Cada noche, cientos de personas se congregan en una calle de Centro Habana frente al comedor de la Asociación Quisicuaba, y algunas llegan a dormir en la acera para asegurarse un lugar en la fila.
Cuando las puertas abren a las siete de la mañana, voluntarios distribuyen porciones de arroz, huevos y pasta —a veces con un poco de pollo— y botellas de leche con chocolate. Para muchos de los que esperan, esa es su única comida del día.
Entre quienes hacen fila no predominan las personas sin hogar. Son jubilados, maestros, médicos retirados, madres solteras y trabajadores con empleo activo cuyos salarios ya no alcanzan para alimentarse, según el reportaje de la agencia Associated Press publicado este viernes.
Fernando Fernández, de 71 años, es uno de ellos. Ex cocinero y guardia de seguridad, acude al comedor con regularidad y a veces llega el día anterior para asegurar su turno. «La estamos pasando muy mal. Tengo que llegar de madrugada. A veces hasta tengo que hacer fila el día antes», declaró a la AP. Su esposa Josefa, de 80 años, ya no puede acompañarlo por enfermedad. Juntos sobreviven con la pensión mensual de ella: 3,200 pesos cubanos, poco más de tres dólares.
Marelys Ponce, madre soltera de 34 años con cinco hijos, comenzó a acudir al comedor hace poco más de un mes. «Empecé a venir porque la situación está mala y no tengo con qué darles de comer», explicó al medio mientras esperaba en la fila con dos de sus hijos. Los otros tres reciben almuerzo en la escuela.
La Asociación Espiritista Kardeciana Cruzada Quisicuaba, fundada el 12 de octubre de 1939 en el barrio habanero de Los Sitios, desarrolla una amplia labor sociocultural y asistencial. Sus proyectos han recibido apoyo de organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, así como de organizaciones europeas de cooperación y solidaridad.
Esta asociación tiene identificadas unas 12,500 personas vulnerables solo en La Habana. Su presidente, el médico Enrique Alemán, describió lo que ocurre como «una nueva dimensión de la vulnerabilidad»: «No vemos aquí personas analfabetas ni otras formas de marginación, sino personas que son producto de la sociedad cubana enfrentando circunstancias particularmente vulnerables».
El colapso de la libreta de abastecimiento es parte del telón de fondo de esta crisis. El régimen cubano destinaba unos 2,000 millones de dólares anuales a importar alimentos para sostener la canasta racionada, pero hoy las bodegas estatales apenas entregan unos pocos productos, como arroz y azúcar, de baja calidad, y con grandes retrasos o intermitencias.
Los precios en los mercados privados hacen imposible la alimentación para quienes dependen de ingresos estatales: un cartón de huevos puede superar los 3,000 pesos —prácticamente una pensión mensual entera—, y una botella de aceite cuesta más de 2,700 pesos. La inflación alcanzó el 28% interanual en septiembre de 2026, con los alimentos y bebidas subiendo un 42,66%.
El propio gobierno ha reconocido la magnitud del problema. El ministro de Trabajo, Jesús Otamendiz Campos, informó a comienzos de noviembre que 883,000 personas fueron clasificadas como «en mayor situación de vulnerabilidad» tras visitar más de 1,3 millones de familias. El presidente Díaz-Canel admitió públicamente que los cubanos esperan «menos apagones y más alimentos».
La respuesta del régimen ha sido sustituir los subsidios universales por ayudas focalizadas: el primer ministro Manuel Marrero anunció en octubre una asignación mensual de cinco libras de arroz, una libra de azúcar y una libra de granos para las personas en mayor vulnerabilidad, inicialmente hasta enero de 2027.
Pocos días antes de la publicación del reportaje de AP, la Policía Nacional Revolucionaria realizó un operativo de «saneamiento» en Centro Habana —las mismas calles donde opera Quisicuaba— retirando a personas sin hogar y trasladándolas a «lugares de atención» no identificados.
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