Residentes de la avenida Los Pinos, entre las calles E y 11 del reparto Jiménez, en Santiago de Cuba, lograron esta madrugada frustrar el robo de acometidas eléctricas que abastecían de electricidad a varias viviendas del sector.
La noticia fue divulgada por Yaneydis Hechavarría, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba, quien destacó la actuación coordinada de los vecinos, la delegada de la circunscripción 33 —identificada como Isabel— y la Empresa Eléctrica.
«La intervención de los residentes, junto a las gestiones de Isabel, delegada de la circunscripción 33, y la rápida respuesta de la Empresa Eléctrica, permitió recuperar los cables y restablecer el servicio eléctrico en las viviendas afectadas», señaló Hechavarría.
Gracias a esa respuesta conjunta, los cables fueron recuperados y el suministro eléctrico quedó restablecido en las casas que habían quedado sin servicio tras el intento de sustracción.
El episodio se produce en un contexto de vigilancia vecinal organizada en Santiago de Cuba desde finales de octubre, cuando las autoridades municipales impulsaron el movimiento «Mi Barrio por la Patria», que promueve rondas nocturnas para proteger instalaciones públicas ante la escalada de robos contra la infraestructura eléctrica.
La avenida Los Pinos no es ajena a este tipo de delitos: en junio de este año, ladrones sustrajeron cables de alimentación, conductores y breakers de la radiobase homónima de ETECSA, dejándola fuera de servicio. En agosto, un robo de cables dejó sin electricidad durante cinco días a varios edificios del sector Micro 7 de la misma ciudad.
El problema desborda a Santiago de Cuba. Apenas dos días antes, la Policía Nacional Revolucionaria detuvo a un hombre en Songo-La Maya vinculado a varios robos de aceite dieléctrico de transformadores, en cuya vivienda se hallaron equipos sustraídos.
A escala nacional, la Fiscalía General reportó más de 460 investigaciones penales abiertas contra el sistema eléctrico entre 2025 y el primer semestre de 2026, con presencia del delito en las 15 provincias y 97 municipios del país.
El marco legal vigente es severo. El Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular califica como sabotaje la sustracción o daño a componentes del sistema electroenergético, con penas de entre siete y 30 años de prisión, y posibilidad de cadena perpetua en casos agravados.
Las condenas recientes ilustran su aplicación: en noviembre, cuatro hombres recibieron entre 15 y 20 años de cárcel por robar aceite de un transformador en La Habana, y otros tres fueron sentenciados a penas de entre ocho y 15 años por delitos similares en Matanzas.
«Todo lo que tenga que ver con daño que altera el normal funcionamiento de una planta en tema eléctrico es de primera necesidad para el país y por eso cae dentro de los delitos de sabotaje», advirtió la jueza que presidió uno de esos juicios en La Habana.
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