
Su cumplimiento tendría que acreditarse para renovar el permiso. La medida no se plantea para todos los extranjeros residentes en España, sino específicamente para quienes renueven autorizaciones de residencia temporal del régimen general.
El programa también propone implantar visados por puntos y cupos anuales para regular la entrada de trabajadores extranjeros en España. Serían revisados según el desempleo, los puestos sin cubrir y la capacidad de los servicios públicos, con dos vías: contrato firmado en origen o visado temporal para buscar empleo en España.
Una nacionalidad más exigente
Los puntos 140 a 143 anuncian una nueva Ley de Nacionalidad. El objetivo es que responda a «un vínculo efectivo con España» y no sea «una consecuencia casi automática del paso del tiempo». Feijóo resumió en julio: «El pasaporte hay que merecerlo».
Los requisitos reforzados incluirían residencia legal y continuada, conocimiento del español y las instituciones, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de obligaciones tributarias.
El programa no fija nuevos plazos de residencia y mantiene un «tratamiento preferente para los países de la Hispanidad». También propone regular la pérdida de nacionalidad para españoles no de origen con condena firme por delitos graves, evitando la apatridia.
La Ley de Nietos: la mayor incertidumbre
El punto más sensible para los cubanos es la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que el PP quiere sustituir por una Ley de Concordia. La «Ley de Nietos» es la disposición adicional octava de esa norma.
El Consulado de España en La Habana acumulaba más de 137,700 expedientes pendientes a mediados de 2026, y se estima que entre 300,000 y 350,000 cubanos iniciaron trámites desde octubre de 2022.
Si el PP derogara la ley, el destino de esos expedientes dependería de las disposiciones transitorias de la nueva norma: no se cancelarían automáticamente, pero la incertidumbre jurídica es real. El programa no especifica qué ocurriría con los trámites en curso. Para quienes ya tienen la nacionalidad concedida, no hay ninguna propuesta de revocación.
El Tribunal Supremo rechazó el 9 de noviembre extender a los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la Ley de Nietos la suspensión cautelar de sus derechos electorales. Sin embargo, el 11 de noviembre admitió a trámite un recurso de reposición presentado por Iustitia Europa contra esa decisión y concedió plazo hasta el 15 de noviembre para presentar alegaciones.
La controversia afecta potencialmente a un colectivo de 189,678 personas inscritas como españolas mediante el Anexo III, entre ellas descendientes de beneficiarios de la legislación de 2007. Sin embargo, se desconoce cuántas figuran en el censo electoral exterior y podrían verse afectadas por la suspensión del voto.
Los sondeos sitúan al PP como favorito para las elecciones del 29 de noviembre. El seguimiento electoral de 40dB. publicado el 13 de noviembre por EL PAÍS y la Cadena SER estima que el PP y Vox sumarían 190 escaños, 14 por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
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