La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus anunció este viernes la instalación de un sistema de videovigilancia en el Parque Solar Fotovoltaico Cabaiguán, una medida que evidencia la preocupación por los robos contra instalaciones de energía renovable.
El proyecto incluye cámaras de alta resolución, equipos de grabación y una plataforma de monitoreo centralizado para supervisar en tiempo real los equipos y las áreas críticas del parque, precisó la entidad a través de su perfil en Facebook.
La presentación se realizó en las propias instalaciones, con la participación de especialistas de la empresa eléctrica provincial, trabajadores del parque y técnicos de ATI Santa Clara, entidad encargada del suministro y la ejecución de la solución tecnológica.
De acuerdo con el periódico provincial Escambray, los trabajadores han consolidado una "cultura tecnológica certificada", alineada con los estándares de generación de energía renovable.
Inaugurado en septiembre de 2025, el parque tiene una potencia de 21,87 MW y es el primero de varias instalaciones solares previstas para Sancti Spíritus dentro del programa nacional de energías renovables.
La instalación de cámaras se suma a otras medidas adoptadas en el país ante el aumento de los robos contra infraestructuras fotovoltaicas. Entre 2025 y mediados de 2026, la Fiscalía General admitió más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional.
En Guantánamo, las autoridades recuperaron en octubre cerca de 50 paneles solares robados del parque Santa Teresa cuatro, encontrados en una vivienda particular. Entre los detenidos había trabajadores de la propia instalación.
En Granma, dos hombres fueron arrestados por sustraer 20 vigas metálicas de un parque fotovoltaico y enfrentan cargos de sabotaje.
Las sanciones también han alcanzado penas de prisión prolongadas. En Pinar del Río, un hombre recibió 12 años de cárcel por robar tornillos de un parque solar.
Por su parte, en Ciego de Ávila, dos personas fueron condenadas en marzo a nueve y siete años por sustraer unos 50,000 tornillos destinados al montaje de paneles, un robo que ocasionó pérdidas superiores a 620,000 pesos.
En mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular emitió el Dictamen 475, que reclasificó estos delitos como sabotaje y estableció penas de entre siete y 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte para los casos más graves. Sin embargo, las investigaciones y condenas no han impedido que continúen las sustracciones.
A las sanciones se han sumado otras medidas de protección, como el marcaje químico invisible en Las Tunas y las trampas químicas en subestaciones de La Habana.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha atribuido públicamente parte de los cortes eléctricos al robo de componentes del sistema. Esa explicación se produce en medio de una crisis energética en la que los apagones han superado las 20 horas diarias en varias provincias.
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