La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) detuvieron a un hombre en el poblado El Socorro, municipio Songo-La Maya, provincia Santiago de Cuba, vinculado a varios robos de aceite dieléctrico de transformadores en distintos barrios de la zona.
La información fue difundida primero por la cuenta de Facebook «Héroes del Moncada», perfil asociado públicamente al MININT que habitualmente publica operaciones policiales en Santiago de Cuba, y luego compartida por el Consejo de la Administración Municipal de Songo-La Maya.
Al registrar la vivienda del detenido, las autoridades hallaron transformadores robados en varios barrios del municipio, lo que apunta a una actividad sostenida y no a un hecho aislado.
El comunicado oficial advirtió que «la extracción del aceite dieléctrico de los transformadores no solo daña un equipo, sino que también afecta el servicio eléctrico de la población», e instó a los vecinos a denunciar estos hechos como forma de prevenir daños mayores.
Songo-La Maya acumula antecedentes graves en este tipo de delito. En abril de este año, dos hombres murieron o resultaron heridos al intentar extraer aceite de un banco de transformadores en Altos de Esperanza: la maniobra provocó una explosión que disparó la línea de 33 kV que abastece al municipio y a Segundo Frente, dejando a uno muerto y al otro con quemaduras graves.
Las autoridades recuperaron 70 litros de aceite a unos 100 metros del lugar. Semanas después, vecinos de Baltony, en el mismo municipio, reportaron más de dos semanas sin electricidad por robos similares.
Según datos de las autoridades cubanas sobre investigaciones penales por delitos contra el sistema eléctrico, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales, más de 300 de ellas por sustracción de aceite dieléctrico, con presencia del delito en las 15 provincias y 97 municipios del país.
El motor del robo es la escasez de combustible: el aceite sustraído se mezcla con diésel y se revende en el mercado informal para uso en vehículos y maquinaria agrícola.
El marco legal que rige estos casos es el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, que ordena calificar como sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional cualquier acto que afecte su funcionamiento, incluida la sustracción de aceite dieléctrico.
Las penas oscilan entre siete y 30 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua o pena de muerte en casos agravados.
Las condenas recientes ilustran la severidad de esa política. En La Habana, cuatro hombres recibieron entre 15 y 20 años de cárcel por robar aceite de un transformador en el Complejo Lácteo del Cotorro, hecho que dejó de empacar cinco toneladas de leche en polvo destinada a niños de cero a dos años.
Una jueza del caso habanero resumió el criterio judicial aplicado: «Todo lo que tenga que ver con daño, que altera el normal funcionamiento de una planta en tema eléctrico, es de primera necesidad para el país y por eso cae dentro de los delitos de sabotaje».
En Matanzas, tres hombres fueron sancionados a 15, 14 y ocho años por robos en Jagüey Grande calificados también como sabotaje; uno de ellos tenía 18 años al momento de los hechos.
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