El comisionado de Miami Beach, David Suárez, presentó una resolución para eliminar miles de dólares en asignaciones anuales de vehículo, celular y gastos generales que perciben el alcalde y los comisionados, con el argumento de que los políticos deben ser los primeros en ajustarse el cinturón ante el impacto fiscal que traerá la Enmienda 3 sobre el impuesto a la propiedad.
La iniciativa ya figuraba en las agendas municipales desde 2025, pero ahora cobra especial relevancia tras ser aprobada la Enmienda 3 en las elecciones del pasado 3 de noviembre.
La propuesta aún debe votarse en la sesión de la Comisión Municipal del próximo 18 de noviembre. Calcula un ahorro de aproximadamente 500,000 dólares al año y busca compensar parte de las pérdidas de ingresos que proyecta un estudio estatal: más de 11 millones de dólares en 2027 y más de 22 millones en 2028 para las arcas de Miami Beach.
Los registros municipales revelan una brecha llamativa entre los salarios base y los beneficios complementarios de los cargos electos de la ciudad. Los comisionados cobran 6,000 dólares anuales y el alcalde algo menos de 10,000, pero sobre esas cifras se suman asignaciones de hasta 2,600 dólares para gastos de celular, hasta 9,500 para vehículo.
También reciben otra asignación, denominada subsidio para alcaldes y comisiones, que puede alcanzar hasta 42,000 dólares anuales.
Suárez, quien afirma no haber cobrado nunca salario ni estipendio municipal, cuestiona además que esas asignaciones globales carezcan de mecanismos de control sobre cómo se gasta el dinero público. Por eso propone sustituirlas por un sistema de reembolso contra recibos para gastos oficiales verificables, y reformar también el régimen de pensiones, que actualmente permite consolidar el derecho tras un solo mandato.
«Antes de pedir sacrificios y recortes presupuestarios a los servicios de limpieza y parques, tenemos que dar ejemplo», declaró el comisionado. «Somos cargos electos a tiempo parcial. Se supone que esto no debe ser nuestra posición a tiempo completo».
La iniciativa contrasta con la postura del alcalde Steven Meiner, quien respondió con una declaración en la que defiende la salud financiera de la ciudad.
«Miami Beach se preparó para la Enmienda 3 y estamos en una posición financiera sólida. Bajamos nuestra tasa impositiva por segundo año consecutivo, nuestras reservas son las más altas en la historia de la ciudad y nuestra calificación crediticia fue mejorada recientemente», afirmó.
Meiner también recordó que él mismo fue el único voto en contra cuando la comisión aprobó en marzo de 2024, por seis votos a uno, un paquete de aumentos de estipendios que incluía ajuste por inflación, incremento de las asignaciones de vehículo y celular, y pagos retroactivos. En febrero de 2023, siendo vicealcalde, también se opuso a una reforma de pensiones que habría beneficiado a los propios comisionados.
La reacción de los residentes ante las cifras fue dividida. «Es una cantidad de dinero muy grande al mes, al año, para darle a alguien que hace algo que es un deber cívico», opinó la vecina Lisa Aurora Sacco. Otro residente, Chaz Lord, consideró que los estipendios son una compensación razonable por los gastos que implica el cargo.
Miami Beach no es la única ciudad del sur de Florida que busca fórmulas para cuadrar sus cuentas tras la aprobación de la Enmienda 3 el 3 de noviembre con el 62% de los votos.
Hialeah estudia recortes salariales de hasta el 20% para empleados no sindicalizados, aunque su portavoz aclaró que aún no hay una decisión definitiva. Analistas advierten además que si los municipios reducen sus servicios de bomberos para ahorrar, las calificaciones de protección contra incendios podrían empeorar y encarecer los seguros de vivienda de los propietarios que ya esperan beneficiarse de la rebaja fiscal.
Para el propietario medio de Miami-Dade con exención homestead, el ahorro estimado ronda los 1,700 dólares en 2027 y los 2,700 en 2028, aunque ese alivio no se reflejará en las facturas hasta noviembre del año próximo.
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